El ministro Germán Vargas dijo que la implementación de la iniciativa implicaría costos cercanos a los once billones de pesosABANDONADO A su suerte parece estar el proyecto de ley reglamentario del Acto Legislativo 02 de 2009, por medio del cual se prohibió la dosis mínima y se establecen tratamientos de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico para la rehabilitación de las personas adictas.
La iniciativa está a la espera de su tercer debate en la Comisión Primera de la Cámara, para el cual ya cuenta con una ponencia que pide su archivo, y el Ejecutivo, a pesar de ser de origen gubernamental, lo presentó la administración de Álvaro Uribe, no muestra interés en el mismo.
Esa falta de interés así la percibe el presidente de la Comisión, el representante nariñense Berner Zambrano, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), quien le dijo a los medios que “yo pienso que la verdad no hay interés por parte del Ministerio de la Protección Social porque no han movido nada. Es decir, cuando hay interés cada ministro o cada autor se mueve, busca a los ponentes, a los coordinadores, y en este caso con este proyecto la verdad que nada en absoluto”.
Por ahora esta iniciativa seguirá a la espera de saber cuál será su suerte pues el debate en el que se pondrá a consideración su archivo no se tiene agendado para la semana entrante, puesto que la Comisión tiene previsto dar el primer debate a la ley de víctimas.
Hace cerca de dos semanas el ponente de este proyecto, el representante Alfonso Prada, del Partido Verde, presentó una ponencia solicitando su archivo, rememorando que el ministros del Interior, Germán Vargas, ratificó el concepto negativo por parte del Ministerio de Hacienda a la iniciativa y por eso la ponencia señaló que “al no encontrar el soporte económico del proyecto, lo que al tenor de lo establecido en el artículo 7° de la Ley 819 de 2003, hace jurídica y financieramente inviable la iniciativa”.
Vargas expresó su preocupación por la inviabilidad presupuestal para garantizar los tratamientos de rehabilitación a las 320 mil personas adictas a estas sustancias: “Las cifras que nos ha enviado el Ministerio de Hacienda son desoladoras: más de once billones de pesos costaría la financiación de esta iniciativa y adicionalmente los tratamientos internos y externos”.
El Ministro explicó ante la Comisión que, según los argumentos del Ministerio de Hacienda, un tratamiento de rehabilitación cuesta por persona 6 millones de pesos y la población susceptible de ser beneficiaria es de 320 mil personas, sin incluir 24 mil internos en cárceles que ya reciben asistencia y rehabilitación por cuenta del Ministerio del Interior y de Justicia.
“Los tratamientos de institutos internacionales tienen un costo de 36.2 millones de pesos por persona con internación por tres meses, alimentación, exámenes, etc. Bajo el escenario más económico, dice el Ministerio de Hacienda que se necesitarían 1,9 billones de pesos. Y bajo otro escenario menos alentador una suma que supera los 11,4 billones de pesos”, ilustró Vargas Lleras.
Sin embargo, el alto funcionario fue enfático en admitir que el problema del consumo de estas sustancias es grave y el Gobierno debe darle solución con un proyecto que aplique medidas graduales que puedan ser viables desde el punto de vista económico.
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