Falta representación en comisión de reforma judicial: Nilson Pinilla

El magistrado dijo que el alto Tribunal no tiene suficiente personal para atender los informes que rinde el Gobierno en materia de desplazados.

EN LA comisión de alto nivel para la reforma judicial que convocó el Gobierno, no tiene representación el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía, ni la academia, aseguró el presidente saliente de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla.

En diálogo, el magistrado Pinilla, quien entrega la presidencia de la alta Corte el próximo 10 de febrero, señaló además que el proceso para revisar toda la documentación e informes presentados por los gobernadores y alcaldes de ciudades capitales, sobre el desplazamiento en sus respectivas regiones, es muy lento porque el alto Tribunal no tiene el personal suficiente para hacerlo, lo que dificulta un diagnóstico del problema que aqueja a miles de familias.

También Nilson Pinilla habló de la buena disposición que tiene la Corte Constitucional para colaborar con delegados internacionales en el tema de Derechos Humanos, y dejó en claro que fue por petición directa del alto Tribunal el no integrar la comisión que estudia una reforma a la Justicia.

E.N.S.: ¿Qué tiempo se tomará la Sala Plena de la Corte Constitucional para estudiar la ponencia del referendo reeleccionista?

NILSON PINILLA PINILLA: El término es de 60 días hábiles, pero usualmente la Corte no se toma el término completo que está previsto en la ley, y en este caso específico tenemos la credibilidad de que en efecto va ser resuelto en menos tiempo. Vamos a ver, depende de muchos factores.

E.N.S.: ¿De qué factores depende la prontitud del estudio de esta ponencia?

N.P.P.: En la intensidad del debate. Es impredecible, en ocasiones hay temas que ofrecen mayor dificultad y el asunto se torna complejo y lleva tiempo.

E.N.S.: Los recursos que ofreció dar el Gobierno para los desplazados, en la audiencia que citó la alta Corte para este tema, ¿sí son suficientes para atender a esta población?

N.P.P.: Es muy difícil, porque el problema del desplazamiento es de unos volúmenes colosales. Yo no sabría calcular en dinero cuántos recursos se necesitan; lo que sí es cierto es que la Corte declaró un estado inconstitucional de cosas y tiene que cumplirse un proceso, de manera que en eso se seguirá haciendo un seguimiento pertinente hasta que el grado inconstitucional de cosas sea cero.

E.N.S.: ¿Las entidades estatales y gubernamentales han venido cumpliendo a cabalidad con esta orden de la Corte Constitucional sobre la debida atención a los desplazados?

N.P.P.: En un caso no. Hoy estamos debatiendo la petición que se había hecho y que no fue atendida, entre otros, por el gobernador del Valle del Cauca, donde se le hace una exigencia especial a ese gobernador para que cumpla lo que se le había solicitado.

E.N.S.: ¿Cuál fue la exigencia que le hizo la alta Corte al gobernador del Valle?

N.P.P.: Reportar el tema de cómo se ha venido atendiendo la situación de los desplazados en esa parte del territorio nacional. Lo que se presentó fue superficial.

E.N.S.: ¿Los otros mandatarios regionales cumplieron con la orden de la Corte?

N.P.P.: Lo que pasa es que la evaluación de eso es muy dispendiosa, porque hay que mirar una gran cantidad de documentación y de informes que la Corte Constitucional no tiene el personal suficiente para atender. Entonces por ello, este aspecto puede ser más lento de lo que uno quisiera, pero hay que seguir trabajando en eso.

E.N.S.: ¿Cuál es su apreciación de la reforma a la justicia que pretende radicar el Gobierno y dónde están en juego las competencias de las altas Cortes?

N.P.P.: Ya hay precisión por parte de esa comisión de que no va haber modificación a las competencias y que no va haber modificación a los procedimientos. El tema es que no fue citado nadie del Consejo Superior de la Judicatura, ni fue citado alguien de la Fiscalía General de la Nación, ni tampoco hay representación de la academia; falta representación de los litigantes, porque es un tema muy amplio.

E.N.S.: ¿Cómo solucionar el conflicto que ha generado el choque judicial entre el Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Suprema de Justicia?

N.P.P.: Ese es un tema crónico. Este Consejo Superior de la Judicatura tiene muchas dificultades, y eso será lo que habrá que mirar en la reforma, porque verdaderamente la urge. Habrá que ver lo que dice la comisión de juristas que fue integrada en atención del Gobierno para atender esa modificación.

E.N.S.: ¿Por qué la Corte Constitucional no fue llamada a integrar la comisión de alto nivel para la reforma a la Justicia?

N.P.P.: Nosotros pedimos que no, porque la Corte Constitucional no participa en esas comisiones de estudio, en la medida en que si se hace, se estaría participando en la expedición de lo que eventualmente se puede convertir en ley de la República. Si se hace eso, se convierte en una causal de impedimento, entonces por ello la Corte Constitucional no participa en esta clase de análisis previos, independientemente de toda la colaboración que se requiera.

E.N.S.: ¿La Corte Constitucional ha avanzado en el tema de la reforma a la tutela que evitaría los choques judiciales?

N.P.P.: En la Corte Constitucional no se está adelantando ninguna especie de reforma a la tutela. Lo que hay es un proceso de autorregulación frente al tema de la decisión de revisiones, en donde ha habido una serie de mejoras en cuanto al estudio de esas tutelas para que de ninguna manera llegue siquiera a aparecer de verdad que se está invadiendo el terreno que es de competencia de otra corporación de justicia. Sin embargo, acompaño el entorno a la aplicación del mecanismo de afianzamiento de los derechos fundamentales que trae la Constitución.

E.N.S.: ¿Cómo recibe la alta Corte la visita a Colombia y los informes que han entregado los distintos relatores de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos?

N.P.P.: Eso es muy importante. Es sin lugar a dudas de trascendencia, de provecho que organismos internacionales tengan representación en Colombia, y entre ellos delegados y relatores de las Naciones Unidas han venido a la Corte Constitucional para ver cómo se ha manejado en materia de defensa de los Derechos Humanos y qué hay por hacer. Siempre la Corte Constitucional estará dispuesta a aceptar colaboración externa.