Después de cinco intentos fallidos el Gobierno logró proscribir el porte y consumo de pequeñas cantidades de drogas ilícitas.LEJOS DE cerrarse la polémica acerca de la conveniencia de prohibir el porte y consumo de la dosis mínima, la aprobación de la reforma al artículo 49 de la Constitución generó un fuerte debate.
Colombia, después de cinco intentos fallidos y en contravía de la tendencia internacional, aprobó una ley que prohíbe la tenencia y consumo de dosis mínimas de sustancias estupefacientes o psicotrópicas.
El ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia, siguiendo el tono de la exposición del senador Héctor Helí Rojas, coordinador de ponentes de la iniciativa, acusó al ex magistrado Carlos Gaviria del incremento en el consumo de drogas: “Carlos Gaviria no sabe el mal que le hizo al país cuando despenalizó el porte de la dosis personal. Con eso se disparó el consumo y apareció el fenómeno del micronarcotráfico”.
Gaviria se limitó a considerar que con la reforma constitucional “retrocedimos de manera significativa. Es un proyecto antitécnico porque en el derecho penal no hay prohibiciones, hay conductas punibles”.
Por su parte, el senador Gustavo Petro, del Polo Democrático, al igual que Gaviria, desestimó el valor de la prohibición que, en su concepto, asume que los jóvenes son unos “cuadrapléjicos mentales”, rechazando la “intromisión del Estado en los espacios íntimos de las personas”; con lo cual rescataba, precisamente la tesis de la sentencia C-221 de 1994, a la que se refirió Valencia cuando de la despenalización de la dosis personal, alegando el libre desarrollo de la personalidad.
La reforma a la Constitución, que se convirtió en los últimos años en una obsesión personal del presidente Álvaro Uribe, establece que sólo se permitirá la tenencia y el consumo de dosis mínimas de drogas si existe una prescripción médica (ver recuadro).
Para Valencia, se trata de “un paso histórico en la lucha contra el narcotráfico, la producción y, especialmente, el consumo de la droga”. Desde el punto de vista del Gobierno, no tiene coherencia exigir una lucha frontal contra el narcotráfico y facilitar el consumo de drogas. Según el funcionario, “penalizamos al jíbaro y ayudamos al adicto”.
El vicepresidente Francisco Santos indicó que con este marco legal “combatiremos uno de los elementos más nocivos de la seguridad pública como es el micro narcotráfico, que era aprovechado por la falta de legislación que teníamos”. Según Santos, “fue por esto que pasamos de un país de consumo bajo, a uno de consumo medio. La Ley nos va permitir atacar a los jíbaros de manera más efectiva”.
Además, Valencia aseguró que el Gobierno está en la tarea de catalogar como “olla” a los lugares públicos o privados donde se consuma y se venda droga.
“No hay penalización para el consumidor. Ésta no es una reforma para penalizar al adicto, no hay sanción, lo que hay es ofrecimiento por parte del Estado de tratamientos para los adictos, es decir, las personas que están enfermas por esta adicción, van a ser acompañados por el Estado, a través de medidas administrativas de carácter pedagógico y de tratamiento médico, de otro lado, los jíbaros o distribuidores de drogas ilícitas serán perseguidos sin contemplación, así como las ollas donde se venden y distribuyen esas drogas”, explicó Valencia.
Sin embargo, fue un miembro de la bancada de gobierno quien desmintió al ministro Valencia. “Es mentira que con eso van a acabar con el consumo, con las ollas y con los jíbaros”, manifestó el senador Armando Benedetti, del Partido Social de Unidad Nacional (La U).
Valencia indicó que “esta es la ley para la familia colombiana, porque el drama silencioso que viven miles y miles de familias que tienen una persona enferma”.
Pero el senador Juan Manuel Galán, vocero del Partido Liberal en la cámara alta, lamentó que el ministro Valencia “sea un adicto a las prohibiciones”. Para Galán, la reforma constitucional va en contravía de la tendencia mundial que “privilegia la prevención sobre el prohibicionismo”.
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