Proyecto de ley de víctimas tendrá su último debate

“Nosotros nos mantenemos en nuestra posición, esperamos que el Gobierno en esta última semana de trabajo acepte el reconocimiento de víctimas de agentes del Estado”: Guillermo Rivera

Con poco optimismo, pero dispuestos a dar la pelea hasta el final, hoy los ponentes y las organizaciones sociales que impulsan la ley de víctimas se preparan para no ceder en temas fundamentales.

“Nosotros nos mantenemos en nuestra posición, esperamos que el Gobierno en esta última semana de trabajo acepte el reconocimiento de víctimas de agentes del Estado para la reparación administrativa, que acepte reabrir la discusión del tema de la buena fe para que a las víctimas no se les pongan límites en el tiempo para su reconocimiento, y le pedimos al Gobierno que acepte nuestra posición de restitución patrimonial y no sólo restitución de inmuebles”, dijo el representante liberal Guillermo Rivera.

“Vamos a insistir por lo menos en el texto del Senado. Si no es así, pues yo creo que la ley se va a hundir porque el Gobierno lleva dos años tratando de hundirla por la puerta de atrás”, señaló el senador Juan Fernando Cristo.

Sin embargo, tanto Rivera como el representante Carlos Arturo Piedrahita le dijeron a EL NUEVO SIGLO que el Gobierno ha sido sordo ante los reclamos de la oposición y no ve que pueden producirse cambios significativos frente a la posición del uribismo.

Ambos reiteraron la posición de los voceros de las víctimas en el sentido de que es mejor que se hunda antes de que se apruebe el proyecto como está.

El semestre pasado el Gobierno y la oposición se enfrentaron en un largo debate por los cambios que sufrió el proyecto en la Comisión Primera de la Cámara.

En esa ocasión, los congresistas liberales y del Polo mostraron su desacuerdo e incluso amenazaron con la posibilidad de hundir la propuesta si las modificaciones se mantenían. En un comunicado, el Partido Liberal dijo que el Gobierno y sus mayorías “descuartizaron” la propuesta.

En esa época, la llamada “aplanadora de la coalición” determinó que la reparación a las víctimas de agentes del Estado solamente podría darse después de una sentencia judicial en firme, lo que alargaría el tiempo del proceso legal para las víctimas.

Además, se estableció que debía existir un tope pecuniario de 18 millones de pesos para la reparación de los afectados por el accionar de los agentes del Estado, cosa que no sucede en la actualidad, pues los montos pueden ser mucho más altos.

Ese día se aprobó, además, que las víctimas tendrían solamente dos años para acreditarse como tales y así poder ser reparadas. Pasado ese tiempo, no podrían reclamar ningún tipo de beneficio.

En la actualidad no existen esos límites.

Segundo

Hoy, en el orden del día de la plenaria de la Cámara, el proyecto de ley número 044 de 2008 Cámara, 157 de 2007 Senado, “por la cual se dictan medidas de protección a las víctimas de la violencia”, ocupa el segundo lugar.

Los impulsores de la iniciativa son conscientes de que el tiempo es su peor enemigo, lo mismo que la falta de voluntad del Gobierno, que tiene centrada su energía en la reforma política y el referendo reeleccionista.

“El Gobierno quiere que agilicemos la discusión retirando la votación nominal y retirando algunas proposiciones, pero no podemos ceder”, señaló Rivera.

Los voceros de las organizaciones sociales señalan que el problema no es que se hunda el proyecto sino que salga una buena ley que recoja las necesidades de 4 mil víctimas en el país.