Fue denunciado el artículo de las inhabilidades para ocupar cargos públicos. Corte Constitucional también revisará el transfuguismo.TRAS HABERSE hundido en el Congreso la reglamentación de la reforma política, esta norma ahora tendrá que afrontar un nuevo embate ante la Corte Constitucional, por cuenta de dos demandas que ya están siendo examinadas por el alto tribunal.
Mañana, la Sala Plena del máximo tribunal constitucional revisará la primera de ellas, que fue interpuesta contra el artículo que contempla las inhabilidades para ocupar cargos públicos.
El artículo acusado dice: “Nadie podrá ser elegido para más de una Corporación o cargo público si los respectivos períodos coinciden en el tiempo. La renuncia un año antes de la elección al cargo al que se aspire elimina la inhabilidad”.
La demanda fue instaurada a nombre de varios concejales y diputados que verían truncadas sus aspiraciones de llegar al Congreso en el 2010.
De hecho, los últimos debates sobre la norma en la Cámara fueron controversiales, pues concejales y diputados denunciaron que no había igualdad de condiciones para acceder a cargos públicos.
Transfuguismo La otra demanda que reposa en la Corte Constitucional es la que tiene que ver con uno de los aspectos que causó más debate y controversia en el trámite de la reforma política en el Congreso: el transfuguismo. “Dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigencia del presente acto legislativo, autorízase, por una sola vez, a los miembros de los Cuerpos Colegiados de elección popular, o a quienes hubieren renunciado a su curul con anterioridad a la vigencia del presente acto legislativo, para inscribirse en un partido distinto al que los avaló, sin renunciar a la curul o incurrir en doble militancia”, dice el parágrafo transitorio del artículo primero demandado.
El procurador Alejandro Ordóñez le solicitó a la alta corte declarar exequible el parágrafo demandado, pues según el funcionario, el transfuguismo se debió solo a una sana reorganización de las fuerzas representadas en el Congreso.
“El Congreso no se extralimitó en el ejercicio de sus competencias -como argumentó la demanda-, sencillamente se concedió a través del parágrafo acusado un término prudencial de dos meses, para que los miembros de corporaciones públicas de elección popular puedan ajustarse a los lineamientos del nuevo régimen electoral -que sigue y refuerza la orientación ideológica de la reforma constitucional de 2003-, sin ver menoscabadas sus legítimas expectativas políticas y permitiendo una sana reorganización de las fuerzas representadas en el Congreso de la República”, dice el concepto del Ministerio Público.
Sin embargo, esta demanda, cuyo ponente es el magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, será estudiada por la Sala Plena de la Corte Constitucional hasta el próximo año, pues la de mañana es la última sala que realizará la corporación en 2009.
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