Senadores y representantes que tienen título en medicina alertaron de los perjuicios que traerían al sector las medidas adoptadas por el Gobierno.A LA gran controversia que han generado los decretos de la emergencia social en el sistema de salud, incluido la fuerte oposición que han encontrado dichas medidas en el Congreso, se sumó la voz de inconformismo de los senadores y representantes que tienen el título de médicos. Este grupo reducido de congresistas, pertenecientes todos a la coalición de Gobierno, al conocer bien la profesión, lanzaron las más fuertes críticas al Gobierno y al ministro de Protección Social, Diego Palacio.
Hablamos con cuatro de estos legisladores, quienes analizaron con lupa los decretos. Algunos de ellos estuvieron presentes el jueves en el debate que realizaron las comisiones séptimas conjuntas de Senado y Cámara a la emergencia social.
La senadora del Partido Social de Unidad Nacional (La U), Dilian Francisca Toro, se refirió a cuatro temas, que según ella atenta contra la seguridad social en salud: “Primero, cómo los eventos excepcionales se van a financiar con las cesantías y pensiones, no estoy de acuerdo, creo que se está atentando contra la seguridad social”.
El segundo tema crítico, según la congresista, es la violación a la autonomía de los médicos, “porque los médicos tenemos que tener autonomía para tratar a nuestros pacientes de acuerdo a lo que aprendimos”, dijo.
Tercero, el Plan Obligatorio de Salud, “se dice que va ser en julio, pero veo el tiempo muy corto para hacer las guías, porque se tienen que hacer una guías para tener que no sea un POS solamente confinado a lo general y a lo más básico”, expresó la senadora vallecaucana.
Por último, señaló la legisladora que hay algunas cosas que tienen que ver con la contratación de los hospitales públicos con el régimen subsidiado, en donde modificaron la ley 1122, “donde queríamos que mínimo se contratara el 60 por ciento con los hospitales públicos, pero hoy colocan hasta el 60 por ciento, y eso va en detrimento de los hospitales públicos”, señaló.
El representante Roy Barreras, también de La U, indicó que este Estado de Excepción presenta dos lunares: “El primero es el que amenaza con castigar a los médicos por cumplir con su deber, con multas de hasta 25 millones de pesos, es inaceptable, inconstitucional y voy a demandar ese artículo de ese decreto ante la Corte Constitucional. El otro es el decreto que determina que si se acaba la plata del fondo excepcional, los pacientes tienen que ir a hacer cola en los bancos para que les presten. Se imagina las colas de las personas con sus balas de oxígeno y sus sueros dentro de los bancos”.
El senador Jorge Ballesteros propuso una ley estatutaria para que los usuarios tengan acceso real a la salud: “Hay que trabajar en temas estructurales para que los colombianos tengan acceso real al sistema en salud con calidad y oportunidad, y que ello mismo permita reivindicar la difícil situación de nuestros médicos”.
Ballesteros, que también milita en La U, consideró que el Gobierno puso oídos sordos a estas advertencias. “Inclusive, en la ley 1122 de 2007 aparecen taxativas muchas de las herramientas que hoy hacen parte de los decretos de la emergencia social, por lo que yo diría que al Gobierno le faltó ser operativo e implementar esas medidas a su debido tiempo”, señaló.
El representante Jorge Morales, del Partido Liberal, criticó temas como el de la tutela que la emergencia social pretende disminuir.
“Eso no es una emergencia social, sino una vergüenza nacional. Es un absurdo acabar con la tutela, porque es el único mecanismo que le queda al colombiano de a pie para exigir sus derechos. Me parece un exabrupto, una vergüenza que quieran imponerle a un médico una guía sin tener en cuenta su capacidad técnica, científica y su responsabilidad quedó amarrada a unas decisiones de un comité que no conoce esas necesidades”, aseveró Morales.
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