Insisten en cadena perpetua para abusadores de niños

La iniciativa aportará para su trámite legislativo las certificaciones que ya le había entregado la Registraduría por el número de firmas y otra por la financiación.

DESPUÉS DEL traspiés que sufrió el pasado 28 de mayo en la Corte Constitucional, que declaró inexequible la ley de referendo de cadena perpetua a los abusadores de menores de 14 años, la iniciativa revivirá pues nuevamente será radicada en el Congreso, seguramente esta semana, para subsanar las deficiencias que llevaron a su hundimiento en el alto Tribunal.

Así lo anunció la senadora del Partido Verde, Gilma Jiménez, quien ha sido una de las abanderadas de esta iniciativa que busca reformar el artículo 34 de la Constitución introduciendo la cadena perpetua para delitos de homicidio doloso, violación y explotación sexual, maltrato severo y secuestro cometidos contra menores de 14 años y menores de edad con discapacidad física o mental.

Esta ley fue declarada inexequible en una votación 6 a 2 con salvamento de voto por parte de la magistrada María Victoria Calle, quien había presentado el 6 de mayo pasado ponencia positiva a la misma.

Igualmente, el 20 de enero de este año, el procurador Alejandro Ordóñez emitió su concepto sobre esta ley, en el que pidió a la Corte declararla exequible.

De esta forma este será el único de los referendos que sus promotores insistirán en sacarlo adelante, de las tres iniciativas que se hundieron entre febrero y abril de este año, como son la ley del referendo para una segunda reelección presidencial y el referendo del agua.

Vicios son subsanables

La senadora Jiménez señaló que “en los próximos días se vuelve a radicar la ley del referendo, estamos trabajando de común acuerdo con el Gobierno Nacional, el señor Presidente de la República apoya ese referendo, me lo expresó personalmente, y esperamos que él nos pueda acompañar a radicar nuevamente la ley del referendo”.

Las razones que expuso la Corte Constitucional para declarar inexequible la ley de referendo de cadena perpetua a los abusadores de menores de 14 años tienen que ver, en primer lugar, conque se dio inicio al trámite legislativo sin la certificación que entrega la Registraduría en cuanto a que se respetaron los topes de financiación.

En segundo lugar porque el Congreso (en Senado) modificó el texto original, pues el mismo señalaba que procederá la pena de prisión perpetua para delitos de homicidio doloso, violación y explotación sexual, maltrato severo y secuestro cometidos contra menores de 14 años y menores de edad con discapacidad física o mental.

El texto modificado cambió la expresión “procederá” por “se podrá imponer hasta la pena de prisión perpetua…”.

Sin embargo a juicio de la Parlamentaria son subsanables estos aspectos señalados por la Corte como motivo para declarar inexequible la citada ley.

Desde hace meses Jiménez ha tenido en mente radicar nuevamente el proyecto, sin embargo ha estado a la espera de que el alto Tribunal publique el texto del fallo. Ya que esto no ha sucedido hasta la fecha, la Congresista ha decidido radicar de nuevo la iniciativa al considerar que los argumentos expresados por la Corte en su fallo del pasado 28 de mayo son suficientemente claros para insistir en que vuelva a hacer su trámite legislativo.

“Con lo que ya salió es suficientemente clara en lo que pasó. La Corte dice que en el trámite de la ley se cometieron dos errores: el hecho de no haber radicado un certificado de la Registraduría, que nosotros radicamos después, que el de las platas. Y que en el Congreso le incorporaron unos cambios al texto, entonces quedó claro que el Congreso no le puede hacer cambios a los textos de los referendos de iniciativa popular, y como el certificado lo tenemos, lo que procede inmediatamente es volver a radicar la ley del referendo”, indicó la Parlamentaria del Partido Verde.

Al explicar el fallo en mayo pasado, el presidente de la Corte Constitucional, Mauricio González, destacó que este referendo requirió sólo 30 millones de pesos para el proceso de consecución de firmas, a pesar de que el tope establecido para esta clase de iniciativas es de 334 millones de pesos.
En tanto que desde 2008 los promotores de este referendo obtuvieron en diferentes regiones del país más de 1,8 millones de firmas que lo apoyaron.

En ese sentido otro de los propósitos de Jiménez es no perder ese esfuerzo en la consecución de estos respaldos. “Es que lo que vamos a intentar es no tener que volver a conseguir las firmas en tanto que la recolección de las mismas no tuvo ningún problema, todo lo contrario, es que el presidente de la Corte Constitucional (Mauricio González Cuervo) señaló esa recolección de firmas como ejemplar. Lo que nos señala a nosotros, y hay jurisprudencia sobre la materia, es que cuando una ley se cae por vicios de trámite, subsanados esos vicios de trámite, la ley puede volver a ser sancionada. La Corte no hizo ninguna consideración ni ninguna reflexión de fondo sobre el objeto del referendo, pues no corresponde hacerla, hizo fue la revisión del trámite de la ley”, apuntilló la Senadora.

Los otros referendos

El 26 de febrero anterior, la Corte Constitucional declaró inexequible la ley que convocaba a un referendo para consultar al pueblo sí aprobaba o no una segunda reelección presidencial inmediata, que de triunfar el Sí, el único que se podría favorecer en ese momento era el entonces presidente Álvaro Uribe.

El fallo del alto Tribunal se fundamentó en vicios de procedibilidad en la etapa de recolección de las firmas así como en el trámite que tuvo la iniciativa en el Congreso.

En cuanto al proceso de recogida de firmas, la Corte encontró una serie de irregularidades como la violación al tope establecido para la financiación de este proceso; mientras que en el trámite legislativo concluyó que el Congreso excedió las limitaciones que le impone el principio de democracia participativa al modificar el texto original.

Mientras que el referendo para hacer que el acceso al agua fuera un derecho fundamental se ahogó en el trámite legislativo, pues finalmente la plenaria de la Cámara no alcanzó en junio pasado la votación suficiente para aprobar o rechazar la ponencia que pedía regresar al texto original, el cual fue modificado en la Comisión Primera de Cámara, que eliminó el derecho humano al agua y la desprivatización del servicio de acueducto, entre otras modificaciones.

Ya antes el comité promotor de la iniciativa había presentado una apelación contra las modificaciones al texto, lo que fue aceptado por la plenaria de la Corporación, que envió el texto a la Comisión V de Cámara para que iniciara el trámite nuevamente