martes, 18 de noviembre de 2008

Gobierno garantiza devolución de dineros de las pirámides


CON LA EXPEDICIÓN de cuatro decretos con fuerza de ley, amparado en estado de Emergencia Social, el Gobierno garantizó la devolución de dinero quienes invirtieron en las pirámides, endureció las penas y ordenó la intervención de la empresa DMG.

El ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, explicó que el Ejecutivo acudió a la emergencia debido a que la crisis “tiene inmensas repercusiones sociales” y porque “indudablemente son cientos de miles de colombianos” los afectados por el cierre de esas empresas financieras ilegales.

Mediante el estado de emergencia, una figura contemplada en la Constitución, “el gobierno puede decretar medidas ágiles y mecanismos especiales de intervención administrativa que, de lo contrario, podrían llevar meses”, señaló el funcionario.

Según las autoridades, en el país operan dos centenares de pirámides, un esquema que ofrece rentabilidades de hasta 300% en pocos meses, usando el dinero invertido por nuevos clientes hasta que quiebran.

En una de las primeras medidas del Ejecutivo, la policía intervino 60 oficinas en 20 departamentos del país, en donde operaba la firma DMG, una de las más importantes captadoras, a través de la venta de tarjetas prepago.

El Gobierno sospecha que DMG, que dice tener unos 200.000 ahorristas y ofrece rentabilidades de hasta el 150%, utiliza recursos provenientes del lavado de activos del narcotráfico.

Incluso Zuluaga señaló hace pocos días que pidió ayuda a la Oficina Antidrogas de Estados Unidos (DEA) para que verifique la procedencia de los dineros de DMG.

En una primera reacción a la decisión del gobierno, el presidente de DMG, David Murcia, aseguró en diálogo telefónico con la W Radio, que el dinero de sus ahorradores “no corre peligro”.

El ministro Zuluaga dijo que el Gobierno no tiene aún una estimación del número de personas que invirtieron sus dineros en las llamadas pirámides, varias de las cuales colapsaron la semana pasada, originando disturbios en varias ciudades del suroeste del país.

Sin embargo, anotó que se espera que con la designación de varios agentes interventores en pocos días se pueda hacer un inventario del número de afectados y de los recursos invertidos en las 'pirámides'.

Entre las decisiones adoptadas, el Ejecutivo emitió varios decretos, uno de los cuales dobla las penas de cárcel para aquellas personas que capten ilegalmente dinero del público.

También estableció un nuevo tipo de delito, el de la retención, que será aplicable a personas que hayan captado dineros y no los reintegren de inmediato.

Según el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia, si los captadores devuelven el dinero, podrán obtener beneficios en materia penal.

El Gobierno también otorgó funciones de policía a los alcaldes para que procedan precautelarmente a cerrar las oficinas de empresas captadoras y a proteger los bienes y dineros recaudados, tomando posesión de ellos.

Finalmente, definió el proceso y los mecanismos que pondrá en marcha para efectuar los inventarios de activos de las captadoras ilegales, y tramitar rápidamente las solicitudes de devolución de dineros que presenten las personas damnificadas.

Según Valencia Cossio, quien pidió al público respaldar las medidas y tener mucha calma, “la idea es devolver, hasta donde sea posible, esos dineros, para evitar la defraudación”.

Según lo explicado por el ministro Zuluaga, una vez se haya establecido el número de víctimas de cada una de las pirámides y se tenga cuantificado el dinero recuperado, se dividirá y se devolverá, pero sin rendimientos y empezando por los estragos más bajos./AFP

Las decisiones

El Gobierno Nacional, mediante el Decreto No. 4333, declaró el Estado de Emergencia, “por la grave alteración del orden social con ocasión de la proliferación de manera desbordada en todo el país, de distintas modalidades de captación o recaudo masivo ilegal de dineros del público”.

En desarrollo de la declaratoria del Estado de Emergencia, el Gobierno Nacional expidió cuatro decretos.

El primer decreto (número 4334) define el proceso administrativo de intervención, los nuevos procedimientos que se adelantarán y la toma de posesión con fines de intervención en los negocios, operaciones y patrimonio de las personas naturales o jurídicas que desarrollen o participen en la actividad financiera sin la debida autorización estatal.

Igualmente, se definen los procesos para efectuar los inventarios de activos y tramitar rápidamente las solicitudes de devolución presentadas por las personas vinculadas al caso.

El segundo (número 4335) decreto concede a los alcaldes obligaciones y facultades de policía para tomar las medidas cautelares, tales como sellamiento de establecimientos y custodia, para suspender de manera inmediata la actividad de captación o recaudo masivo de dineros del público o la realización de actividades no autorizadas. El gobernador, cuando tenga conocimiento, tendrá la obligación de avisarle al alcalde, para que tome las medidas correspondientes.

El tercer decreto (número 4336) redefine las conductas sancionables desde el punto de vista penal, retoma el objetivo de endurecimiento y aumento de las penas para quienes realicen o colaboren con la captación masiva no autorizada de recursos del público. Estas penas oscilarán entre 120 y 240 meses y multa de 50 mil salarios mínimos legales mensuales. Este delito también se convierte en no excarcelable.

El mismo decreto establece un nuevo tipo de delito, que señala que quien haya captado recursos del público y no lo reintegre, por esa sola conducta, incurrirá en prisión de 96 a 180 meses, y multa de 133.33 a 15 mil salarios mínimos legales vigentes. Este delito tampoco será excarcelable.

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