Penas cumplidas, fuera del pasado judicial: Corte

De esta manera, el alto Tribunal le ordenó al órgano de inteligencia no incluir en la expedición de los pasados judiciales la expresión “registra antecedentes, pero no es requerido por autoridad judicial”, en los casos descritos, porque vulneraría el derecho al habeas data.

Es así como la Sala de Casación Penal amparó los derechos de Pedro Antonio Pira a quien la justicia le prescribió una condena de doce meses de prisión por el delito de tráfico de influencias, pero en el certificado judicial expedido por el grupo de identificación del DAS aparecía con antecedentes.

El órgano de Inteligencia argumentó su negativa de borrar los antecedentes del solicitante señalando que “es depositario, no dueño de las informaciones que se reciben, por lo que les está vedado destruirlas, borrarlas o hacer cualquier clase de modificación por iniciativa propia, sin un sustento legal por parte de la autoridad que conoció del caso. Por lo tanto, no goza de facultades legales para cancelarlos y estos deberán permanecer consignados en la base de datos de la entidad para ser comunicados a las autoridades judiciales competentes que le soliciten informes sobre antecedentes judiciales”.

Sin embargo, la Corte advirtió que la resolución interna del DAS, que contempla que “la persona registra antecedentes, pero no es requerida por autoridad judicial”, resulta “desconocedora de principios constitucionales y causa un grave perjuicio a quien habiendo pagado la pena impuesta o, como en el caso presente, se vio beneficiado con su extinción por haber operado el fenómeno de la prescripción, deba soportar las consecuencias que conlleva hacer pública y mantener indefinidamente una anotación de tales características, frente a su vida cotidiana y en especial cuando deba presentar dicho documento para acceder a un trabajo, pues surge evidente que tal registro le merma ostensiblemente las posibilidades de que sea escogido para el mismo, lo que de contera conlleva la vulneración de derechos fundamentales como el de igualdad en el acceso a las oportunidades de empleo y a la vida en condiciones dignas, situación que a la larga termina convirtiéndose en un castigo adicional, es necesario ponderar los pro y contra de tal determinación”, dictaminó el alto Tribunal.