jueves, 14 de enero de 2010

Corte podría pronunciarse sobre competencia del Congreso en referendo: Nilson Pinilla


El procurador Alejandro Ordóñez había señalado en su concepto que el tribunal constitucional solo debía ocuparse de sus aspectos formales.

ADMITIENDO QUE, como lo recordó el procurador Alejandro Ordóñez, la Corte Constitucional debe ocuparse de la forma y no del fondo del referendo reeleccionista, el magistrado Nilson Pinilla, presidente del tribunal, anunció que hay por lo menos un vicio de procedimiento que podría llevar los juristas de la corporación a pronunciarse sobre el contenido de la norma.

“El análisis, en principio, es sobre la tramitación dentro del Congreso de la República y en los pasos previos”, expresó ayer Pinilla.

“O sea”, explicó, “todo el acto complejo que condujo a la expedición de esa ley, mediante la cual se convoca a un referendo; si tiene vicios de trámite, de procedimiento”.

“Sin embargo, ha venido haciendo carrera una tesis, según la cual dentro de esos vicios de procedimiento está un vicio de competencia, en la medida de que el Congreso tiene o no la facultad para reformar la Constitución en ciertos puntos”, le manifestó el jurista a Radiosucesos RCN, precisando que se discute dicha competencia “cuando se trate de un asunto que afecte estructuralmente los fundamentos básicos del Estado social de derecho”.

En su concepto, el procurador Ordóñez consideró el martes, citando apartes de la sentencia C-551 de 2003, que “no le corresponde entonces a la Corte examinar si los contenidos materiales de una ley que convoca a un referendo son o no constitucionales, ni mucho menos políticamente oportunos, sino que debe exclusivamente estudiar si el procedimiento de formación de esa ley se ajusta o no a las exigencias constitucionales, puesto que la ley de referendo está orientada a reformar (esto es, a contradecir materialmente) el ordenamiento constitucional vigente hasta ese momento”.

Competencia

Sobre el vicio de competencia y cómo se ubica en un límite difícil de concretar entre lo formal y lo de fondo, se expresaron el ex magistrado Alfredo Beltrán, el ex procurador Edgardo Maya y las juristas Fanny Lucía Castellanos y Carmenza Isaza en la intervención presentada el año pasado al sustanciador del referendo en la Corte Constitucional, Humberto Sierra.

Para ellos, “es indudable que la reforma a la Constitución se realiza en ejercicio del poder político pero éste conforme a la Carta de 1991 aún ejercido por el pueblo como titular de la soberanía debe sujetarse a lo prescrito en la Constitución”, y se remiten a que “un referendo constitucional no puede realizarse sino con sujeción a lo prescrito por el artículo 378 de la Carta, así como a las normas contenidas en la Ley 134 de 1994”.

“La competencia para reformar la Constitución”, explicaron, “no puede incluir en ningún caso, la posibilidad de subvertir los principios esenciales que la informan, ni la de sustituirla en su integridad”.

Los intervinientes encontraron que en la ley 1354 de 2009, que convoca al referendo reeleccionista, “se excede el ámbito jurídico que le traza los linderos competenciales al Congreso de la República, pues él no puede convocar al desconocimiento del equilibrio entre las ramas del poder, por cuanto ello implica un exceso en la atribución que le confiere el artículo 378 de la Carta”.


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