Caída de Estatuto Rural frena proceso de paz: Fedegan

En momentos en que la economía necesita ser impulsada por el sector agropecuario, la Corte Constitucional decide ponerle trabas al desarrollo de su formalización.

Frustración, estancamiento del proceso de paz y pérdida de una gran oportunidad para impulsar en el campo procesos productivos y tecnológicos, son algunas de las secuelas que deja la reciente decisión de la Corte Constitucional de declarar el Estatuto de Desarrollo Rural como contrario a la Constitución Nacional, afirmó el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, José Félix Lafaurie, al señalar que no se desconocen los argumentos de la Corte para declarar inexequible el Estatuto, “pero los resultados de su juridicidad, la verdad, nos lastimará”.

Ante ello, no queda más, según Lafaurie, que pisar el acelerador y conciliar para que un nuevo proyecto de esas características vuelva a recorrer “todo el entramado político y jurídico que nos hemos inventado para poner en marcha iniciativas como ésta”.

La decisión de la Corte se basó en el hecho de que no se consultó a las comunidades indígenas previamente a la aprobación del Estatuto, tal como lo condiciona el Convenio 169 de 1989 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). Esta norma establece la obligación, para los países que lo hayan suscrito, de consultar a la población indígena todos los temas que de, una u otra manera, los podrían afectar y que se quieran convertir en ley.

El Presidente de Fedegan manifestó que el Estatuto Rural tenía unos cimientos destinados a erigir una firme institucionalidad del sector agropecuario, con base en la obtención del mejoramiento sustancial de la calidad de vida de los productores rurales.

“Sus objetivos estaban animados por el deber ser del Estado, plasmado en la Constitución Nacional, que se origina en los derechos fundamentales como el acceso a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la recreación, al crédito, a las comunicaciones, a la comercialización de los productos y a la asistencia técnica profesional, además del acceso progresivo a la propiedad de la tierra”, explicó.

Y agregó que también quedaron frustrados otros objetivos previstos por el Estatuto, como la creación del Sistema Nacional de Desarrollo Rural, que establecía la coordinación entre las diversas entidades que están al servicio del sector. Hoy son ruedas sueltas, muchas veces duplican funciones y a veces diluyen responsabilidades.

Se cayó asimismo la reestructuración del Incoder. De igual manera, acotó Lafaurie, quedó sepultada la proyectada Unidad Nacional de Tierras Rurales, un instrumento de planificación, administración y disposición de los predios rurales de la Nación.

“No faltarán voceros que ante la comunidad internacional pongan en la picota pública al Gobierno, aunque no sea su culpa”, subrayó el dirigente gremial.