Pros y contras de acto legislativo de los provisionales

Miles de aspirantes que se presentaron a concurso de carrera administrativa y salieron elegibles se verían afectados por la ley que está a la espera de sanción presidencial para que entre en vigencia

CON EL ACTO legislativo aprobado por el Congreso el martes pasado, que busca darle estabilidad a más de 100 mil empleados oficiales que están en carácter de provisionalidad, se haría justicia, como dijo el mismo ponente, con los trabajadores que llevan varios años al servicio del Estado y no tienen las mismas garantías laborales que los de carrera.

Sin embargo, el mismo número de aspirantes a ocupar cargos públicos por medio de concurso y que han salido elegibles se verían afectados por esta norma, pues esas plazas actualmente están ocupadas por los empleados provisionales.

A esta conclusión llegó EL NUEVO SIGLO, después de consultar distintas fuentes jurídicas que dejaron ver el lado positivo y el negativo del acto aprobado.

Por un lado se estaría hablando de que aproximadamente 120 mil empleados oficiales provisionales y que están laborando desde antes de septiembre del 2004, así lo establece la ley, sean ratificados en sus puestos y se les dé estabilidad. De esta manera, hay quienes están de acuerdo en que los que llevan más de cuatro años en provisionalidad ya han pasado la prueba, en experiencia y conocimientos, para que puedan quedar con un contrato laboral igual al trabajador de carrera. Por esto, el acto legislativo cumple con la finalidad deseada de hacer justicia con los que llevan trabajando años en un cargo y no se les ha reconocido su labor, explicó su autor y ponente, el senador Samuel Arrieta. Para que la ley entre en vigencia sólo falta la sanción presidencial.

No obstante, hay otra cara de la ley, y es que actualmente hay un proceso dilatado de concurso abierto para llenar 42 mil vacantes para cargos del Estado, en la cual se presentaron cientos de miles de aspirantes a ocuparlas. De éstos, ya hay varias listas con miles de elegibles que pasaron el concurso y que se verían afectados por el acto legislativo de reforma a la Constitución, pues esos cargos ya estarían ocupados por los directos beneficiados del mismo. De hecho, a final de este año la meta es proveer las primeras 8 mil vacantes para los que participaron en el concurso, según dijo el presidente de la Comisión Nacional del Servicio Civil, Pedro Antonio Hernández.

Sin embargo, las listas de elegibles de los que presentaron el concurso de carrera administrativa de la Rama Jurisdiccional no se verán afectadas gracias a la intervención, entre otros, del presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Jesael Giraldo Castaño, quien se percató de que el acto legislativo contenía una inconstitucionalidad, ya que desplazaba a los aspirantes que se sometieron a un concurso de carrera. El magistrado envió un informe al Congreso donde exponía sus argumentos del por qué las vacantes en la rama debían ser proveídas por personal de carrera.

Según Giraldo, el 80% de los empleados actuales de la Rama Jurisdiccional son de carrera, razón por la cual se debe seguir respetando la provisión de cargos administrativos del Estado por medio de un concurso, donde los aspirantes son sometidos a pruebas de conocimiento, lo que garantiza su idoneidad.

La mala noticia es que concursos para cargos administrativos como el de la Fiscalía General de la Nación se verán afectados por la nueva ley, ya que no se excluyó de ésta, y por tanto los empleados actuales provisionales ocuparán las vacantes destinadas para trabajadores de carrera.

Para varios juristas consultados por este DIARIO, se estaría ante una avalancha de demandas contra el Estado con la entrada en vigencia de este acto, pues de una u otra manera se estarían vulnerando derechos fundamentales a los que presentaron el concurso, pues tuvieron que inscribirse al mismo, comprar un pin para poder ser inscritos, presentar varios exámenes de conocimiento general y aplicado, así como una entrevista.

Ahora se está ante la expectativa por parte de la Corte Constitucional, que es el órgano de cierre en materia de tutelas, ante las venideras demandas de derechos constitucionales contra el acto legislativo aprobado, de si fallará bajo el amparo de ésta ley o si por el contrario decidirá como lo ha venido haciendo hasta ahora bajo el amparo de la Constitución, que dice que toda provisión de cargos estatales se hará por medio de un concurso de méritos.