Senado: se enreda proyecto de seguridad ciudadana

La polémica se centró en los temas de allanamiento las 24 horas y la responsabilidad penal para menores de edad. La discusión se reanudará la próxima semana

EL PROYECTO de ley con el que el Gobierno quiere controlar los niveles de delincuencia que se han incrementado en el país no tuvo un fácil inicio en el Congreso.

Ayer, pese a que el ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas, pidió celeridad en el trámite del proyecto de ley, la comisión primera del Senado decidió crear una subcomisión para que analice los temas más polémicos de la iniciativa, después de horas de intenso debate, y entregue sus conclusiones el martes de la próxima semana. La polémica se centró en los temas de allanamiento las 24 horas y la responsabilidad penal para menores de edad.

El senador Roy Barreras, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), le explicó a los medios que “hay quienes defienden que los allanamientos sólo se pueden hacer en horas hábiles, como si el delito tuviera horas hábiles de atención al público y yo defiendo que el allanamiento pueda hacerse en cualquier momento de las 24 horas del día”.

Sobre “la responsabilidad penal de los sicarios jóvenes, de los que matan repetidamente, aprovechando las bandas criminales la protección que les da la inimputabilidad de los niños”, anotó que su “punto es que si hay un asesino reiterado que tiene 17 años, debe ir a la cárcel. Por supuesto, estamos discutiendo a qué tipo de centro de atención debe ir, pero yo me opongo a que vayan a un centro de rehabilitación de menores donde se fugan todos para seguir delinquiendo, y exijo que haya un centro carcelario donde paguen una pena real. Y que la pena mínima sea de 7 años y máximo de 15, como lo propuso la senadora Gilma Jiménez”, del Partido Verde, “pero que esa pena implique que no haya excarcelación ni rebajas”.

Este proyecto de origen gubernamental modifica algunos aspectos del Código Penal, del Código de Procedimiento Penal, del proceso de extinción de dominio y del Código de la Infancia y Adolescencia.

Debate

Uno de los ponentes de la iniciativa, el senador Juan Carlos Vélez, de La U, le explicó a este Diario que se llegó al consenso “en lo que tiene que ver con el porte ilegal de armas. Yo fui autor de un proyecto de ley que está incorporado ahí. Pero algunos aspectos no se habían incluido, como el de la detención domiciliaria, que pues prácticamente cuando no hay concurso con el concierto para delinquir, hoy día es beneficiaria la persona del subrogado penal, de la detención domiciliaria en el caso de ser condenada”.

Vélez advirtió que la comisión acogió la propuesta de eliminar beneficios penales para este mismo tipo de delito, como “el beneficio de excarcelación, porque el 90 por ciento de las personas capturadas por porte ilegal de armas quedan en libertad, según datos del director de la Policía, el general Oscar Naranjo”.

“En tercer lugar”, agregó, “también incluimos la sanción para los que tengan porte ilegal de explosivos, porque capturaban una persona con explosivos y no había sanción de algún tipo para ella”.

El senador Vélez manifestó que también se creó un tipo penal para el llamado fleteo, que “es una conducta que está haciendo carrera y amerita una sanción penal drástica, fuerte, asimilable al secuestro. Además, si la persona va al banco y más adelante lo abordan y lo atracan, entonces se vuelve en un hurto calificado, y yo creo que hay que darle una connotación más drástica”.