DOS SEMANAS después de que el Gobierno anunciara que presentaría una reforma a la Justicia concertada con las altas Cortes, la controversia por alguno de los temas que desarrolla, no para.A pesar de que el asunto de la elección del Fiscal General parecía superado, el ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas, prendió el debate hace un par de días cuando se mostró partidario de incluir en dicha reforma, la supresión de la facultad de las Cortes para elegir o intervenir en elecciones de altos funcionarios como el mismo Fiscal, Contralor y Procurador.
El primero en reaccionar a esta propuesta fue el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, quien, aunque dijo que el alto Tribunal estaría dispuesto a debatir cualquier propuesta presentada por el Gobierno, defendió las facultades nominadoras de las altas Cortes.
“Cada Rama colabora con otras funciones que tienen las otras, así lo estableció la Constitución. Cada Corte debe cumplir con su tarea, pero también debe colaborar en otras tareas administrativas”, aseguró Arrubla.
“En ningún sistema sucede esto, ya que por ejemplo usted encuentra un Congreso que hace leyes pero que también hace nombramientos, un Ejecutivo que ejecuta leyes pero dicta normas y por intermedio de sus superintendencias toma decisiones casi jurisdiccionales”, agregó el presidente del máximo Tribunal de la Justicia Penal ordinaria.
El magistrado añadió que esas propuestas no pueden tomarse a priori, y sostuvo que lo importante es jalonar la tarea del Estado de armonizar las instituciones.
En cuanto a la elección de magistrados de la misma Corte, Arrubla dijo que esa función es indispensable: “Si se refiere a magistrados de la misma Corte, son requeteesenciales, a magistrados de tribunales también”.
Sin embargo, puntualizó en que estudiarán cualquier propuesta que haga el Gobierno.
La directora de la corporación Excelencia en la Justicia, Gloría María Borrero, le manifestó a EL NUEVO SIGLO que esta propuesta es indispensable para evitar la politización de la Justicia.
“Se lo he oído al ministro. Además, esta es una de las alternativas que la comisión de expertos estudió. Y realmente esa ha sido la puerta de entrada a la politización de la Justicia. Indudablemente hay que quitar las facultades electorales de los tribunales, en todo lo que tiene que ver con contralores departamentales y también las competencias electorales de las altas Cortes. Hay que revisar todas esas competencias, ojalá para quitarlas todas. Pero hay que mirar caso por caso”, aseguró Borrero.
El ex procurador Jaime Bernal también se mostró de acuerdo con quitarles estas facultades a las altas Cortes.
“Conforme se está presentando la realidad, en donde la honorable Corte Suprema de Justicia está bloqueada para varios nombramientos, exige un cambio radical para poder buscar plena autonomía de la Justicia, evitar estos enfrentamientos, evitar la politización. Se tendría que ensayar un sistema muy diferente, como por ejemplo, un concurso de méritos para esos altos cargos, diseñado de tal manera que los participantes sean académicos y se les exija mayores requisitos a los actuales, para que hecha una lista de los que pasen el concurso, se apliquen los sistemas de cooptación”, propuso Bernal en diálogo con este Diario.
De hecho, Bernal afirmó que toda reforma judicial debe empezar por suprimir estas competencias: “Me parece que debe hacerse una reforma a fondo, y debe empezarse por cambiar el sistema de nombramientos. La realidad está demostrando que con respecto del sistema de elección del Fiscal, eso hizo crisis, porque llevamos un año en que no se ha podido nombrar al Fiscal en propiedad”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario