SE ACENTÚA la polémica por el auto que profirió la Corte Constitucional en el que le ordena al Gobierno congelar la restitución de tierras en la región del bajo Atrato, por presuntas irregularidades en la representación de las comunidades afrodescendientes en las mismas.
A las críticas hechas por el ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia, ayer se sumó la viceministra del Interior, Viviana Manrique, quien aseguró que los argumentos que utilizó la Corte Constitucional para proferir esa decisión, no son acordes a la realidad.
“Al revisar el auto, se parten de unos presupuestos que ni siquiera están acordes a la realidad de las comunidades negras. Nosotros somos garantes del goce efectivo de los derechos de las comunidades negras.”, aseguró la viceministra.
Manrique manifestó que no es cierto que actores ilegales siguieran manteniendo el control sobre las tierras.
Indicó que el censo y la revisión de la titulación de los predios sugeridos por la Corte Constitucional, mediante la expedición del auto, ya fueron cumplidos y que aún cuando no lo hubieran conseguido, no es razón suficiente para suspender la entrega de las cerca de 10 mil hectáreas que el Ministerio se disponía dar a las comunidades negras.
En el auto proferido hace un par de semanas, el alto Tribunal expuso que grupos armados ilegales habrían presionado para que las tierras no les fueran adjudicadas a las comunidades afrodescendientes, por lo que los consejos que representan a estos pueblos en la restitución de las tierras ante el Ministerio del Interior y Justicia, no fueron conformados de forma transparente.
Sin embargo, la funcionaria del Ministerio dijo que la Corte Constitucional ha dado muestras de no contar con toda la información de la manera como el Gobierno Nacional ha ido adelantando el proceso de restitución de tierras de las comunidades desplazadas de Jiguamiandó y Curvaradó, Chocó.
“No se trata de que digan mentiras o verdades. Creemos que les falta información y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy”, aseguró. “Si es voluntad de la honorable Corte que se espere todavía un tiempo más para las restituciones, les solicitamos que designen un secuestre que sea garante de que realmente la propiedad colectiva le llegue a las comunidades negras, de la cual es titular los Consejos Comunitarios”, añadió.
Esta declaración concuerda con lo que dijo hace un par de semanas el presidente Álvaro Uribe, quien le pidió a la Corte darle tiempo al Gobierno para realizar un censo de las comunidades del bajo Atrato y nombrar una entidad para que adelante dicha actividad.
La viceministra del Interior señaló además que muchos de los pasos señalados por la alta Corte, para llevar a feliz término la entrega de las tierras a los afrodescendientes, ya han sido cumplidos a cabalidad, y de ahí su extrañeza ante muchas de las indicaciones contenidas en el auto en que se orden la suspensión inmediata del proceso.
La Corte Constitucional le ordenó al Ministerio del Interior y Justicia realizar el censo de esas comunidades afrodescendientes para que se integren de nuevo los consejos que se encargarían de recibir las tierras.
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