Si Santos sanciona la Convención, el país se comprometería a incluir este delito entre los susceptibles de extradición, entre otros puntosPOR 88 votos a favor y ninguno en contra, ayer la Plenaria de la Cámara aprobó la adhesión de Colombia a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzosas, adoptada en 2006 por las Naciones Unidas.
Esta aprobación, tras haber recibido previamente el visto bueno del Senado, supondrá, de ser ratificada por el presidente Juan Manuel Santos, la entrada en vigor de la Convención, ya que de los 19 signatarios solo faltaba un país para hacerla efectiva.
Para Colombia como Estado parte esta adhesión le implica, entre otros, que “nadie será sometido a una desaparición forzada. En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la desaparición forzada”.
Igualmente “los Estados partes se comprometen a incluir el delito de desaparición forzada entre los delitos susceptibles de extradición en todo tratado de extradición que celebren entre sí con posterioridad”.
Al respecto, el representante Iván Cepeda, del Polo Democrático, dijo que “esta Convención es un instrumento novedoso, yo diría revolucionario en materia de protección de derechos humanos. Es el primer tratado internacional que consagra oficialmente los derechos a la justicia y la reparación de las víctimas. Igualmente crea un comité internacional ante el cual pueden presentar quejas los familiares de víctimas de desaparición forzada”.
Por su parte el director del Codhes (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento), Marcos Romero, señaló que “fundamentalmente la Convención fortalece la ley que Colombia ya ha votado sobre desaparición forzada, en las cuales se establece que la desaparición es un delito de lesa humanidad y que por lo tanto es imprescriptible, es decir que la investigación puede abrirse en cualquier momento y que no importa el paso del tiempo para que el Estado asuma las investigaciones”.
Ley de víctimas
El pasado 27 de septiembre el Gobierno radicó la ley para reparar a las víctimas de la violencia, iniciativa que está a la espera de ponencia para primer debate tras ser acumulada con el proyecto de restitución de tierras.
La adhesión de Colombia a esta Convención implicaría hacer algunos cambios en el proyecto de víctimas para que esté a tono con esta norma internacional.
Así lo consideró el legislador Iván Cepeda, quien dijo que la ley de víctimas tiene profundas carencias y en algunos casos disposiciones que significan un retroceso para los derechos de las víctimas.
En consecuencia, añadió, hoy el Polo Democrático dirigirá una misiva al Gobierno Nacional solicitándole que la ley de víctimas sea ajustada.
Por su parte, Marcos Romero dijo que en Colombia opera lo que se conoce como el bloque de constitucionalidad, que quiere decir que todos los tratados internacionales sobre derechos humanos que suscriba el país hacen parte de la Carta Magna y lo que creo “es que cada vez más la ley de víctimas va a tener que orientarse hacia reconocer los estándares internacionales de reparación”.
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