Contempla desde multas que llegan a $150 millones hasta la suspensión definitiva.Esas disposiciones, que hacen parte del paquete de penas que plantea el Consejo de Estado contra quienes violen las disposiciones del Código del Menor en lo referente al tema de las comunicaciones y que serán presentadas el jueves, han desatado la polémica.
De hecho, Andiarios ya anunció su oposición total al proyecto porque considera que raya con la censura.
En este momento, la ley protege, entre otros temas, la identidad de los menores afectados por delitos o autores de los mismos, así como la presentación de contenidos violentos o peligrosos en determinados horarios.
Cumpliendo instrucciones de la Corte Constitucional, los magistrados de la Sala de Consulta del Consejo de Estado redactaron un proyecto de ley sobre el tema.
Tiene 28 artículos en los que imponen a los medios y a las asociaciones de anunciantes y agencias de publicidad la creación de manuales de autorregulación para evitar que "se fomenten comportamientos perjudiciales o peligrosos para la infancia y la adolescencia".
Las empresas periodísticas, de publicidad y de entretenimiento que manejen espacios en televisión, prensa y radio contarán con tres meses de plazo, a partir de la aprobación de la ley, para elaborar el manual y entregarlo al Ministerio de Tecnologías de la Información y de las Telecomunicaciones.
De lo contrario, serían sancionadas con multa de un salario mínimo (515 mil pesos) por cada mes de atraso.
Las multas y sanciones a quienes no cumplan estas disposiciones van dirigidas a las empresas y a los directores, administradores y autores de los espacios o contenidos. Estas irían desde 10 salarios mínimos mensuales (5.150.000 pesos) hasta 300 (150 millones de pesos).
También se incluyen otros castigos como la suspensión del programa, la sección o la publicación y hasta la cancelación de la concesión o licencia para operar en casos de reincidencia. La Comisión de Televisión y el Ministerio tendrían la facultad de imponer las sanciones.
Aunque explícitamente el proyecto prohíbe la censura previa, uno de sus artículos plantea "medidas provisionales" que incluyen "la suspensión de la emisión, publicación o mensaje mientras se adopta una decisión definitiva" sobre un caso.
Según el Consejo de Estado, la iniciativa partió de un borrador que presentó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). En el proyecto han colaborado la Procuraduría, el Ministerio de Tecnología de la Información y de las Comunicaciones y la Comisión de Televisión.
El presidente del alto tribunal, el magistrado Luis Fernando Álvarez, dijo que en l audiencia de hoy se escucharán las opiniones de ONG y organismos internacionales como Unicef, las entidades del Estado que tienen que ver con el tema, la Procuraduría y representantes de los medios.
"Estamos cumpliendo el mandato de la Corte Constitucional y queremos escuchar a todos los involucrados", señaló el magistrado Álvarez.
Opiniones
"Andiarios se opone al proyecto porque en lugar de seguir la misma línea del Código del Menor, sensibilizar la promoción y protección de los derechos de los niños y niñas, busca mecanismos que constituyen censura o llevan a la autocensura con la imposición de multas o el cierre de medios. La Corte Constitucional ya había tumbado una facultad que tenía ICBF de imponer sanciones a los medios que infringieran esas normas y dejó el asunto a los jueces": Nora Sanín, directora de Andiarios.
"Conceptualmente, el tema de la autorregulación es correcto y estamos de acuerdo. No es muy distinto a como siempre hemos trabajado en la agencia. En el caso de las sanciones a los medios, se debe tener cuidado de respetar la libertad de prensa": Carlos Arango, vicepresidente de medios comerciales de Sancho.
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