En la iniciativa, de acuerdo con lo anunciado ayer, se aprovecha para crear la doble instancia que han pedido los congresistas, especialmente los procesados por la parapolítica. A los aforados constitucionales se les asignaría “un juez de control de garantías, con el propósito de dar aplicación plena a los instrumentos multilaterales en materia de garantías procesales.
El juzgamiento de los aforados constitucionales continúa en cabeza de la Corte Suprema de Justicia, que los juzgará previa investigación y acusación de la nueva unidad, a través de una sala especial compuesta por tres magistrados de la Sala Penal en primera instancia, y en segunda instancia mediante la Sala Penal en pleno, sin que en ella puedan hacer parte los magistrados que profirieron el fallo de primera instancia”.
En cuanto a la investigación y acusación de esos aforados, “con el propósito de respetar y mantener el sistema de pesos y contrapesos entre los poderes públicos”, indicó el comunicado, en el proyecto se planteó la creación de la Unidad de Investigación y Acusación para Aforados Constitucionales integrada por nueve agentes acusadores que procesarán al Presidente, al Vicepresidente, a los magistrados, al Procurador, al Contralor, a los congresistas, al Fiscal y a los ministros del despacho, entre otros.
De esos nueve agentes, unos serán nominados a través de ternas por el Presidente y elegidos por el Congreso; otros ternados por el Congreso y elegidos por las Cortes; y otros candidatizados por las Cortes y elegidos por el Presidente.
“La Fiscalía General conocería de los delitos de los ciudadanos en general, quienes no estén cobijados por el fuero constitucional y ejercería facultades judiciales (las del artículo 250 de la Constitución) pero no jurisdiccionales. Los casos que estén bajo la vieja Ley 600 de 2000, antiguo Código de procedimiento penal, serán evacuados por fiscales transitorios de descongestión”, precisó el comunicado.
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