Congresistas del Polo Democrático, del Partido Liberal y algunos uribistas votarán negativamente la iniciativa en su totalidad o parcialmenteEL PROYECTO de ley que podría dejar en libertad cerca de 20 mil desmovilizados de las autodefensas, está enlodado en la plenaria de la Cámara de Representantes en su último debate.
La iniciativa, que hace parte de los proyectos radicados por el Gobierno para descongestionar la justicia, tiene divididos a los representantes en la Cámara.
El Polo Democrático y el Partido Liberal dijeron que no apoyarán la iniciativa, y algunos parlamentarios de la coalición del Gobierno anunciaron que darán su voto negativo parcial, y algunos independientes condicionaron su voto.
“Es un proyecto de autoría de la Fiscalía General de la Nación que nosotros vamos acompañar siempre y cuando la responsabilidad política en la toma de las determinaciones únicamente y exclusivamente recaiga sobre el fiscal general que nombre fiscales delegados o especializados”, dijo el representante David Luna.
Por su parte, el parlamentario del Polo Germán Navas Talero dijo: “Es una herramienta muy peligrosa para entregárselo al fiscal y que terminará beneficiando a los delincuentes que han violado derechos humanos y han cometido genocidios. No comparto ese principio de oportunidad. El señor fiscal está muy interesado en ese proyecto para perdonar a 19 mil delincuentes”.
Sin embargo, uno de los ponentes de la iniciativa, el representante a la Cámara William Vélez defendió el proyecto y predijo que éste no tendrá mayores problemas para que se aprobado en la corporación.
“Falta su último debate, y creo que hay buen ambiente para ser aprobado”, dijo Vélez.
Según el congresista del movimiento Colombia Democrática, la iniciativa busca crear una herramienta jurídica para que el fiscal busque solucionar la situación jurídica a favor de casi 20 mil desmovilizados que tiene el país, con previa confesión de sus delitos.
Por otro lado, el congresista Roy Barreras se opuso a que sea aprobado un artículo del proyecto de ley: “Ese proyecto incluye un artículo que le permite la utilización también para el narcotráfico, y resulta que a mí me parece que es un riesgo muy grande de que los mafiosos terminen en la impunidad por cuenta de las virtudes del principio de oportunidad. Entonces yo estoy de acuerdo con que se apliquen otros tipos penales a la descongestión de la justicia”.
Sin embargo, el legislador del Partido de la U aseguró que el principio de oportunidad es útil para desmantelar bandas criminales grandes, dándole al fiscal la posibilidad de suspender el juicio del delincuente que delate a sus superiores de la organización criminal.
Qué contempla el principio de oportunidad
El proyecto inicia así: “La Fiscalía General de la Nación, en la investigación o en el juicio, hasta antes de la audiencia de juzgamiento, podrá suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal, en los casos que establece este código para la aplicación del principio de oportunidad”.
El principio se aplicará solamente cuando se trate de un delito sancionado con pena privativa de la libertad cuyo máximo no exceda los seis años, siempre y cuando se haya reparado integralmente a la víctima.
También se podrá aplicar cuando la persona sea entregada en extradición a causa del mismo delito, cuando el acusado colabore eficazmente para evitar que el delito continúe ejecutándose o cuando suministre información eficaz para la desarticulación de bandas de delincuencia organizada, y cuando se comprometa a servir como testigo de cargo contra los demás procesados.
Los integrantes de bandas dedicadas al narcotráfico también se verán beneficiados con el principio de oportunidad, si colaboran con la justicia.
El proyecto de ley contempla que cuando la Fiscalía ha concedido el principio de oportunidad, el entre investigador dará un período de prueba de tres años al beneficiado, exigiéndole unas condiciones, entre las que se encuentran:
Residir en un lugar determinado e informar al fiscal del conocimiento cualquier cambio del mismo, participar en programas especiales de tratamiento con el fin de superar problemas de dependencia a drogas o bebidas alcohólicas, prestar servicios a favor de instituciones que se dediquen al trabajo social a favor de la comunidad, someterse a un tratamiento médico o psicológico, no poseer o portar armas de fuego, no conducir vehículos automotores, naves o aeronaves, la realización de actividades a favor de la recuperación de las víctimas, la manifestación pública de arrepentimiento por el hecho que se le imputa y la obligación de observar buena conducta individual, familiar y social, entre otros.
Según la iniciativa, una vez se cumpla el período de prueba y se haya verificado el cumplimiento de las condiciones, el fiscal ordenará el archivo del proceso del desmovilizado.
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