Alto Tribunal dice que el Legislativo es responsable de la congestión en la justicia y el hacinamiento en las cárceles por el incremento de castigos.EL JALÓN de orejas lo hizo la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, con ocasión de la lectura de un fallo que condenó a un abusador de un menor de edad, al Gobierno nacional y al Congreso de la República, por lo que considera que este último está provocando inflación legislativa por la aprobación constante de leyes que afectan al sistema acusatorio y que mantienen congestionadas las cárceles del país.
Según la Alta Corte, existe un aumento indiscriminado y desmesurado de penas que no contemplan el respeto a los principios fundamentales de igualdad, legalidad, favorabilidad y proporcionalidad.
Al mismo tiempo, la Corte le hizo un llamado de atención al Congreso de la Republica por la aprobación de leyes que no obedecen a estudios económicos, políticos, criminológicos o sociológicos sino al simple capricho de quienes las proponen y aprueban, en desmedro de las garantías fundamentales y principios inherentes al concepto de Estado Social de Derecho.
La Corte Suprema calificó como un “desatino histórico”, de incalculables consecuencias políticas, sociales, económicas y jurídicas, la falta de análisis cuidadosos en la expedición de normas ante la falta de estudios serios para aprobarlas.
De igual forma, señala la Sala Penal que Colombia estaría abocada a una congestión carcelaria calculada en más de 300.000 casos al año, para lo cual se deberá crear una infraestructura carcelaria seis veces más grande sin que se vislumbre una solución jurídica a esta crisis que menciona la Corte Suprema de Justicia.
Según el organismo, estas circunstancias están generando mayores grados de congestión en los despachos judiciales. “Los procesos penales que en condiciones de normalidad deberían terminar a la mayor brevedad posible a través de sentencias anticipadas proferidas de conformidad con el imputado, por fuerza de una normativa expedida sin contar con estudios criminológicos, sociológicos o estadísticos previos que le sirvan de fundamento, deben continuar su curso en etapa de juicio, surtir todas las fases ordinarias del trámite”, lo que para la Corte en últimas sólo perjudica a las víctimas y los acusados, “pues mientras la sentencia no se encuentre en firme, no resulta de obligatorio cumplimiento”.
EL NUEVO SIGLO consultó al interior de los partidos políticos la reacción al pronunciamiento del máximo tribunal de la justicia ordinaria. Voceros del conservatismo dijeron que así haya hacinamiento en las cárceles, no dejarán de legislar para castigar más severamente a los delincuentes, pues ese es un principio y deber que tiene el Congreso. Además afirmaron que el problema del hacinamiento de las cárceles no es nuevo y lo que se debe buscar es una solución directa para descongestionar los centros de reclusión.
Por su parte, congresistas del Partido de la U aseguraron que es crucial para garantizarle una justicia más efectiva a la sociedad, legislar en materia de incremento de penas, sobre todo para contrarrestar el mayor número de abusos a los menores de edad y de los delitos de lesa humanidad.
Los parlamentarios rechazaron de manera tajante la posición de la Corte Suprema de Justicia, y manifestaron que las iniciativas para crear estas leyes nacen de una realidad social y no del simple capricho de cada congresista.
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