lunes, 15 de diciembre de 2008

La dosis de la inseguridad ciudadana


HACE UNOS días se hundió en Comisión Primera de Cámara el proyecto de Acto Legislativo que pretendía establecer constitucionalmente una política no sólo represiva, sino también preventiva para enfrentar la problemática del consumo y porte de dosis personal de droga en el país.

La muerte del proyecto, que en ningún caso pretendía establecer sanciones privativas a la libertad a los consumidores, como se repite constantemente para estigmatizar y condenar al fracaso la iniciativa, no puede simplificarse, como suele hacerse, en el debate sobre la calidad de “enfermo o de delincuente” que debe darse a los consumidores de droga.

Este punto, al igual que en el referente al límite del libre desarrollo de la personalidad, creo que existen consensos amplios, encontrados sobre la base del equilibrio entre la garantía individual a los derechos y el respeto al interés general y al bien común. Sin embargo, este enfoque simplista en el debate sobre la dosis personal ha dejado por fuera de discusión algunas consecuencias que la droga y su consumo generan en nuestra sociedad.

Bogotá, por su tamaño y complejidad es una de las ciudades más afectadas, pero no la única, por la permisividad de la dosis personal. Al rededor de la venta de droga en las ciudades se estructura una red delincuencial amplísima, que se alimenta entre otras fuentes, del tráfico de armas, del contrabando, del mercado de autopartes robadas, entre otros negocios ilegales.

La razón de lo anterior es obvia, y es que como todo en la cadena de la droga, salvo el consumo, es un delito, la comercialización de la misma tiene que sustentarse en redes de distribución ilegales que generalmente no se presentan en estado puro, sino que combinan toda clase de formas delictivas.

La distribución de droga por tanto, aquella que es necesaria para garantizar el derecho al consumo, está comprometida de forma directa con las redes delincuenciales de nuestras ciudades, aquellas generalmente responsables no solo de los hurtos comunes sino también de los ajustes de cuentas, homicidios, petardos, extorsiones y otros tipos de atentados, que como es obvio, están financiados también con el dinero de los consumidores de la droga que ellos distribuyen. Pero no solo inseguridad directa generan las redes ilegales de venta de la llamada dosis personal.

Su existencia también tiene efectos secundarios. Los comercializadores de droga generalmente se apropian de parques y de esquinas, atemorizan a los vecinos y deterioran la calidad de vida de los ciudadanos. La segunda fuente de preocupación de los Bogotanos en materia de seguridad tiene origen precisamente en los comercializadores y vendedores de droga en los barrios de la ciudad, según la última encuesta de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Pero los vendedores de la dosis personal no solamente tienen relaciones comerciales con el mundo de la ilegalidad. Por su forma de operar y con el interés de aumentar la demanda, frecuentemente utilizan jóvenes estudiantes para la distribución, y persuaden del consumo a los niños a quienes inicialmente les regalan la droga como instrumento para garantizar el aumento de demanda y con ella sus recursos.

Así logran ingresar y quedarse en centros educativos, escenarios deportivos y lugares de reunión de grupos juveniles. A quienes defienden el consumo a toda costa, les haría bien darse una vuelta por los barrios de la ciudad y ver cómo lo aquí mencionado no es una anécdota ocasional sino la preocupación permanente de familias que no tienen a quién recurrir para evitar que sus hijos sean víctimas de la provocación o la violencia.

Las consecuencias de la droga para la salud y el futuro de los jóvenes y sus familias son evidentes. Pero no se menciona que a causa de la adicción y la necesidad de satisfacerla, los jóvenes generalmente dependientes económicamente de sus padres, empiezan a comprometerse en actividades delictivas que les garanticen su consumo.

El tema es de tal magnitud que en un reciente estudio de la Secretaria de Salud de Bogotá se menciona que de los menores que ingresan al sistema penal el 78% han consumido droga y el 28% de los capturados la portaban en el momento de la detención.

Con la legalización de la dosis personal evidentemente no surgió el consumo y las redes de distribución, pero si una nueva forma de eludir la acción de la Policía y del gobierno para combatirlas. La dosis personal se ajusta perfectamente a la cantidad que llevan quienes comercializan droga, y por ello, no se puede ni incautar la mercancía ni detener al traficante. Los vendedores saben que con este truco son prácticamente inmunes a la acción de las autoridades.

Las grandes cantidades se guardan en las casas cercanas al lugar de la venta, y para ingresar, la policía requiere orden judicial que no alcanza a expedirse oportunamente en muchas ocasiones. Y los consumidores, libres para usar droga donde quieran, abusan también frecuentemente de su derecho y buscando la aceptación social que les da comodidad, no solo consumen sino que sabiéndose consumidores buscan afirmar su derecho e imponerlo dondequiera, sin importar las consecuencias.

La inseguridad ciudadana tiene muchas causas y una de ellas es la distribución y el consumo de droga. Estudios recientes elaborados por nuestro equipo de trabajo sobre Bogotá han encontrado cómo aquellos lugares en donde geográficamente se encuentran las ollas o lugares de venta de droga, tienen una alta correlación con los lugares de mayores índices de delincuencia, especialmente de los delitos de homicidio, lesiones personales y hurto a personas.

Lugares como el antiguo cartucho, o el Bronx de nuestros días, ubicado apenas a unas cuadras de la oficina antinarcóticos de la Policía de Bogotá nos demuestran que la droga y su distribución, hacen perdurar y agravan la indigencia, acaban con el espacio público, alejan la inversión y el comercio, pervierten a los niños y jóvenes y tienen un impacto muy serio en la percepción de inseguridad que perjudica la competitividad de la ciudad.

Sin duda, nada vale más que la prevención para combatir el efecto perverso de la droga sobre el individuo y la sociedad. En mora de adelantar algo significativo en la materia están desde hace décadas las entidades territoriales y por supuesto el Gobierno Nacional.

Pero ello no significa que no se pueda también incorporar algo de acción para combatir y perseguir la comercialización y el consumo de la droga en lugares donde tienen efectos verdaderamente nocivos para la sociedad, incluyendo entre estas, el establecimiento de sanciones al consumidor sobre la base de que estas no sean de tipo penal ni generen antecedentes criminales.


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