martes, 28 de abril de 2009

No hay optimismo sobre la suerte de la ley de víctimas


Los representantes Carlos Arturo Piedrahita y Guillermo Rivera dijeron que el gobierno ha sido sordo ante los reclamos de la oposición.

SIN NINGÚN optimismo sobre un posible diálogo con el gobierno y su bancada se presentarán hoy los ponentes y promotores de la ley de víctimas al debate en la Cámara.

A pesar del optimismo demostrado en las últimas horas por el autor de la iniciativa, el senador Juan Fernando Cristo, sobre que, cumplido el plazo de 30 días solicitado por el Gobierno a los congresistas para estudiar los cambios a la ley de víctimas, pudiera producirse un encuentro con el presidente Álvaro Uribe, para salvar el proyecto, entre los mismos liberales el ánimo es otro.

Los representantes Carlos Arturo Piedrahita y Guillermo Rivera le dijeron a EL NUEVO SIGLO que el gobierno ha sido sordo ante los reclamos de la oposición y que no ven que pueden producirse cambios significativos frente a la posición del uribismo.

Ambos reiteraron la posición de los voceros de las víctimas, en el sentido de que es mejor que se hunda antes de que se apruebe el proyecto como está.

El semestre pasado el Gobierno y la oposición se enfrentaron en un largo debate por los cambios que sufrió el proyecto en la comisión primera de la Cámara.

En esa ocasión, los congresistas liberales y del Polo mostraron su desacuerdo, e incluso amenazaron con la posibilidad de hundir la propuesta si las modificaciones se mantenían. En un comunicado el Partido Liberal dijo que el gobierno y sus mayorías “descuartizaron” la propuesta.

En esa época, la llamada “aplanadora de la coalición” determinó que la reparación a las víctimas de agentes del Estado solamente podría darse después de una sentencia judicial en firme, lo que alargaría el tiempo el proceso judicial para las víctimas.

Además, se estableció que debía existir un tope pecuniario de 18 millones de pesos para la reparación de los afectados por el accionar de los agentes del Estado, cosa que no sucede en la actualidad pues los montos pueden ser mucho más altos.

Ese día se aprobó, además, que las víctimas tendrían solamente dos años para acreditarse como tales y así poder ser reparadas. Pasado de ese tiempo, no podrían reclamar ningún tipo de beneficio.

En la actualidad no existen esos límites.

El senador Juan Fernando Cristo tenía la esperanza que esos cambios pudieran salir de la ley. “Hay que hacer un último esfuerzo de concertación con el Gobierno sobre la base de salvar los derechos fundamentales de las víctimas”, dijo. Pero hoy no parece que haya posibilidades reales de que salgan.

“Descuartizado”

Hoy, los liberales le pedirán en la plenaria de la Cámara que se archive el proyecto.

El senador Cristo, a propósito de la expresión utilizada en un comunicado del Partido Liberal, dijo que la realidad era que “el Gobierno tiene más sentimientos a favor de quienes descuartizan que a favor de la víctimas”.

Ya sea que se hunda o que la Corte Constitucional la “tumbe”, el senador Cristo anunció que la bancada liberal “trabajará para impulsar, nuevamente, una ley verdadera que garantice los derechos de las victimas a la reparación integral, sin inclusión y sin discriminación como lo pretende el Gobierno nacional”.

Los artículos cambiados “desnaturalizaron la propuesta”, denunció el representante Rivera. De los 177 artículos propuestos por los liberales, la propuesta quedó reducida a 131 que se concertaron con el gobierno. De estos se aprobaron 122. Los demás fueron modificados al gusto del gobierno.

El ministro del Interior, Fabio Valencia, dijo durante el anterior periodo de sesiones que la propuesta aprobada fue “la ley más concertada con la oposición”. No obstante, la oposición ha reiterado que los artículos cambiados son la médula y espíritu de la reparación.

Valencia también dijo que el costo fiscal que tendría la reparación es de “22 billones de pesos, sin tener en cuenta el costo que pueda representar la reparación por estos conceptos a víctimas de agentes del Estado”. El ministro también argumentó que “el gobierno ni la coalición de gobierno en el Congreso, van a dejar que se desmejore la situación de las víctimas de los agentes del Estado”.

Sin embargo, la Mesa Nacional de Víctimas, conformada por varias organizaciones sociales, analistas y defensores de los derechos humanos que acompañaron la construcción de la propuesta liberal, no lo cree así. Sus voceros han dicho que la propuesta aprobada es “una afrenta y una burla, en la medida que desnaturaliza los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición”.

El proyecto de ley aprobado hasta ahora modificó los puntos centrales de una propuesta que fue concertada en principio por las organizaciones, víctimas y varios congresistas. Además la iniciativa contaba con el respaldo y asesoría de la ONU.

Controversia

Entre los aspectos que se encuentran en la norma, tal y como podría ser aprobada hoy, y que no satisfacen a los voceros de las víctimas, está la delimitación del “universo de víctima” a las que les hayan vulnerado sus derechos antes de la promulgación de la ley. A esto se suma, que para que las víctimas puedan acceder a la reparación tienen dos años después de la aprobación de la ley, para que se acrediten como tales.

Por otra parte, la norma, en su estado actual, establece que las víctimas deberán acreditarse a través de un sistema que dicte el gobierno. Esto va contra el principio de presunción de la buena fe en la víctimas que solo pide una prueba sumaria para su acreditación.

En el articulado, las víctimas de agentes de Estado, como las madres de Soacha, deberán iniciar un proceso judicial para poder ser reconocidas como tales. Su reparación se hará solo cuando ganen la batalla judicial que puede tardar varios años, mientras que las demás víctimas, es decir, las de grupos ilegales, no tendrán qué hacerlo.

Además, si una víctima accede a la reparación administrativa, que es a través del decreto 1290 emitido por el gobierno y que fija los topes económicos de la reparación, esta no podrá acudir a los estrados judiciales para demandar al Estado para obtener recursos adicionales. Si accede a la reparación por vía judicial, es decir demandando a su victimario que puede ser el Estado o un grupo ilegal su reparación deberá ceñirse al monto que fija el decreto, que en el mejor de los casos es 18 millones de pesos, cuando hay víctimas que perdieron sus tierras que pueden costar mucho más dinero.


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