Piden reforma que elimine exenciones y extienda el IVA

Fedesarrollo sostiene que la nueva generación de recursos debe ser destinada a la reducción de la deuda pública.

Más pronto que tarde, el nuevo Gobierno deberá impulsar una reforma tributaria que elimine las exenciones y extienda la base y la tasa del Impuesto a las Ventas (IVA). Así lo reclamó Fedesarrollo, al analizar las tareas primordiales que deberá emprender la nueva administración a partir del 7 de agosto de este año.

Sostiene la entidad social que como complemento de estas medidas, “se deben trasladar gran parte de los impuestos directos (renta y patrimonio) que hoy recaen sobre las empresas a las personas naturales”.

Explican los analistas que el conjunto de medidas permitirá generar de manera permanente nuevos ingresos tributarios por cerca de 1,5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), además de volver el Código Tributario más equitativo, progresivo y eficiente.

Argumentan los expertos de Fedesarrollo que teniendo el país tantas necesidades en el campo de la infraestructura, particularmente de transporte, no tendría sentido buscar la consolidación fiscal a través de castigar aún más la ya menguada inversión pública.

Adicionalmente, y teniendo en cuenta que el horizonte de gasto de mediano plazo contempla aumentos en el pago de pensiones, servicios de salud y beneficios a la población desplazada, “en nuestra opinión la estrategia para reducir la deuda debería contemplar la generación de nuevas fuentes de recursos”, y que la alternativa para ello es implementar una reforma tributaria estructural.

En el análisis sobre los asuntos pendientes que deberá asumir la Administración de Juan Manuel Santos, Fedesarrollo dice que “el nuevo Gobierno, por su parte, le apuesta a la confluencia de un conjunto de factores que le permitirían poner la deuda pública en un sendero sostenible, sin necesidad de aumentar los impuestos, si bien no ha descartado retirar algunas exenciones”.

En primer lugar, explica, espera que el crecimiento económico y los programas de formalización laboral, acompañados de mayores controles a la evasión, generen un aumento importante del recaudo tributario.

De otra parte, aprovechando el auge de la producción petrolera, aspira a un aumento en los recursos de capital y a reformar el régimen de regalías para disponer de mayores recursos para financiar el presupuesto. “A nuestro juicio, se trata de una estrategia de pronóstico reservado”, puntualiza Fedesarrollo.

Sobre este punto, dicen los investigadores que “no vemos claros los mecanismos para fomentar de manera importante la formalidad; recordamos que en el pasado ha habido decepciones con estrategias fiscales basadas parcialmente en controlar la evasión; percibimos enormes dificultades políticas para reformar el régimen de regalías; y hacemos memoria de fallidas estrategias, en Colombia y en el exterior, en las que el crecimiento económico supuestamente resuelve los problemas fiscales”.

Explica Fedesarrollo que hay pocos casos en que esa estrategia ha probado ser exitosa; son muchos los ejemplos en que la misma falló y donde, tardíamente, los gobiernos se vieron abocados a subir los impuestos.

Sin embargo, la entidad señala que “compartimos con el Gobierno entrante el propósito de acometer reformas, particularmente en el campo microeconómico, para aumentar el crecimiento sostenible a entre 5 y 6 por ciento. Tenemos dudas, sin embargo, en cuanto a fundamentar las estrategias de reducción del desempleo y la informalidad y de consolidación de las finanzas públicas en esa mayor tasa de crecimiento”.

Añaden los economistas que “estamos convencidos que tanto en el frente laboral como en el fiscal se corren grandes riesgos al basar la solución de los problemas más en el rédito que brinda un mayor crecimiento económico que en políticas específicas en los campos laboral y tributario”.

Por otra parte, y en lo que corresponde a las finanzas públicas, manifiesta Fedesarrollo que “durante 2009 el balance fiscal en Colombia y en prácticamente todo el mundo se deterioró debido a la contracción de los recaudos tributarios y a la adopción de estímulos fiscales para compensar la desaceleración de la demanda privada y, en muchos casos, también de las exportaciones”.

En el caso de Colombia el proceso de reducción de la deuda pública que se venía dando desde 2005, se revirtió. Como porcentaje del PIB la deuda pública se había reducido de 43 por ciento en 2005 a 36,4 por ciento en 2008. Hoy día se ubica en 37,6 por ciento y de acuerdo al Marco Fiscal de Mediano Plazo se espera que en 2011 alcance 39,6 por ciento.

Aún así, el nuevo Gobierno reconoce que la trayectoria creciente de la deuda pública no es consistente con el anhelo de que el país recupere el grado de inversión de las agencias calificadoras de riesgo, con la consiguiente caída en la prima de riesgo que ello conllevaría.

Manifiestan los analistas que “el grado de inversión, que solía ser un lujo cuando el país lo perdió en 1999, es ahora virtualmente una necesidad. Cuentan con él, entre otros, Brasil, Chile, México, Perú y Panamá. Teniendo en cuenta que la deuda crece cuando los ingresos del Gobierno no son suficientes para cubrir sus gastos, la estrategia para disminuir el saldo de la misma tiene dos dimensiones, aumentar los ingresos y/o disminuir gasto”.