El jefe del Ministerio Público tiene 30 días hábiles, contados a partir del día de ayer, para referirse a la exequibilidad de la declaratoria del estado de excepción.EMPEZÓ LA cuenta regresiva para que el procurador Alejandro Ordóñez entregue su concepto sobre la Emergencia Social en salud a la Corte Constitucional, luego que el alto Tribunal le remitiera ayer el expediente, donde están incluidas 106 mil intervenciones ciudadanas radicadas en la Secretaría de ésta última corporación.
El jefe del Ministerio Público tendrá 30 días hábiles para proferir el concepto, y después la magistrada ponente María Victoria Calle tendrá el mismo plazo para preparar un proyecto de fallo, el cual será puesto a debate de la Sala Plena de la alta Corte.
El 15 de febrero pasado se cumplió el período para la intervención ciudadana sobre el decreto que convocó la Emergencia Social.
El jueves pasado, Ordóñez había anunciado que su despacho ya estaba investigando las circunstancias y las motivaciones que presentó el Ejecutivo el miércoles 23 de diciembre, cuando expidió los primeros dos decretos mediante los cuales se formaliza el estado de Emergencia Social y, según el Gobierno, se liberaran cerca de 1,4 billones de pesos para la salud.
En su concepto, el Procurador debe indicar si las razones invocadas para decretar la Emergencia Social se ajustan a la Carta Magna, aunque finalmente la Corte Constitucional decidirá sobre su exequibilidad.
Al finalizar la semana anterior, la Procuraduría había abierto una investigación por los contratos que suscribió el Ministerio de la Protección Social con ocasión de la expedición de los decretos de Emergencia Social.
Las supuestas irregularidades en estos contratos fueron denunciadas por José Félix Patiño, médico y miembro de la Academia de Medicina, por el senador Luis Carlos Avellaneda, del Polo Democrático, y el candidato presidencial Germán Vargas Lleras, de Cambio Radical.
El Ministerio de la Protección Social ha producido más de 18 decretos en el marco de la Emergencia Social; sin embargo, ha tenido que corregir varios aspectos de éstos por medio de decretos posteriores, ante la críticas de los usuarios y agremiaciones médicas que han interpretado que se está desmejorando el Plan Obligatorio de Salud (POS) o, en el caso de los médicos, la libertad que tienen para diagnosticar y ordenar tratamientos.
Las críticas surtieron efecto y el Gobierno anunció que daría marcha atrás en medidas como las multas a galenos por formular por fuera del POS, la obligatoriedad de que sigan a rajatabla un manual de procedimientos y la utilización por parte de los usuarios de sus cesantías para ayudar a financiar enfermedades catastróficas.
Sin embargo, los decretos aclaratorios realmente no reversan las medidas, sino que supeditan su regulación al examen de la Corte y al debate del Congreso.
El martes pasado, el Gobierno expidió el Decreto reglamentario 505, el más reciente en cuanto a las medidas tomadas en la Emergencia Social, que dice garantizar el cubrimiento universal del POS. De esta forma, el Ejecutivo dio un aparente reversazo en las determinaciones inicialmente tomadas, pues se habían establecido una serie de restricciones en el POS en cuanto a las enfermedades de alta complejidad.
Además, el miércoles anterior, el presidente Álvaro Uribe había anunciado que a partir del primero de abril, los ciudadanos -cubiertos por el Régimen Subsidiado de Salud- serán atendidos en cualquier lugar del país.
De otra parte, el jueves se realizaron marchas en Bogotá y otras ciudades del país, por parte de usuarios que protestaron de esta forma contra los decretos de la Emergencia Social y piden a la Corte Constitucional declararla inexequible.
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