Mientras el Gobierno aplaude la decisión del Congreso porque saca de un “limbo jurídico” a los combatientes rasos de las Auc, los críticos de la iniciativa dicen que es un indulto disfrazado.EN SU último debate fue aprobado por la plenaria de la Cámara el proyecto de ley “por medio de la cual se reforma parcialmente la Ley 906 de 2004 en lo relacionado con el principio de oportunidad”.
El principio de oportunidad es la facultad que puede tener la Fiscalía de suspender la acción penal a cambio de un avance sustancial en el esclarecimiento de un delito mayor.
La modificación aprobada beneficiaría a 19 mil paramilitares rasos que se encuentran en un “limbo jurídico” luego que las cortes Constitucional y Suprema establecieran en sendos fallos que los paramilitares no pueden ser considerados como delincuentes políticos y deben juzgarse por concierto para delinquir.
Según explicó el coordinador de ponentes Nicolás Uribe, a la iniciativa impulsada por el entonces ministro del Interior, Carlos Holguín, el fiscal Mario Iguarán y el senador Hector Helí Rojas le “falta conciliación y va a sanción presidencial”.
El representante Uribe manifestó que “este proyecto, en pocas palabras, introduce tres elementos fundamentales: uno, se le puede aplicar a narcotraficantes, a terroristas y a desmovilizados con dos características: que no hayan cometido delitos, mucho menos un delito de lesa humanidad, y en caso de que lo encuentren, inmediatamente pierden el beneficio. Se impide que el principio de oportunidad se aplique cuando la víctima es un menor de 18 años. No se aplica, que es un tema muy importante, para políticos ni congresistas, ni concejales, ni diputados, ni alcaldes, ni nadie que haya accedido a su curul” o a su cargo “con el apoyo de grupos al margen de la ley”.
“Luego -expresó Uribe- es simplemente el complemento de la política del Estado. Es, básicamente, una decisión de la Fiscalía, que es quien tiene que solicitar la aplicación de este principio, y de los jueces de garantías, que son quienes la aplican”.
El congresista de La U negó que la norma aprobada genere impunidad, “porque en caso de que usted descubra que hay solo una noticia criminal, una noticia de crímenes, como se llama, de la cual el Estado tenga conocimiento que han cometido estas 19 mil personas, inmediatamente pierden el beneficio y se inicia la investigación por ese delito”.
“Luego aquí lo que estamos haciendo es garantizar que pueda haber procesos de paz en el futuro, porque no podría haber ningún proceso de paz en el futuro si usted la única alternativa que le propone a quien se desmovilice es simplemente que lo va a meter 14 años por haber pertenecido a un grupo ilegal, en algún momento”, indicó Uribe.
¿Indulto?
En una constancia dejada poco antes de la votación, el representante Germán Navas dijo que la modificación del principio de oportunidad es “una vacuna contra la ley de víctimas”, porque implica, según el congresista del Polo Democrático, que los 19 mil paramilitares beneficiados no serán investigados.
En su intervención, Navas se apoyó en el concepto emitido sobre el particular por la Comisión Colombiana de Juristas que, en documento conocido por EL NUEVO SIGLO, asegura que en su intento “por solucionar los 19.000 problemas”, el Gobierno “introdujo una nueva causal para aplicar el principio de oportunidad” que “contradice la Constitución Nacional y las normas internacionales sobre derechos humanos”, porque, para esa ONG, “la pertenencia a grupos paramilitares implica la participación en o conocimiento sobre graves violaciones a los derechos humanos” y “desconoce los derechos de las víctimas”.
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