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Una lista de 60 candidatos a reemplazar a cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia, envió la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura al alto Tribunal, para que realice la respectiva selección.
La lista, que incluye 15 aspirantes por magistratura, fue compuesta después de cerrarse la convocatoria.
Para reemplazar a Yesid Ramírez Bastidas, magistrado de la Sala de Casación Penal, a quien el ex presidente Uribe denunció penalmente, están José Acuña, Myriam Ávila, Fernando Alberto, Agustín García, Claudia López, Álvaro Luna, Camilo Montoya, Fabio Ospitia, Fernando Reyes, Leonel Rogeles, Guillermo Salazar, la fiscal Ángela Buitrago, el actual director de Justicia y Paz de la Fiscalía, Luis González, Hugo Quintero y el magistrado auxiliar de la Sala Penal, Iván Velásquez.
En remplazo del magistrado de la Sala Civil, César Julio Valencia Copete, aspiran Marco Antonio Álvarez, Felipe Borda, Isabel Espinel, Jorge Eduardo Ferreira, Ana Giacomette, Fernando Giraldo, Diana Aída Lizarazo, Oscar Julio Maestre, Héctor Moreno, Alberto Rodríguez, Cristina Rojas, Nubia Sabogal, Ariel Salazar, Luis Téllez y Jaime Tovar.
Para reemplazar al magistrado de la Sala Laboral, Luis Javier Osorio, quien denunció el ofrecimiento de supuesta prebendas para votar a favor de Margarita Cabello Blanco, aspirante a las Fiscalía, están candidatizados: John Acosta, Germán Avendaño, Donald Dix, Oswaldo Duque, Carlos Lebrun, Gustavo López, Margarita Márquez, Hernando Mazo, Carlos Molina, Diego Montoya, José Luis Quiroz, Julieta Rocha, Marirraquel Rodelo, Álvaro Bustamante, Ana María Zapata.
Y para reemplazar al también magistrado de la Sala Laboral Eduardo López fueron postulados Héctor Álvarez, Carlos Ayala, Mauricio Burgos, Eduardo Carvajalino, Julio Díaz, Claudia Fandiño, Edgar Fandiño, Eduardo Fierro, José García, María Mercedes Gómez, Carlos Niño, Francisco Rafael Ostau de Lafont de León, Miguel Pérez, Yolanda Vega y Antonio del Cristo.
DOS SEMANAS después de que el Gobierno anunciara que presentaría una reforma a la Justicia concertada con las altas Cortes, la controversia por alguno de los temas que desarrolla, no para.
A pesar de que el asunto de la elección del Fiscal General parecía superado, el ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas, prendió el debate hace un par de días cuando se mostró partidario de incluir en dicha reforma, la supresión de la facultad de las Cortes para elegir o intervenir en elecciones de altos funcionarios como el mismo Fiscal, Contralor y Procurador.
El primero en reaccionar a esta propuesta fue el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, quien, aunque dijo que el alto Tribunal estaría dispuesto a debatir cualquier propuesta presentada por el Gobierno, defendió las facultades nominadoras de las altas Cortes.
“Cada Rama colabora con otras funciones que tienen las otras, así lo estableció la Constitución. Cada Corte debe cumplir con su tarea, pero también debe colaborar en otras tareas administrativas”, aseguró Arrubla.
“En ningún sistema sucede esto, ya que por ejemplo usted encuentra un Congreso que hace leyes pero que también hace nombramientos, un Ejecutivo que ejecuta leyes pero dicta normas y por intermedio de sus superintendencias toma decisiones casi jurisdiccionales”, agregó el presidente del máximo Tribunal de la Justicia Penal ordinaria.
El magistrado añadió que esas propuestas no pueden tomarse a priori, y sostuvo que lo importante es jalonar la tarea del Estado de armonizar las instituciones.
En cuanto a la elección de magistrados de la misma Corte, Arrubla dijo que esa función es indispensable: “Si se refiere a magistrados de la misma Corte, son requeteesenciales, a magistrados de tribunales también”.
Sin embargo, puntualizó en que estudiarán cualquier propuesta que haga el Gobierno.
La directora de la corporación Excelencia en la Justicia, Gloría María Borrero, le manifestó a EL NUEVO SIGLO que esta propuesta es indispensable para evitar la politización de la Justicia.
“Se lo he oído al ministro. Además, esta es una de las alternativas que la comisión de expertos estudió. Y realmente esa ha sido la puerta de entrada a la politización de la Justicia. Indudablemente hay que quitar las facultades electorales de los tribunales, en todo lo que tiene que ver con contralores departamentales y también las competencias electorales de las altas Cortes. Hay que revisar todas esas competencias, ojalá para quitarlas todas. Pero hay que mirar caso por caso”, aseguró Borrero.
El ex procurador Jaime Bernal también se mostró de acuerdo con quitarles estas facultades a las altas Cortes.
“Conforme se está presentando la realidad, en donde la honorable Corte Suprema de Justicia está bloqueada para varios nombramientos, exige un cambio radical para poder buscar plena autonomía de la Justicia, evitar estos enfrentamientos, evitar la politización. Se tendría que ensayar un sistema muy diferente, como por ejemplo, un concurso de méritos para esos altos cargos, diseñado de tal manera que los participantes sean académicos y se les exija mayores requisitos a los actuales, para que hecha una lista de los que pasen el concurso, se apliquen los sistemas de cooptación”, propuso Bernal en diálogo con este Diario.
De hecho, Bernal afirmó que toda reforma judicial debe empezar por suprimir estas competencias: “Me parece que debe hacerse una reforma a fondo, y debe empezarse por cambiar el sistema de nombramientos. La realidad está demostrando que con respecto del sistema de elección del Fiscal, eso hizo crisis, porque llevamos un año en que no se ha podido nombrar al Fiscal en propiedad”.
LA SALIDA inminente de cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia por vencimiento del período, ha causado preocupación en varios sectores del país, ya que se podría afectar la elección del Fiscal General y del tercer postulado a la terna para contralor, si al momento del retiro no han sido elegidos.
En efecto, el primero de octubre se retiran el magistrado de la Sala de Casación Laboral Javier Osorio y dos de los magistrados que han tenido enfrentamientos y líos jurídicos con el presidente Álvaro Uribe, los ex presidentes de la Corte Suprema Yesid Ramírez (2004) y César Julio Valencia (2007), de la Sala de Casación Penal y Civil, respectivamente. Igualmente, el magistrado de la Sala Laboral, Eduardo López, culmina su período el primero de noviembre del presente año.
La preocupación radica en que la Sala Plena de la Corte Suprema lleva 10 meses intentando elegir el remplazo de la magistrada de la Sala Laboral, Isaura Vargas, sin éxito alguno; elección que ha frenado también las elecciones del director en propiedad del ente acusador y la terna que le corresponde escoger para contralor general, debido a que el voto del magistrado que falta podría ser decisivo a la hora de que alguno de los aspirantes a fiscal o contralor logre las mayorías.
La elección de un magistrado de la Corte Suprema, lo realiza su Sala Plena de una lista de entre cinco y 15 aspirantes enviada por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
Si a finales del próximo mes no se han hecho las respectivas elecciones, con la ausencia de cuatro magistrados, que serían cinco en noviembre, se complicaría más tener un Fiscal General en titularidad a corto plazo y destrabar la elección del sucesor de Julio César Turbay, ya que para que se conozcan los nombres electos, tiene que haber una mayoría calificada, representada en 16 de los 23 magistrados que conforman la Sala Plena.
En consecuencia, si en octubre no es elegido el nombre del reemplazo de la magistrada Vargas, la Sala Plena quedaría integrada por 19 magistrados, lo que le restaría votos a los aspirantes en los distintos procesos de elección que tiene a su cargo el máximo Tribunal de la Justicia Penal Ordinaria, incluyendo la elección de dignatarios de la misma corporación, pues el magistrado Jaime Arrubla lleva como presidente encargado desde enero.
En la elección del Fiscal General, la procuradora delegada para asuntos disciplinarios Margarita Cabello obtuvo el jueves de la semana pasada 13 votos, el ex presidente de la Corte Suprema, Jorge Aníbal Gómez, 10 sufragios y el consejero de Estado, Marco Antonio Velilla, logró 9.
Sin embargo, la alta Corte citó para mañana en las horas de la tarde una Sala Plena extraordinaria para seguir con las votaciones para Fiscal General, por lo que no se descarta que mañana, el proceso que ha durado más de un año, llegue a su fin y se conozca el nombre del reemplazo de Mario Iguarán.
En cuanto al proceso de elección del tercer ternado para contralor general, que cumple tres meses, aún la Sala Plena no ha podido escoger un nombre de nueve que fueron preseleccionados por cada una de las tres Salas de Casación. El Consejo de Estado y la Corte Constitucional ya eligieron su nombre a la terna.
Elecciones en Consejo de Estado y Judicatura
La semana pasada, la Sala Plena del Consejo de Estado eligió cuatro magistrados, tres para la Sección Tercera y uno para la Sección Primera, quedando pendiente sólo una vacante por cubrir.
El pasado 27 de julio, el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo eligió a Olga Valle, Stella Díaz y Danilo Alfonso Rojas como nuevos magistrados de la Sección Tercera, donde se crearon tres magistraturas nuevas por la actual congestión que maneja. Sin embargo, en esta Sección todavía falta por elegir el reemplazo de Miriam Guerrero, vacante que está siendo ocupada por la magistrada encargada Gladys Agudelo.
De igual manera, en la misma fecha fue elegida María Elizabeth García como consejera de Estado de la Sección Primera. Ente el 2009 y este año el alto Consejo adelanta el proceso para llenar nueve magistraturas vacantes.
De otro lado, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, a casi un año de estar vacante el cargo, no ha elegido en propiedad al director ejecutivo de la Rama Judicial, que es el encargado de manejar el presupuesto de la Justicia.
A principios de este año, dicha Sala devolvió la terna para gerente de la Rama Judicial, que integró la Comisión Interinstitucional, argumentando que los postulados no cumplen con los requisitos exigidos para el cargo.
Una lista de 60 candidatos a reemplazar a cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia, envió la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura al alto Tribunal, para que realice la respectiva selección.
