Piden esfuerzos para sacar adelante arancel judicial

Consejo de Estado y corporaciones financieras piden que sea la Nación la que asuma ese arancel cuando haga parte del pleito.

UN INTENSO debate en el Congreso de la República ha generado el estancamiento del proyecto de ley que establece el arancel judicial para acceder a la administración de justicia, que se encuentra para su tercer debate en la Cámara de Representantes.

El proyecto de iniciativa gubernamental y que grava con un dos por ciento de la indemnización total a quien interponga la demanda, ha sido ampliamente objetado por gremios económicos, en especial el sector financiero, que es uno de los que más se ven involucrados en pleitos administrativos.

Sin embargo, el ponente de la iniciativa, el representante a la Cámara de Representantes Carlos Alberto Zuluaga, aconsejó al sector bancario que haga un esfuerzo para dar solución al problema del déficit que vive la justicia colombiana.

“Nosotros les aconsejamos que hay que hacer un esfuerzo para saldar el déficit de la Rama y el tema de la descongestión judicial”, dijo el representante Zuluaga.

El parlamentario explicó que el debate radica en que los empresarios piden que en los pleitos con el Estado sea este último el que corra con el gasto del arancel judicial.

“Al sector bancario no le gusta mucho el arancel; hay unos presidentes del sector económico que no les agrada por el tema del arbitramento, porque es entre particulares, entonces ellos piden que se les ponga arancel a las entidades del Estado y paguen ese dos por ciento cuando haya pleitos con el Estado”, dijo.

Pero “se aprobó un artículo -agregó Zuluaga- que propusieron ellos allá, el sector privado, que tiene que ver con que gracias al arancel no se vaya a permitir que el día de mañana el Gobierno empiece a recortar el presupuesto de la Nación a la Rama”.

Según Carlos Alberto Zuluaga, es imposible saldar el déficit del presupuesto que tiene la Rama Judicial, y quitarle un peso al presupuesto de cualquier área de inversión para ponerlo en la Rama arrastra un déficit histórico muy largo, por lo que había que examinar un mecanismo para conseguir los fondos de la Rama.
“Entonces se llegó al arancel, que va a cobrar un dos por ciento para los demandantes en las áreas civil, administrativas y sobre todo, en los arbitramentos”, dijo el congresista.

Por otro lado, este Diario habló con el presidente del Consejo de Estado, Rafael Ostau de Lafont Pianeta, quien ratificó que le ha pedido al Congreso que analice el proyecto para que no se le cobre el arancel judicial a los más débiles cuando demanden al Estado.

“Lo que implica en materia contenciosa es que le pedí al Congreso que analizara con detenimiento cómo en los procesos contenciosos, en muchos casos, si no la mayoría, sería injusto que el administrado agredido por el Estado, después de unos años de lucha judicial, se le reconozca una indemnización y tenga que aportar, tenga que pagar (el arancel). Por ejemplo, en los procesos de acción de reparación directa con acción de nulidad y restablecimiento, cuando el particular demanda un acto administrativo que lesiona algún derecho suyo”, dijo De Lafont Pianeta.

Según el presidente del alto Consejo, él ha sido partidario de que esa regulación sólo se refiera a aquellos procesos en los que hay verdaderos conflictos de intereses económicos entre las partes.

Piden acelerar legislatura en 24 días (10 de sesiones)

Hay dos obstáculos: el poco tiempo disponible y el ausentismo de los congresistas en comisiones y plenarias.

UNA “RESPETUOSA invitación” les extendió este fin de semana el presidente Álvaro Uribe a los congresistas, para que “avancen con prontitud y espíritu patriótico el estudio de la agenda legislativa”.

En carta que le hizo llegar el mandatario al presidente del Congreso, Javier Cáceres, expresó especial interés en trece proyectos de iniciativa gubernamental.

Sin embargo, las posibilidades efectivas de lograr acelerar el trámite de las iniciativas tropiezan con dos obstáculos que se cruzan entre sí.

El primero es el tiempo. El primer período de la presente legislatura concluye el 16 de diciembre. Son 24 días de los cuales, al ritmo normal del Congreso, solo 10 serían de sesiones en comisiones o plenarias.

El otro es el ausentismo, al que ya Cáceres busca ponerle freno con la ayuda del contralor Julio César Turbay y el procurador Alejandro Ordóñez.

Trece proyectos

Estos son los proyectos por los que el presidente Uribe abogó:

1 – Dosis personal. Proyecto de Acto Legislativo 20/09 Senado. 285/09 Cámara. Por el cual se reforma el artículo 49 de la Constitución Política, conocido como el de la dosis personal. Pendiente de debate en segunda vuelta del Senado.

2 – Reforma Política. Reglamentación de la Reforma Política. Proyecto Legislativo 47/09 Senado. 174/09 Cámara. Acumulado 088/09 Cámara. Por medio del cual se reglamenta el acto legislativo número 01 de 2009 y se modifica y adiciona la Ley 130 de 1994. Se encuentra pendiente de primer debate en comisiones primeras conjuntas.

3 – DAS. Proyecto Legislativo 189/09 Cámara. 185/09 Senado. Por el cual se suprime el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y se crea el Departamento Administrativo denominado Agencia Central de Inteligencia de Colombia (ACI), entidad que se conformará para expedir normas relacionadas con el régimen de personal y la creación de un sistema específico de carrera administrativa en la nueva agencia, el cambio de usuarios y titulares del certificado judicial, la reasignación de funciones y competencias de la entidad suprimida a otras del poder público y se dictan otras disposiciones. Se encuentra pendiente de primer debate en comisiones primeras conjuntas.

4 – Descongestión judicial. Proyecto Legislativo 197/08 Senado. Por el cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial. Pendiente de plenaria en Senado y debates en Cámara.

5 – Código Nacional de Policía. Proyecto Legislativo 11/08 Cámara. Por el cual se expide el Código Nacional de Policía. Pendiente de plenaria en Cámara y debates en Senado.

6 – Delitos menores. Proyecto Legislativo 023/09 Senado. Por medio del cual se establece el tratamiento de los delitos menores. Pendiente de primer debate en Comisión Primera de Senado.

7 – Fraude. Proyecto Legislativo 186/09 Senado. Por el cual se modifica el Código Penal creando el delito de fraude al apoyo económico directo o incentivo. Pendiente de primer debate en Comisión Primera de Senado.

8 – Arancel judicial. Proyecto Legislativo 188/09 Senado. 232/08 Cámara. Por el cual se regula un arancel judicial. Pendiente de debates en Senado.

9 – Justicia y Paz. Proyecto Legislativo 288/09 Senado. Por medio del cual se modifica el artículo 72 de la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz). Pendiente de plenaria en Senado y debates en Cámara.

10 – Estatuto Tributario. Proyecto Legislativo 05/09 Cámara. 195/09 Senado. Por medio del cual se adiciona parcialmente el Estatuto Tributario. Pendiente de primer debate en comisiones terceras conjuntas.

11 – Crédito público. Proyecto Legislativo 357/09 Cámara. 309/09 Senado. Por el cual se amplían las autorizaciones conferidas al Gobierno Nacional para celebrar operaciones de crédito público externo e interno, y operaciones asimiladas, y se dictan otras disposiciones. Pendiente de plenaria en Cámara.

12 – Suerte y azar. Proyecto Legislativo 04/09 Cámara. Por el cual se modifica parcialmente la Ley 643 de 2001, que fija el régimen propio del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar. Pendientes plenarias en Senado y Cámara.

13 – Transportes masivos. Proyecto Legislativo 197/09 Cámara. Por el cual se modifica el parágrafo segundo del artículo 53 de la Ley 1151 de 2007, Plan Nacional de Desarrollo, con relación al recaudo de los sistemas de transporte masivos en el país. Pendiente de primer debate en Comisión Tercera de Cámara.

Otros proyectos en espera

De los proyectos anunciados el 20 de julio por el ministro del Interior, Fabio Valencia, están a la espera de completar su trámite, unos más avanzados que otros:

- Tributos de Entes Territoriales (Ministerio de Hacienda y Crédito Público).
- Estatuto de Seguridad Privada (Ministerio de Defensa Nacional).
- Facultades extraordinarias para expedir normas relacionadas con el personal de carrera de la Fuerza Pública (Ministerio de Defensa Nacional).
- Ley Estatutaria de Seguridad y Defensa (Ministerio de Defensa Nacional).
- Educación Militar para las Fuerzas Militares (Ministerio de Defensa Nacional).
- Reforestación Comercial (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural).
- Acuerdo Medio Ambiente Canadá-Colombia (Ministerio de Comercio Exterior).
- Acuerdo Laboral con Canadá (Ministerio de Comercio Exterior).
- Acuerdo Libre Comercio con Canadá (Ministerio de Comercio Exterior).
- Seguro de Desempleo (Ministerio de Protección Social).
- Superintendencia de Puertos y Transporte (Ministerio de Transporte).
- Reposición Parque Automotor (Ministerio de Transporte).
- Motos (Ministerio de Transporte).

Huelgas de funcionarios judiciales son ilegales, determina la Corte Suprema de Justicia

Sala de conjueces del alto tribunal dijo que es un servicio público esencial que no se puede suspender. La decisión desató la protesta de Asonal, que anunció denuncia ante organismos internacionales.

En adelante, paros como el que el año pasado tuvo frenada la justicia por mes y medio y que llevó a la declaración de la Conmoción Interior serán considerados ilegales y quienes participen en ellos se exponen a perder sus puestos de trabajo.

Esa fue la decisión que tomó ayer una sala de conjueces de la Corte Suprema. La determinación se da en momentos en que funcionarios de la Rama Judicial, agremiados en Asonal Judicial, negocian un pliego de peticiones con el Gobierno y el Consejo Superior de la Judicatura para evitar un nuevo cese de actividades.

Los cinco integrantes de la Sala Laboral de la Corte se declararon impedidos en ese caso y por eso la determinación quedó en manos de conjueces.

Estos determinaron de manera unánime que la Constitución y la ley dicen claramente que la justicia es un servicio público esencial y que por eso es ilegal que los servidores de la Rama vayan a huelga.

"Los Jueces de la República no hacen parte de la Rama Ejecutiva y tampoco son empleados gubernamentales, por lo que resulta inapropiado argüir el incumplimiento de las obligaciones patronales del Gobierno nacional como justificación de una suspensión o paro colectivo de trabajo", señala la decisión.

La sala confirmó un fallo inicial del Tribunal Superior de Bogotá, que había declarado ilegal el paro promovido por Asonal Judicial el 3 de septiembre del año pasado y que logró tumbar el concurso de méritos ordenado por la ley para llenar las vacantes en la Fiscalía.

Otro argumento de los conjueces fue que el Gobierno no es el jefe de los jueces y fiscales, sino que su papel se limita a fijarles el régimen salarial. La decisión advierte que los servidores judiciales están vinculados como empleados públicos y el Código Sustantivo de Trabajo no les permite la creación de sindicatos. Este derecho sólo pueden ejercerlo los trabajadores oficiales.

"Significa lo anterior que habiendo el legislador calificado la administración de justicia como un servicio público esencial, y no estando garantizado el derecho de huelga en los servicios públicos esenciales, resulta contrario al texto de la Constitución alegar que la suspensión o paro colectivo de trabajo promovido por Asonal-Judicial y llevado a cabo a nivel nacional por sus afiliados halla su justificación en el incumplimiento de las obligaciones patronales del Gobierno", concluye el fallo.

Asonal irá a la OIT a denunciar fallo

El presidente de Asonal, Fabio Hernández, dijo que acudirán ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para denunciar lo que denominó un ataque al sindicalismo en Colombia. El dirigente sindical calificó el fallo como "un desafuero, una vergüenza y un abuso contra los funcionarios judiciales" y un obstáculo para impedir que los jueces se asocien. "Lo único que le faltó a la sentencia es que nos prohibieran hablar", agregó Hernández. El Presidente de Asonal señaló que la negociación con el Gobierno continúa, pues hay avances en ella. Advirtió que si no hay acuerdo irán a paro.