Justicia electrónica comenzó a abrirse paso en Colombia

El miércoles se aprobó en primer debate el proyecto que expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CON LA aprobación el miércoles, en su primer debate, del proyecto que expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Comisión Primera del Senado comenzó a permitir el avance de la justicia electrónica (e-justicia) en Colombia.

En la ponencia aprobada, el coordinador de ponentes, Héctor Helí Rojas, y los senadores Javier Cáceres, Samuel Arrieta, Gustavo Petro, Roberto Gerléin y Marco Alirio Cortés, consignaron que “aunque el uso de medios tecnológicos ya se encuentra generalizado en nuestra administración pública, se aprovecha el Código para introducir un conjunto de disposiciones que permitan hacia el futuro explotar adecuadamente los avances tecnológicos y las posibilidades que brindan las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para modernizar y racionalizar el funcionamiento interno de la administración, al mismo tiempo que se utilizan como un medio de acortar las distancias entre los ciudadanos y las autoridades”.

TIC

Como lo publicó hace un par de semanas EL NUEVO SIGLO, Colombia avanza, aunque lentamente, en la adopción de la justicia electrónica, o e-justicia, de la mano del plan Modernización Tecnológica de Administración Judicial, que adelantan el Gobierno y la rama judicial.

“Si bien se reconoce que estas tecnologías brindan una oportunidad de modernización y eficiencia”, indicó la ponencia, “también es claro para la Comisión que su utilización puede prestarse para actividades fraudulentas, razón por la cual se introducen las exigencias legales necesarias para que las actuaciones que se adelanten a través de estos medios se encuentren revestidas, siempre que la naturaleza del acto lo amerite, de las suficientes garantías de seguridad sobre la autoría de los documentos electrónicos, su integridad y su conservación, remitiendo siempre a las normas que regulan la materia, es decir, la Ley 527 de 1999 sobre comercio electrónico”.

“Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son una gran herramienta para lograr que la gestión de la justicia colombiana sea mucho más eficiente y mucho más oportuna para los ciudadanos”, le dijo hace unos días a este Diario la ministra de Comunicaciones, María del Rosario Guerra.

Sin embargo, el proyecto no solo impulsa las TIC en la justicia, sino dentro de la administración: “Del capítulo sobre la utilización de medios electrónicos en la administración, uno de los aspectos a destacar es el derecho que se confiere a las personas de actuar ante las autoridades a través de estos medios, lo cual implica que las autoridades deberán habilitar las herramientas electrónicas que permitan a todas las personas ejercer este derecho. Por lo anterior, el proyecto posibilita la actuación administrativa sin papel, pues desde la petición inicial hasta el acto administrativo que decide el caso, así como las notificaciones, la presentación de los recursos contra la decisión, pasando por la configuración del expediente electrónico y su archivo, podrán hacerse por vía electrónica”.

El miércoles, en la Comisión, el magistrado Rafael Ostau, presidente del Consejo de Estado, indicó que “si nosotros logramos que la administración sea mucho más eficiente en sus relaciones con los administrados, cada vez más ese administrado requerirá menos del juez contencioso, y con eso pensamos combatir la congestión”.

“Sin perjuicio de lo anterior”, precisó la ponencia, “se decide mantener como una garantía y como mecanismo de transición la utilización de los medios tradicionales para los sectores de la población que no pueden acceder a estas modalidades de comunicación, de manera que la utilización de sistemas de información no se constituya en una carga adicional para la población de escasos recursos”.

Modernización

En el campo de la administración de justicia, el objetivo del plan de modernización es “lograr un ejercicio eficiente de la función judicial y administrativa de los despachos judiciales en todos los niveles y para todas las actuaciones, para aumentar la productividad y el rendimiento de los despachos judiciales y mejorar la calidad del servicio público, básico y esencial de administración de justicia”.

“Uno de los objetivos es lograr el aprovechamiento de todos los recursos tecnológicos en aquellas materias, en aquellos procesos, en aquellas jurisdicciones donde eso es posible”, le comentó a este Diario el magistrado Ricardo Hernando Monroy, vicepresidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

Para Ana Cecilia Mejía, directora administrativa de la corporación Colombia Digital, “si bien el tema ha tenido algunos avances, todavía lo que tiene pendiente la justicia son retos frente a las oportunidades que ofrece el poder apropiar las TIC para beneficio de la justicia y del ciudadano”.

“El andamiaje del sistema debe sufrir una revolución lo suficientemente grande para que la adecuada y efectiva aplicación de la política, desde la cabeza de la entidad, apropie el tema”, expresó Mejía.

Efectivamente, “se requiere un marco normativo que, por ejemplo, acepte que las notificaciones se puedan hacer por mensajes de texto de un teléfono móvil o a través de Internet, que acepte la huella digital o que no se exija la notificación personal, sino que se pueda hacer electrónica. Tenemos que seguir avanzando”, señaló la ministra Guerra.

“Viene una reforma procesal en lo contencioso”, indicó sobre el tema Gloria María Borrero, directora de la corporación Excelencia en la Justicia.

“Estoy convencida de que es a través de la tecnología que vamos a solucionar muchos problemas que tiene la justicia”, le manifestó Borrero a este Diario, dificultades que no son “solo de congestión”, sino “de acceso de información”.