Fallo ordenó pago de $32 mil millones a desplazados

CONTROVERSIA GENERÓ ayer el fallo del juez 32 Penal del Circuito de Bogotá, quien le ordenó a Acción Social pagar 32 mil millones de pesos, en diez días hábiles, por cuenta de pagos atrasados en ayuda humanitaria a los desplazados del país.

El director de Acción Social, Diego Molano, aseguró que con esta sentencia, que beneficia a cerca de 1.500 familias, se desnaturalizan los beneficios destinados a esta población vulnerable.

“Este tema de las tutelas para la población desplazada tiene que ser manejado adecuadamente, con propósitos que permitan la mayor objetividad para atenderla. Vamos a apelar esa decisión, creemos que ahí se desnaturalizó el servicio”, aseguró el alto funcionario.

Molano, además denunció que mafias de abogados, que actúan como representantes de los desplazados, estarían detrás de millonarias demandas contra el Estado.

“Hay que hacer un frente común para evitar que ciertos grupos de mafias manipuladoras, que están utilizando las tutelas puedan afectar la estabilidad. Hay una minoría que está manipulando a la población desplazada para hacer fraudes y utilizar y aprovechar los recursos disponibles para las víctimas; estas mafias le están quitando la posibilidad, a través de recursos legales, a personas que son verdaderos desplazados”, anotó.

Molano señaló que se está trabajando con la Policía, la Fiscalía y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) para contrarrestar los casos de desplazados falsos. “Hemos montado un aparato jurídico y de apoyo de abogados para responder a cada una”, dijo el funcionario.

“Quisiéramos avanzar”, agregó, “con un proyecto legislativo que nos permita ponerle límites y controles a los diferentes servicios de atención que tienen, de modo que no se generen estos incentivos para que aparezcan las mafias”; según Molano, “la otra acción fundamental es un proceso educativo muy grande con las víctimas del desplazamiento, de modo que no se dejen manipular”.

El director de Acción Social agregó que diariamente se interponen cerca de 500 tutelas contra el Estado por beneficios a población vulnerable, la mayoría de ellas impulsadas por mercaderes de desplazados.

Al respecto, señaló que el año pasado hubo 60 mil tutelas y que la mayoría se presentaron en los departamentos de Bolívar, Magdalena, Sucre, Meta, Caquetá y Antioquia.

Nuevas políticas

La sentencia también le ordena a Acción Social diseñar nuevas políticas de manejo de la población desplazada: “Diseñar y ejecutar un programa de sensibilización a sus funcionarios en el desplazamiento forzado y del tratamiento especial que merecen sus víctimas. Las oficinas UAO, la entidad tutelada, deberá escoger personal suficientemente capacitado en el tema, que garantice a los desplazados un trato respetuoso, especial y digno”.

La sentencia exige además eliminar los “procedimientos engorrosos y requisitos extraoficiales a los desplazados para que puedan reclamar sin obstáculo alguno la atención humanitaria que el Estado está obligado a suministrarles”.

De igual manera, el juez 32 Penal instó a Acción Social a eliminar, entre otras, las siguientes “prácticas insanas en el proceso de atención a las personas desplazadas: Forzarlas a dormir en la calle frente a las oficinas UAO para tener un turno que les permita acceder a la información que allí se ofrecen; tratarlas con irrespeto y desconsideración; suministrarles información equivocada, someterlas a ires y venires, mentirles sobre visitas y llamadas telefónicas, y ponerlas en situación de ubicar a funcionarios que nunca responden sus inquietudes”.