“Reforma al código de minas también se caerá”: Robledo

Se trata de otra norma que incumple con la obligación de consultar a las comunidades indígenas y afrodescendientes afectadas por una iniciativa legislativa.

SI EL gobierno insiste en aprobarla, la reforma al Código de Minas será declarada inexequible por las mismas razones que fue señalado inconstitucional el Estatuto de Desarrollo Rural, le dijo ayer a EL NUEVO SIGLO el senador Jorge Enrique Robledo.

Al comentar lo ocurrido con el Estatuto de Desarrollo Rural, el legislador del Polo Democrático manifestó: “Yo me opuse todo el tiempo a esa ley por razones de fondo y por razones de forma. Fue lo mismo que pasó con la ley Forestal y, ojo: es mismo que va a pasar con la reforma al Código de Minas que están tramitando; se aprobó con la advertencia de que no le consultaron a las comunidades indígenas y afrodescendientes y esa consulta cabe también en el Código de Minas. A eso no le falta sino un debate, entiendo; y la consulta no se hizo. O sea, que si se empeñan en aprobarlo, va a terminar en el mismo lío; porque es la soberbia del gobierno y de sus amigos en el Congreso”.

Responsabilidades

Dado que ya es un error recurrente en este tipo de iniciativas olvidarse de consultar a las comunidades indígenas y afrodescendientes afectadas, ¿qué responsabilidad le cabe al Congreso que cae continuamente en la misma equivocación?
Para el senador José David Name, “la responsabilidad que nos cabe es el haberla aprobado, pero el país necesitaba esa ley”.

El congresista de La U le manifestó a EL NUEVO SIGLO que, sin embargo, esa responsabilidad no le cabe principalmente a la corporación legislativa, porque “no es una ley presentada por los parlamentarios sino por el Ministerio de Agricultura; por lo tanto, quien tiene que hacer las consultas es el gobierno nacional”.

De todas formas, indicó Name, “la ley se tiene que volver a presentar; y la vamos a volver a aprobar, porque es una ley necesaria para el país. El gobierno nacional tiene que hacer las respectivas consultas y aprobaremos la ley”.
Sin embargo, Robledo sí acepta la responsabilidad del Congreso, aunque de su totalidad. “Digamos que al Congreso no; a las mayorías uribistas”.

“Nosotros advertimos oportunamente que esas consultas no se habían hecho. Pero, sin embargo, siguieron adelante, arriados”, manifestó el congresista.

Y precisó: “La responsabilidad le cae de verdad, ¿sabe a quién? A Andrés Felipe Arias, que fue el que presionó a que la ley se tramitara mal. Fue lo mismo que pasó con la ley Forestal, porque él, en su prepotencia, presionó para que se tramitara así esa ley, que era una ley bastante desafortunada y retardataria, así se hubiera tramitado bien”.

“La mayoría de los uribistas sede ante las presiones del ministro. Entonces, la responsabilidad formalmente le cabe al Congreso, porque es el Congreso el que aprueba las leyes; pero, a la hora de la verdad, toca mirar quienes votaron de una manera y quienes votaron de otra”, añadió Robledo.

Inexequible

“No se cumplió la obligación que tiene el que promueve el proyecto de ley, como por parte del Congreso de la República, de consultar previamente a las comunidades indígenas”, dijo el magistrado Nilson Pinilla, presidente de la Corte Constitucional, al explicar la decisión.

“En la Organización Internacional del Trabajo se expidió el convenio 169 de 1989, sobre pueblos indígenas y tribales que establece una serie de obligaciones para todos los países que hayan suscrito el convenio, y Colombia lo suscribió y lo adoptó con la ley 21 de 1991”, dijo Pinilla.

Este convenio obliga a los estados parte a consultar a las poblaciones indígenas todos los temas que de, una u otra manera, los podrían afectar y que se quieran convertir en ley.