Congreso dividido frente a ampliación de Justicia y Paz

EL GOBIERNO tendrá que emplearse a fondo para explicar los motivos que tiene para solicitar al Congreso la ampliación de la vigencia de la Ley de Justicia y Paz, sobre la cual se edificó el proceso de desmovilización de la mayoría de los grupos paramilitares.

De no ser así, difícilmente la iniciativa avanzaría en Comisión Primera de Cámara y en la plenaria del Senado, en donde en este momento hace estación en su trámite legislativo.

El Gobierno es consciente que es necesario dar un empujón para que la iniciativa salga de su estado de somnolencia. Muestra de ello es que el pasado martes, el alto Comisionado para la Paz, Frank Pearl, en compañía del presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Eduardo Pizarro, hicieron una petición formal a todos los congresistas para que de manera urgente aprueben este proyecto que pretende resolver el limbo jurídico en el que se encuentran cerca de 25 mil intrigantes de los grupos paramilitares que se desmovilizaron después del 25 de julio de 2005, cuando entró en vigencia la Ley de Justicia y Paz, y que por ende no se hacen acreedores a los beneficios de esta normativa.

“Se sancionó en esa fecha porque en ese momento se pensó que los acuerdos con los miembros de las autodefensas iban a estar cristalizados hoy, pero durante el año siguiente entre julio de 2005 y junio de 2006 se desmovilizaron 25 frentes y cerca de 25.000 miembros de los grupos paramilitares”, afirmó el Comisionado.

Mientras que Pearl y Pizarro hacían esta petición al Congreso, paradójicamente este proyecto figuraba en el lugar 32 del orden del día de la plenaria del Senado, el último.

Sin embargo para que este proyecto sea tramitado por el actual Congreso, no bastan los llamados del Gobierno y la buena intención de algunos congresistas para sacarlo adelante, pues también está de por medio que se agota el tiempo para que finalice el período del actual Parlamento, el próximo 16 de junio. En ese caso correspondería al nuevo Legislativo que se posesional 20 de julio venidero, definir si aprueba o archiva esta iniciativa.

Comisión Primera de Cámara

Preguntamos sobre el futuro de esta iniciativa a algunos de los actuales integrantes de la Comisión Primera de Cámara, que fueron reelegidos en los pasados comicios de marzo, y que seguramente estarán en la misma Comisión del nuevo Parlamento.

“A mí me parece que la Ley de Justicia y Paz es un fracaso, yo pensaría que hay que revisarla de fondo, no solamente ampliarla”, señaló el representante liberal Guillermo Rivera.

En tanto que el representante del Polo, Germán Navas, dijo que en su caso personal ese proyecto “hay que revisarlo con lupa porque nunca creí en los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, sólo trajo impunidad. Vamos a ver qué fórmula trae porque a mí no me ha convencido, me opuse la primera vez, pero si las cosas no han cambiado me tocará oponerme por segunda vez”.

A su turno el representante conservador Telésforo Pedraza dijo que todos somos amigos de la paz pero “no se puede ampliar, por lo menos desde mi punto de vista, hasta que haya realmente una explicación muy detallada de lo que han sido los resultados de ese proceso”. En ese sentido dijo que Justicia y Paz, en lo que tiene que ver con reparación, deja mucho que desear.

Plenaria de Senado

El senador conservador Eduardo Enríquez consideró a título personal que no habría inconveniente para que el Senado apruebe esta iniciativa gubernamental, incluso consideró que hay tiempo para que el actual Congreso la tramite: “Si hay voluntad, no tendríamos ningún problema se puede tramitar perfectamente, y si bien los términos son angustiosos, si hay voluntad política se puede tramitar”.

El senador nariñense replicó a quienes señalan que no tiene presentación ampliar la vigencia de Justicia y Paz cuando después de cinco años de aplicación no se ha producido la primera condena. “Precisamente porque no se han logrado los objetivos que se persiguen con la norma es necesario su prórroga, y si hay que hacer algún ajuste, pues el Congreso debe proceder al respecto”.


En sentido contrario se mostró el senador liberal Juan Fernando Cristo, al señalar que no ve ambiente positivo en Senado para el trámite de esta iniciativa. “Me parece que el Gobierno no ha explicado desde hace un año para qué quiere prorrogar la Ley de Justicia y Paz. Hasta el momento no han aplicado la ley, no hay sentencias, no hay reparación a las víctimas”.

¿Bloqueo a Justicia y Paz?

El presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Eduardo Pizarro, le dijo a EL NUEVO SIGLO que “a mí me preocupa mucho que haya en algunos sectores parlamentarios la negativa a extender los beneficios para cortarle fuerza a los procesos de Justicia y Paz”, e hizo un llamado al Parlamento: “Ese vacío legal está empujando a muchos de los desmovilizados a la vida criminal” por temor a que no van a ser beneficiados con la norma y, en consecuencia sean judicializados por la ley ordinaria.