Retos para garantizar el acceso de los ciudadanos a la justicia

LA JUSTICIA es un bien universal que nos compete a todos, lo sabemos desde Aristóteles, y de su organización, funcionamiento y aplicación se ocupan sin pausa todas las sociedades y todos los Estados que realizan permanentemente esfuerzos para hacer frente a una demanda cada vez mayor de decisiones de los jueces, en quienes radica finalmente la resolución de las controversias que en sociedades cada día mas complejas no alcanza a dirimir la burocracia estatal.

Por ello cobra mayor relevancia el papel del juez y la exigencia rigurosa de las idoneidades, y por supuesto la tarea de la administración judicial, como soporte imprescindible de la actividad del juez que haciendo uso de nuevas formas de organización, tecnología y experiencias exitosas en otras naciones posibilite el acceso real del ciudadano a la justicia, acceso entendido no simplemente como la posibilidad de acudir ante el juez, sino de obtener una decisión pronta, transparente, calificada y justa.

Asistimos en esta época a una especie de paradoja del desarrollo. De un lado un agresivo proceso de globalización en todos los órdenes que impulsado por el avance en las comunicaciones impone las más variadas formas de interrelación personal, productiva y cultural. Y de otro un renacimiento de formas de relación interindividuales y grupales producto quizá de la necesidad de autoprotegerse de los efectos de un mercado global.

Es en este contexto que la administración de justicia adquiere una importancia sin antecedentes. Todas las relaciones comerciales y las formas de inversión de capitales internacionales claman por seguridad jurídica, reglas de juego claras, justicia eficiente, transparente y oportuna y hasta formas de privatización en la decisión de las diversas controversias surgidas de este intercambio gigantesco de capitales, bienes y servicios.

Y de otro lado la complejidad de las condiciones económicas y sociales de buena parte de la sociedad implora por normatividad y acciones judiciales que resuelvan los pequeños enfrentamientos de individuos y comunidades interesados en lo que se ha denominado la justicia de las pequeñas causas que requieren una toma de conciencia del aparato judicial para mantenerlas en su seno y acceder a partir de ellas a la confianza y reconocimiento ciudadano.

En síntesis, existe hoy la necesidad de hacer frente a un enorme reto: garantizar por los estados el acceso del ciudadano a la justicia, como derecho fundamental, lo que requiere no sólo una toma de conciencia de quienes hacemos parte del aparato judicial, sino fundamentalmente asumir firmemente el compromiso de agenciar al interior de la rama judicial, actitudes como administradores y jueces y acciones como directores del despacho y del proceso que tengan siempre como horizonte el usuario de la justicia que tiene el pleno derecho a la decisión de su caso en términos de oportunidad, moralidad y justeza.

Una actividad de permanente búsqueda de propuestas estructurales en la organización de la rama judicial, de expedición de normatividad para agilizar procesos, de interlocución confiada y fluida con las demás ramas del poder público, de asimilación de buenas practicas judiciales y contacto con la sociedad en todos sus sectores debe mantenerse e incrementarse para que ésta advierta que los administradores y jueces no actuamos distantes de las sociedad y sus problemas, sino que por el contrario renovamos constantemente el compromiso por la búsqueda de una justicia mas cercana al individuo, mas oportuna y transparente.

Nos ha sido encomendada una de las mas nobles tareas que la sociedad puede entregar a sus hijos. Ella espera que la cumplamos con la entrega total de nuestras capacidades, limitadas por cierto, sin ahorrar esfuerzo alguno y sin mas pretensiones que las de cumplir con el deber. Las enseñanzas, reflexiones y trabajos que ha venido realizando la alta justicia colombiana, deben servirnos para continuar esta tarea de la cual depende en alto grado la justificación y vigencia de nuestro estado social y democrático derecho y por tanto la existencia como sociedad democrática y en Paz.

Estos han sido pues días de reencuentro, de enseñanza y análisis, en un contexto en que al cerrar nuestro año judicial, buenos y necesarios son los balances, valoraciones y formulación de propósitos institucionales e individuales para continuar con mayor entusiasmo nuestro compromiso futuro.