PREOCUPACIÓN POR la claridad que debe tener la redacción del proyecto de ley “por la cual se desarrolla el Acto Legislativo número 02 de 2009 y se establecen medidas y tratamientos administrativos de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico para las personas que consuman sustancias estupefacientes o psicotrópicas y se dictan otras disposiciones”, generó en algunos congresistas.
En particular, quieren tener cuidado en conservar el espíritu de la reforma constitucional y que la norma se enfoque en prohibir la dosis mínima pero no en penalizar su consumo.
Así se lo manifestó a los medios el senador Juan Carlos Vélez, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), para quien debe quedar claro el protocolo de procedimiento policial cuando una persona sea sorprendida por las autoridades portando alguna sustancia estupefaciente “o que se encuentre bajo su influjo”, como rezan algunos artículos del proyecto presentado por el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia.
Otro punto de preocupación de Vélez es que la norma prevé que el Estado debe ocuparse de la prevención, pero no es claro de donde saldrán los recursos para ello; por el contrario, pareciera que la responsabilidad fiscal de este aspecto recayera sobre los entes territoriales, lo que en opinión del congresista antioqueño convierte la buena intención de ocuparse de la salud del consumidor de drogas en un enunciado sin ningún efecto práctico.
Pasó
Vélez les había expresado su preocupación a sus colegas de la Comisión Primera de Senado que ayer aprobó en primer debate, por 15 votos contra uno, el informe de la ponencia presentada por el legislador Héctor Helí Rojas, del Partido Liberal.
Rojas le precisó a este Diario que al proyecto del Gobierno se le han hecho las modificaciones necesarias para que mantenga el espíritu con que el Congreso reformó la Constitución.
Pero para algunos legisladores ese cuidado no es suficiente. Luis Fernando Velasco, senador del Partido Liberal, anunció que la preocupación persiste y que la colectividad buscará que la plenaria de la cámara alta especifique bien el tipo penal del microtraficante para que en la aplicación del articulado que tramite el Congreso no haya lugar a equívocos y se termine haciendo lo que se quiere evitar: penalizar el consumo de drogas.
Velasco anunció que para trabajar en ese propósito, los senadores Rojas y Jesús Ignacio García, también del Partido Liberal, fueron comisionados para lograr una redacción precisa de esos tipos penales para que queden plasmados en la reglamentación.
Desde ayer, cuando fue aprobado en comisión, los ponentes cuentan con ocho días para presentar la ponencia a la plenaria del Senado.
Debate
En su ponencia, Rojas consignó cómo, a nivel mundial, “parece que se abre a nivel internacional una nueva visión sobre el tratamiento del fenómeno de las sustancias estupefacientes y psicotrópicas, orientada más a la prevención y al tratamiento de la adicción que a la producción y erradicación”.
Y el Gobierno, en la exposición de motivos del proyecto de ley, comentó que dado que “el artículo 49 de la Constitución dispone que la atención en salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado”, se convierte en una obligación el despliegue de “todas aquellas conductas que permitan una real y efectiva prestación del servicio, el cual debe incluir los tratamientos necesarios para poder salir del estado de drogadicción en el que pueda encontrarse una persona”.
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