EL NUEVO proyecto de ley de víctimas será radicado este mañana a las 11, cuando el presidente Juan Manuel Santos lo lleve personalmente hasta la secretaría de la Cámara.
Así lo precisó en las últimas horas el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas.
En el acto”, que se realizará en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, “van a intervenir víctimas muy destacadas de la comunidad internacional, que vendrán al país para participar de este evento”, explicó Vargas. Serán unas 20 personas, víctimas de deferentes actos terroristas y de guerra, que van desde afectados por en tragedias como la caída de las torres gemelas en 2001 hasta sobrevivientes del genocidio de Ruanda en 1994.
“Lo harán también víctimas de organizaciones ilegales”, adelantó Vargas, tanto guerrilla como paramilitares, así como de agentes del Estado; también “han sido invitados los voceros más destacados de las organizaciones de víctimas”.
Iniciativa liberal
“La que fue una iniciativa del Partido Liberal hoy es una iniciativa del Gobierno y estamos muy contentos de que el Gobierno le de esta presentación nacional e internacional a la ley de víctimas”, manifestó el ex ministro Rafael Pardo, director de esa colectividad, al conocer los detalles de lo que hará hoy.
Al día siguiente de su triunfo en la segunda vuelta, EL NUEVO SIGLO le preguntó directamente a Santos sobre el interés de Pardo de darle prioridad al “reconocimiento y reparación a las víctimas”, a lo que el mandatario relató cómo ese diálogo ya iba muy adelantado: “Los equipos han venido trabajando. Se han puesto de acuerdo en la mayor parte de los puntos. Nos queda un trabajo por hacer”, afirmó, para expresar que ese mismo día les pidió acelerar el desarrollo de la iniciativa, para que “esos puntos estén dentro de este acuerdo” y “poder anunciar que Partido Liberal ingresa al gran acuerdo de unidad nacional”, lo que en efecto ocurrió.
Como se recordará, una ley de víctimas promovida por el Partido Liberal, particularmente por el senador Juan Fernando Cristo y el representante Guillermo Rivera, se hundió en la legislatura pasada por instrucciones dadas directamente desde la Casa de Nariño a la bancada del Gobierno.
Peros conservadores
En las últimas semanas el Partido Conservador ha expuesto sus reservas frente al proyecto que será radicado hoy.
“¿Qué nos preocupa a nosotros? Nos preocupa que los familiares de los terroristas de las Farc o del Eln pretendan presentarse ante el Estado colombiano a reclamar indemnizaciones por la muerte de sus familiares. En la reunión en la que participamos, se nos ofreció redactar unas cláusulas de salvaguardia, pero todavía esas cláusulas no las conocemos”, le declaró a este Diario el ex canciller Fernando Araújo, presidente del Directorio Nacional Conservador.
“El otro tema que nos preocupa es el valor fiscal de la ley de víctimas. Fíjese en que las cifras que se mencionan, se habla de unos 4 millones de víctimas, incluyendo a los desplazados. Se habla de indemnizaciones de hasta 20 millones de pesos por víctima. Si uno multiplica 20 por 4 llegamos a la cifra de 80 billones de pesos. ¿De donde vamos a sacar esa plata?”, planteó Araújo.
Sobre los reparos de los conservadores, el Pardo le dijo a este Diario que, por una parte, “es evidente que cualquier norma tiene un costo”, pero que es “el propio gobierno es el que define el tope presupuestal y el tope de tiempo en que se puede realizar la reparación”; y por otra, que “una víctima es una víctima por los hechos que sufrió y no en función de quien los ocasionó” y recordó que en la ley de Justicia y Paz se reconoce que, según citó el dirigente liberal, “la condición de víctima es independiente de la condición del victimario y por supuesto de la condena judicial del victimario”.
En todo caso, la controversia sembró un manto de duda acerca de si se trataba de preparar el camino para volver a hundir la iniciativa. “Yo creo que en la medida que el Gobierno esté comprometido, como en efecto lo está, es muy difícil que este proyecto se hunda. Yo creo que este proyecto va a salir adelante”, le aseguró a este Diario el representante Rivera.
ABC del proyecto
Definición de víctimas
Se incluye a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Es decir, a las víctimas de las guerrillas, los grupos paramilitares y los agentes del Estado, que tendrán derecho a solicitar a un Comité de Reparaciones Administrativas su reconocimiento como víctima
Tierras
El proyecto de ley intenta reconocer que los bienes de una víctima pueden haber sido afectados por despojo (apropiación ilegal), pérdida, menoscabo y despatrimonialización y por tanto, se debe reconocer el derecho a la restitución. Le corresponderá al victimario probar la legalidad de los actos jurídicos. El proyecto de restitución ya radicado en la Cámara; se acumulará al proyecto de reparación integral de las víctimas.
Cumplimiento
Se contemplan disposiciones sobre los deberes y las sanciones a los funcionarios públicos en relación con los derechos de las víctimas.
Niños y adolescentes
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho al restablecimiento de sus derechos de prestación y de protección de acuerdo con las normas especiales vigentes para ellos, incluso para las situaciones de violencia, secuestro, reclutamiento, desplazamiento forzado y atentados con minas.
También tienen derecho a que se les adelanten los trámites de reparación por vía administrativa y a un proceso judicial que sancione a los perpetradores identificados o indefinidos de los delitos de reclutamiento ilícito y desplazamiento forzado que haya afectado niños y niñas desde el 1 de enero de 1991.
El proyecto contempla la situación de niños que han abandonado las armas o que han sido desplazados forzadamente. Ellos tendrán derecho a ser reintegrados social y económicamente en sus ámbitos familiares, comunitarios y sociales.
Los niños y niñas que hayan quedado huérfanos de padre y madre o de uno solo de ellos, deberán ser notificados al ICBF para que por intermedio de un Defensor de Familia puedan reclamar los recursos que les corresponden por ser víctimas.
Los niños, niñas y adolescentes víctimas de minas antipersonales tendrán derecho a recibir de manera gratuita y permanente por parte del Estado y las Empresas Promotoras de Salud, tratamientos médicos, prótesis, órtesis y asistencia psicológica para su plena rehabilitación.
Derechos a información
Información de asesoría y apoyo. Las autoridades deberán brindar a la víctima o su representante toda la información necesaria sobre aspectos jurídicos básicos, asistenciales, terapéuticos y otros.
Comunicación
Las autoridades deberán comunicar sobre el inicio, desarrollo y terminación del proceso penal. También sobre las instancias y recursos judiciales. Los avances y principales eventos que ocurran dentro del proceso deberán ser comunicados por escrito o por medio electrónico.
Violencia sexual
Tratamiento especial en casos de violencia sexual: Se dispone de un conjunto de directrices para evitar que los prejuicios sexuales y de género lleven a suponer que la víctima propició o aceptó la violencia sexual.
Reserva
Se proponen la declaración a puerta cerrada, el testimonio por medio de audio o video, la reserva de identidad mediante la asignación de un seudónimo o una clave o la utilización de medios técnicos para alterar la voz y la imagen. También se incluyen medidas que faciliten la declaración de personas traumatizadas, niños y niñas, adultos mayores y las víctimas de violencia sexual. Estas medidas se complementan con los programas de protección y la presencia de personal especializado en situaciones traumáticas.
Gastos proesales
Se crea un programa orientado a pagar los gastos en que incurran las víctimas por su participación legítima en los procesos penales. Se tendrán en cuenta gastos de traslado, alojamiento y manutención.
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