Tutelitis de desplazados es causada por trabas a reparación por vía judicial

LAS DIFICULTADES que presenta la vía judicial ha llevado a las víctimas del desplazamiento y el conflicto interno a buscar ser reparadas por la vía administrativa por medio del recurso de la tutela, lo que explicaría la avalancha de las mismas. Sin embargo esta posibilidad fue suspendida ayer de forma temporal por la Corte Constitucional al considerar que hay diferentes posiciones jurídicas que han adoptado los jueces y magistrados para fallar, por lo que es necesario establecer un solo criterio a seguir.

La vía judicial casi no funciona, señaló Marcos Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes). “Es supremamente lenta, la vía judicial depende de que un determinado juez condene, ya sea por la justicia ordinaria o por la jurisdicción de justicia y paz a un victimario, y que en esa condena se ordene la devolución o la restitución de bienes y tierras que fueron usurpados. Como en las audiencias de Justicia y Paz hasta ahora no se ha producido ninguna condena en firme, entonces se puede decir que no hay reparación de ninguna hectárea de tierras a ninguna familia desplazada a través de esa vía, hasta el momento. Entonces cuando la vía judicial es muy lenta, lo que muchos hemos pedido es que se aplique la vía administrativa, pero la reparación administrativa el Gobierno la ha planteado simplemente como entregar subsidios y pequeñas indemnizaciones”, dijo.

Ayer, atendiendo la disposición de la Corte Constitucional, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social) suspendió todos los pagos a población desplazada ordenados por los jueces de tutela, para reparar e indemnizar por los perjuicios causados a las víctimas de este flagelo.

Acción Social señaló que actualmente en el país cursan 3.600 acciones de tutela que reclaman indemnizaciones para desplazados, como reparación por los daños que los violentos les causaron. Añade la entidad “que de esas acciones de tutela, los jueces y magistrados de tribunales del país han fallado 2.000 a favor de Acción Social, mientras que otras 1.200 fueron falladas en contra; la entidad las apeló y están para pronunciamiento de la justicia. Actualmente, 12 fallos están en firme y obligaban a pagar a Acción Social en los próximos días, la suma de 1.200 millones de pesos”.

El director de Acción Social, Diego Andrés Molano, señaló que por considerar que la reparación no se debe mercantilizar o monetizar, la entidad a su cargo insiste en una reparación integral, “que incluya el reconocimiento de la oferta del Estado como medida de satisfacción, el derecho a la restitución y la indemnización de las víctimas y avances en su rehabilitación, todo esto enmarcado en las garantías de no repetición”:

Agregó que el Gobierno continuará prestando los servicios y ofertas que existen para población desplazada como ayuda humanitaria, salud, educación y generación de ingresos. “Existe una oferta con un presupuesto de 1.5 billones que seguirá operando”, puntualizó.

Discusión no es sobre victimario: Codhes

Como positivo calificó Romero la decisión de la Corte de suspender los pagos por reparación administrativa a población desplazada ordenados por los jueces de tutela.

Al respecto señaló que “lo que hemos visto es que la respuesta es muy desigual y lo que la Corte anunció es una especie de estandarización de los criterios que deben seguir los jueces en todo el país para responder esas tutelas. Entonces, nos parece que es una buena decisión, hemos visto casos en que se ordena una indemnización de muy bajo costo y otra en que es cuantiosa para personas en condiciones similares”.

También dijo que aparte de que el Codhes espera que la sentencia de unificación que emita el alto Tribunal establezca las reglas por las cuales los jueces pueden dictar las indemnizaciones, además haga claridad en cuanto a que la indemnización es para todas las víctimas independiente de cuál sea el victimario.

“A mí me sorprendió que según el director de Acción Social, 2 mil de esas tutelas se negaron con el argumento que Acción Social no era el responsable de causar el desplazamiento, y la reparación administrativa nunca se hace sobre la base de determinar que es el Estado el que causa el desplazamiento, sino que es el Estado el responsable de proteger a la población. No se necesita determinar quién fue el victimario para hacer reparación administrativa”, señaló el investigador Romero.
Explicó que la reparación previa del victimario es propia de la administración por la vía judicial y no de la administrativa.

El reto para el Estado es que si no puede garantizar la reparación por la vía judicial o ésta es muy lenta se haga por la vía administrativa, indicó el investigador. “El argumento de los recursos el Gobierno no lo ha sustentado técnicamente. Cuando se examinan las posibilidades fiscales de la reparación encontramos que se puede afectar el fondo de regalías, que se pueden destinar recursos como el 4 por mil, que se estableció justamente para subsidiar al sector financiero, que se pueden establecer medidas como tomar una parte del impuesto al patrimonio, que va a producir unos 12 billones de pesos en los próximos años. Es decir, recursos hay en Colombia, falta voluntad política, el problema es que los subsidios casi siempre se entregan a los poderosos: vimos que dinero había para Agro Ingreso Seguro, dinero hay para subsidiar a los productores de etanol para sostener un precio artificial, dinero hay para entregarle a los bancos con el 4 por mil. Entonces realmente lo que nosotros pedimos es que el Estado tome la decisión firme y rechazamos el argumento del Gobierno de que los recursos son escasos”.

Estatuto de víctimas

El año anterior el Gobierno, a través de su bancada afecta, hundió el proyecto de ley de víctimas por medio de la cual el Estado quedaba comprometido a reparar a los afectados por la violencia.

En esa oportunidad, el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, aseguró que de haber sido aprobada la norma habría creado un “trauma irreparable a las finanzas del Estado”. Según el Gobierno el costo de la reparación ascendía a 75 billones de pesos.

Para el investigador Romero es importante promover una ley de víctimas porque en su ausencia, los afectados seguirán acudiendo a la vía judicial y “nos vamos a ir por vía de tutela, por jurisdicción ordinaria, por Justicia y Paz, incluso por vía internacional. Un estatuto de víctimas puede mirar más estructuralmente el problema, y en vez de cientos de soluciones individuales, que probablemente no conduzcan a darle un nuevo modelo de inserción en la economía a estas personas, se podría apelar a un modelo más racional que piense, por ejemplo, qué lugar van a tener los desplazados en un estatuto agrario y en una economía agraria o qué lugar van a atener en las ciudades. La situación de hoy es inaceptable, ellos viven en unas condiciones de precariedad y marginalidad en las ciudades”.