Como ilegal e inconveniente calificaron varios juristas la creación de un tributo para los que acuden a la justicia a demandarCRÍTICAS EN contra y a favor ha suscitado el proyecto de ley creado por el Gobierno que busca cobrar un impuesto a aquellos que acuden a la justicia para demandar.
Aunque la iniciativa fue radicada en diciembre pasado por el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, y aún falta más de un mes para que el Congreso entre a funcionar, el radicado ya levantó ampolla entre varios sectores políticos del país.
Cabe recordar que con este proyecto, junto al de ley de pequeñas causas y al de descongestión judicial, el Gobierno pretende aliviar la actual congestión que vive la justicia colombiana.
Como inaceptable calificó el ex candidato presidencial y presidente del Polo Democrático, Carlos Gaviria, este proyecto.
“Esto es un pésimo mensaje, el abrir la puerta para que uno de los pocos beneficios esenciales del Estado que es gratuito, como es el de la administración de justicia, se vuelva oneroso”, dijo Gaviria, quien también fue presidente de la Corte Constitucional.
El jurista manifestó que es absurdo cobrar por un servicio que es esencial y lo comparó con la seguridad: “De la misma manera que ya se cobra por la seguridad, y como lo dijo un alto funcionario una vez, quien quisiera más seguridad en Colombia se la costeará”.
“El servicio de seguridad y el de justicia son los servicios esenciales del Estado y por eso no se puede cobrar por ese tipo de servicios”, puntualizó Gaviria.
Por su parte, el presidente de Asonal Judicial, Fabio Hernández, aseguró que este proyecto de ley “afecta a sectores populares, sectores que no tienen recursos para atender estas circunstancias, y se viola el principio de la gratuidad de la justicia, pero sí creemos que sectores como el financiero, grandes empresarios que viven empleando y congestionando la justicia, por ejemplo en el caso de los ejecutivos hipotecarios donde vienen despojando a muchos colombianos de su vivienda cuando no pueden pagar los altos intereses. Por tanto, ellos sí congestionan el aparato judicial, especialmente en el campo civil”.
Hernández, representante de los trabajadores judiciales, señaló que debería colocarse un tope, un piso, es decir, partiendo de una suma considerable, cuando el asunto fuere de una suma alta, y así colocar el arancel a la persona que termina finalmente ganando el proceso.
“Pero no puede ser a aquel que discute por la propiedad de una vivienda de 80 o 90 millones de pesos, porque esas no son unas cifras que indiquen la capacidad económica. Creemos que en eso hay que hacerse claridad antes que cometer una injusticia”.
El representante de Asonal indicó que el Gobierno en común acuerdo con los trabajadores presentaría este proyecto para obtener 25 mil millones de pesos para pagar sus salarios, pero aún no sabe si el proyecto como está planteado todavía tiene ese mismo objetivo.
Por otro lado, el ex procurador general Jaime Bernal Cuéllar se mostró de acuerdo con el impuesto: “Es un gravamen para las personas que de una u otra forma acuden a la justicia administrativa. Desde luego que en eso debe caerse en cuenta la naturaleza del pleito y las condiciones de la persona que está haciendo la solicitud de administración de justicia”.
En materia de justicia penal, Bernal Cuéllar afirmó que tiene que buscarse una solución para el continuo abuso de formulación de denuncias. “Desde luego hay normas que sancionan penalmente a quien formule denuncias infundadas. Pero yo creo que hay que buscarse un mecanismo de multas y aranceles para evitar estas actuaciones”, enfatizó el ex procurador.
En este punto, Carlos Gaviria aseguró que basta con las sanciones que contemplan las normas cuando se abusa de las denuncias penales.
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