jueves, 28 de enero de 2010

Gobierno no ha podido dejar en claro reforma a la salud



De todas partes surgen críticas lloviendo en contra de la propuesta del Gobierno de reforman el Plan de Obligatorio de Salud (POS).

Para sindicalistas metenses y de la Orinoquia la normatividad anunciada por el Gobierno de presidente Álvaro Uribe, lo que hace es igualar, por lo bajo, el POS para los regímenes contributivo y subsidiado.

La enmienda obliga, entre otras cosas, a los usuarios del régimen contributivo a echar mano de sus ahorros, cesantías, patrimonio o crédito para pagar medicina especializada.

Congresistas de la región dicen que el Gobierno se fue por el lado equivocado y que en lugar de solucionar los problemas que afectan el sistema, lo que hace es ahondarlos.

Para el sector sindical, la exigencia al Gobierno es no sólo que de claridad a los interrogantes que se están planteando frente a los decretos sino que les garantice a los colombianos un régimen de salud justo y sin atropellos.

Las voces de protesta surgen de diversos sectores y no han podido ser acalladas, a pesar de los pronunciamientos que hacen funcionarios del alto Gobierno, quienes tratan de dar respuesta a los interrogantes sobre los que aún no hay claridad.

En total son 15 los decretos que contempla la reforma al sistema de salud de los cuales hasta ahora se conocen 10.

De los que se conocen, tres son los que generan un cúmulo de dudas por la afectación que tendrán sobre los usuarios del Plan de Obligatorio de Salud (POS), contrario a lo que sucedería con quienes se benefician del régimen subsidiado.

El Gobierno decretó en diciembre pasado la Emergencia Social motivada en la crisis financiera que afronta el sector salud y liberó en forma inmediata 1,4 billones de pesos.

Igualmente trata de obtener 600.000 millones de pesos a través del aumentó al impuesto a la cerveza y los cigarrillos.

Una de las medidas que se adopta para obtener recursos es que los colombianos deberán financiar, parcial o totalmente, mediante el uso de su patrimonio personal o familiar, de sus cesantías y sus ahorros pensionales y hasta préstamos bancarios, lo que quede por fuera del nuevo POS.

Las dudas de la reforma son numerosas y una de ellas se relaciona sobre la suerte que van a correr aquellos pacientes que actualmente reciben tratamientos para combatir enfermedades que no son de alto riesgo pero que implican disponer de un tiempo prolongado para su curación.

Voceros de sindicatos, trabajadores de la salud, médicos, funcionarios estatales y congresistas expresaron sus preocupaciones por las implicaciones que la reforma causará en los usuarios contributivos, que en el Meta representa 30% de la población.

Según las cifras que manejan los sindicatos, el restante 70 por ciento se divide en 50 por ciento subsidiado y 20 por ciento que los califican como 'cotizante ocasional', que en su mayoría son independientes o subempleados.

Los sindicalistas aseguran que con la reforma lo que el Gobierno hace es nivelar el POS por lo bajo y agregan que lo que se ha hecho es una enmienda improvisada que no fue debatida.

En opinión de ellos la solución al problema de la salud parte de una política de empleo que aumente el número de aportantes al sistema y no mantener un esquema que lo que hace es incrementar en mayor margen el desempleo o el subempleo.

Para los médicos los decretos lo que hacen es limitar la remisión de pacientes a los especialistas al tiempo que los obliga a regirse por un listado de medicamentos que va primar por sobre el criterio médico.

"Esto atenta contra el libre ejercicio médico", dijo el galeno Óscar Rosero.

Consideran como injusta la amenaza de que los médicos serían multados por no actuar con base en una lista única de medicamentos y por ejercer bajo un concepto estrictamente ético, como lo sostiene el también médico y secretario de Salud de Villavicencio, Hernán Mojica.

Precisan que esa parte de la medida generaliza el tratamiento a una enfermedad cuando su sintomatología es diferente en cada paciente y no se tiene en cuenta el efecto de una medicina en un enfermo.

'El nuevo sistema divide las opiniones'

Varios usuarios beneficiarios del Sisben y del régimen subsidiado consultados por Llano 7 días, como Rosa Otíz de 54 años, afirmaron que las medidas, aunque son un poco drásticas, servirán para que se le brinde mayor oportunidad en salud a la gente pobre.

Dicen que a veces para acceder a los servicios de especialistas y exámenes es muy difícil tanto por la demanda de pacientes como por su condición de ser población vulnerable o desplazada.

Contrario a ello, empleados como Cristina Sánchez o Manuel García , manifiestan sentirse muy inconformes porque consideran un 'atentado' a su bolsillo el hecho de que si entran en vigencia los nuevos decretos tengan que pagar de más por un servicio del que, aparte de pagar cuota moderadora y copago si es beneficiario, le descuentan mensualmente por nómina el derecho a acceder al servicio.

Esto dicen los decretos

Llano 7 días preparó un resumen de lo que reseñan los decretos más controversiales (128, 131 expedidos por el Gobierno con respecto a las nuevas disposiciones que entrarían a operar en el nuevo sistema de salud).

Decreto 127: Establece el aumento a los impuestos a la cerveza, cigarrillos y juegos de azar. Una vez descontados los departamentos girarán 8 por ciento de estos recursos para la unificación de los planes de salud.

Decreto 128: Se refiere a las 'prestaciones excepcionales en salud' que entrarían a pagar parcial o totalmente los usuarios del POS contributivo. Si no tienen plata se creó un fondo especial para subsidiarlas, pero dicho fondo tendrá recursos limitados.

Decreto 131: Obliga a los médicos a formular determinadas medicinas y procedimientos basado en el 'costo-efectividad' con que la sustenten. Se darán beneficios a quienes adquieran planes de medicina prepagada.


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