Sin soporte jurídico propuesta de recompensa y libertad

El fiscal Mario Iguarán, cambiando su posición al respecto, aseguró que buscará un respaldo a la idea gubernamental de entregar beneficios a los miembros de la guerrilla que entreguen cautivos, así sean criminales de lesa humanidad.

MODIFICANDO SU posición sobre el tema, el fiscal General, Mario Iguarán, anunció ayer que buscará un recurso jurídico para que se pueda aplicar la propuesta gubernamental de dar beneficios jurídicos a los guerrilleros que se desmovilicen y traigan consigo a secuestrados, así hayan cometido delitos de lesa humanidad.

“La Fiscalía acompaña el propósito del señor Presidente de la República para buscar una alternativa, una salida jurídico-política para que los secuestrados regresen a sus hogares”, manifestó ayer Iguarán al finalizar un evento en Bogotá.

La posición del Fiscal cambió radicalmente frente a la que había indicado días atrás en el Congreso, en donde afirmó que la normatividad impedía aplicar beneficios jurídicos a sindicados por delitos de lesa humanidad o atroces.

La propuesta, ratificada por el alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo el jueves pasado, incluiría a los miembros del secretariado de las Farc, lo cual ha suscitado polémica, ya que estos guerrilleros están acusados de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, castigados por el Estatuto de Roma, que rige a la Corte Penal Internacional, y que fue ratificado por Colombia hace seis años.

Justicia y Paz

Por esta razón, la iniciativa, como lo admitió el Fiscal, continúa en una sinsalida jurídica que impediría beneficios como los que recibió alias Isaza, ex guerrillero que trajo a la libertad al ex representante Óscar Lizcano.

“La normatividad vigente de hoy por hoy sería insuficiente y que tendríamos que entrar a desarrollar seguramente a través de decretos reglamentarios”, advirtió Iguarán, quien, no obstante, propuso que una posibilidad podría ser la aprobación de proyectos de ley o decretos reglamentarios que vayan encaminados a reformar varios artículos de la ley de Justicia y Paz, como el 61.

Este artículo indica que el Presidente tendrá la facultad de solicitar a la autoridad competente “la suspensión condicional de la pena y el beneficio de la pena alternativa a favor de los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley con los cuales se llegue a acuerdos humanitarios”.

“El Gobierno Nacional podrá exigir las condiciones que estime pertinentes para que estas decisiones contribuyan efectivamente a la búsqueda y logro de la paz”, afirma la ley.

Sin embargo, expertos analizaron que esta posición también sería inviable, ya que iría en contra del Derecho Internacional y que podría, incluso, ser causal de la llamada “justicia aparente”, principal hecho que conlleva la intervención de la Corte Penal Internacional.

Iglesia apoya la medida

Paralelamente, el cardenal de Bogotá, Pedro Rubiano, calificó de positiva la propuesta gubernamental a pesar de la polémica.

“La Iglesia respalda todas las propuestas encaminadas a la paz, como la de entregar beneficios a los que se desmovilicen con secuestrados abordo”, manifestó Rubiano.