Según el Ministerio Público, la disminución de la edad no contribuiría a nada distinto que trasladar la problemática del infractor juvenil a una franja menorNO PARAN las críticas contra la propuesta de bajar la edad para la responsabilidad penal, entre otros temas, que contempla el proyecto de ley de la seguridad ciudadana, radicado hace una semana en el Congreso por el Gobierno.
Ayer, la Procuraduría se opuso al sistema de responsabilidad penal para los adolescentes entre 16 y 18 años, propuesto en la iniciativa gubernamental.
Según el Ministerio Público, la disminución de la edad penal no contribuiría a nada distinto que trasladar la problemática del infractor juvenil a una franja inferior. “Concebir un Sistema de Justicia Juvenil sin justicia restaurativa y sin la finalidad de la reintegración social para los adolescentes, es cercenar toda posibilidad de eficacia a este Sistema”, sostiene el ente de control.
Respecto del juzgamiento de los adolescentes como si fueran adultos, la entidad señaló que es una opción que está en contravía de la Convención de los Derechos del Niño, que demanda un tratamiento diferencial para esta población debido a su minoría de edad.
La Procuraduría consideró que se está presentando la seguridad ciudadana como un propósito de ejecución imposible, si al mismo tiempo se propugna por la protección de los derechos de los adolescentes.
“Esta postura desconoce flagrantemente el Principio del Interés Superior, de exclusiva aplicación del Derecho de Infancia y Adolescencia, que marca una diferencia sustancial con el Derecho Penal y el Sistema de Enjuiciamiento Criminal diseñado para adultos, y desconoce además la protección integral y la prevalencia de los derechos de los menores de edad”, dice en un comunicado el Ministerio Público.
En cuanto a la aplicación de la sanción penal a los adolescentes tomando en consideración la gravedad del delito cometido, la entidad señaló que desconoce que el Código de la Infancia y la Adolescencia imponen la adopción de un sistema de sanciones distinto al previsto para los adultos.
“Para el Ministerio Público, este es un Sistema de Justicia y por lo tanto debe garantizarse su estructura y funcionamiento como tal, donde el competente para hacer seguimiento a las sanciones impuestas a los adolescentes, debe ser un juez especializado en infancia y adolescencia”, dijo la Procuraduría.
La iniciativa de seguridad ciudadana contempla aumentar a 12 años las penas privativas de la libertad a los adolescentes que sean judicializados.
No hay comentarios:
Publicar un comentario