Continúan las medidas de conmoción interior

Aunque la crisis ya pasó, el Gobierno nacional y el Consejo Superior de la Judicatura han expedido nuevos decretos y acuerdos que buscan acelerar la descongestión judicial.

DESDE HACE una semana y hasta el último día de este año se van a crear 18 nuevos Juzgados de Ejecución de Penas contemplados en los acuerdos expedidos por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura dentro de la conmoción interior decretada a principios del mes de octubre de este año por el Gobierno nacional.

En este estado de conmoción interior decretado por el presidente Álvaro Uribe Vélez, el Gobierno le dio facultades extraordinarias al Consejo de la Judicatura para que pueda nombrar y remover jueces o crear nuevos juzgados con el fin de remediar los efectos que dejó el paro de actividades de la rama judicial, que duró más de un mes.

A pesar de que el paro se levantó varias semanas atrás, el ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, como delegado del Presidente de la República decidió continuar con los decretos ley expedidos para conjurar las consecuencias del paro, como la gran congestión judicial que se ocasionó en todo el país.

Aunque la conmoción sólo tiene un período máximo de duración de 90 días, que se cumplen a mediados del mes de diciembre, el Gobierno puede extenderlo por 30 más; sin embargo, aún no se ha decidido con claridad cuándo podrían levantarse las medidas extraordinarias.

Según fuentes consultadas al interior del Gobierno por EL NUEVO SIGLO, los decretos podrían tener vigencia hasta que la congestión judicial haya sido superada en su gran mayoría. Por eso, con los decretos expedidos por el Ministerio del Interior y Justicia, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura ha instaurado y seguirá creando nuevos acuerdos que ayuden a descongestionar la justicia.

Ya con todos los funcionarios y juzgados trabajando normalmente, todavía siguen represados miles de procesos, no sólo debido al paro judicial, sino a la falta de legislación en materia de descongestión, según magistrados de la Sala Disciplinaria consultados por este Diario.

Por esto, entre las últimas decisiones tomadas por el Consejo Superior está la de crear a partir del 20 de noviembre hasta el 31 de diciembre 18 Juzgados de Ejecución de Penas distribuidos de la siguiente manera: uno en Armenia, tres en Bucaramanga, uno en Buga, uno en Cúcuta, uno en Girardot, uno en Ibagué, tres en Medellín, uno en Neiva, dos en Popayán, uno en Santa Marta y dos en Valledupar.

Los Juzgados de Ejecución de Penas fueron uno de los órganos más afectados por el paro que adelantó Asonal Judicial en todo el país.

Además de esta medida, también el Consejo Superior de la Judicatura les exigió a los jueces reportar mensualmente el número de demandas rechazadas y de las notificaciones personales que se soliciten y que se efectúen a través de las oficinas judiciales y centros de servicio. La facultad de rechazar demandas que no tengan fundamento es otra función que pueden ejercer los jueces, la cual fue otorgada por decreto expedido en la conmoción. Estas medidas se establecieron con el fin de controlar y medir el trabajo que adelantan los juzgados de todo el país.

También los jueces tienen que cumplir las sentencias cuando sean expedidas independientemente de si se interponga o no el recurso de apelación; si algún ciudadano quiere que el fallo no se cumpla tiene que presentar una caución para impedir su ejecución, mientras se expone la apelación, dijo el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Jesael Giraldo Castaño.

Cabe recordar que por mandato de la Sala Administrativa, los funcionarios judiciales deberán reponer las decisiones que se dejaron de proferir en los casi dos meses de cese de actividades, con horas extras, nocturnas, sábados y vacaciones. No obstante, han sido muy pocos los juzgados que han cumplido con estas exigencias a escasos 15 días de comenzar la vacancia judicial.

De igual manera, entre los últimos acuerdos proferidos está el nombramiento, hasta el 19 de diciembre, de 30 funcionarios, entre los que se encuentran auxiliares judiciales, oficiales mayores y contadores en distintos juzgado de varias regiones del país.

Por ahora se debe esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional en cuanto al control que adelanta de los decretos proferidos por el Gobierno en la conmoción interior. El alto tribunal dictaminará hacia finales del mes de enero del próximo año si dichas medidas se ajustaron a la Constitución o no.