Sin embargo, el Ministro de Protección Social dijo que sólo dos de cada 10 personas que someten a cualquier tratamiento logran recuperarse y que es un tema muy costosoEN UNA controvertida sesión que se extendió hasta las cuatro de la tarde del día de ayer, la Comisión Primera del Senado aprobó el acto legislativo que reforma la Constitución para prohibir el porte y el consumo de la dosis mínima de sustancias psicoactivas.
La primera controversia que surgió en el recinto fue la proposición que hizo el senador y precandidato presidencial Héctor Helí Rojas, apartándose de la decisión tomada por la bancada liberal de votar en contra el proyecto de ley por ir en contra de la libre elección y determinación de los ciudadanos.
Rojas propuso medidas administrativas para atender a los consumidores de estupefacientes, proposición que fue votada positivamente por la Comisión.
“Si los tratamientos y las medidas son puros administrativos, quiere decir que no habrá tratamientos ni medidas penales o sancionatorias. En síntesis, lo que estamos hablando es de políticas públicas para prevenir el consumo y tratar a los adictos”, explicó el senador liberal.
Además, el legislador celebró que la Comisión Primera adoptara que “los tratamientos y medidas no se pueden imponer sino con previa autorización, consentimiento informado del adicto”.
Según el congresista boyacense ya hay artículos que sancionan el tráfico, el porte de estupefacientes, “pero aquí hay que hacer una ley que diseñe los tratamientos, las medidas administrativas para tratar ese tema”.
La segunda controversia surgió cuando el senador Armando Benedetti se apartó de la voluntad de la bancada uribista de votar positivamente el acto legislativo.
“Es un proyecto que va perseguir a los menores de edad, a los enfermos, y es un Estado que quiere ser papá, quiere gobernar a sus conciudadanos, no dejar que vivan tranquilamente”, argumentó el senador uribista su voto negativo por el proyecto.
De hecho, Benedetti presentó la proposición de archivar la iniciativa, la cual fue negada.
“Si fuera para perseguir a los jíbaros, ya la Ley 745 del 2002 tiene penalizado, lo mismo que para el narcotráfico y para su comercialización; lo demás es maquillaje. El tema terapéutico es una forma de maquillar una prohibición. Encuentro un Estado retardatario y atropellando las libertades y la dignidad”, dijo Benedetti.
Por otro lado, el ministro de Protección Social, Diego Palacio, dejó un ambiente no muy alentador: “Debemos recordar que cerca de dos de cada 10 personas que se someten a cualquier tratamiento en cualquier sitio del mundo logran tener algún tipo de recuperación. Lo que sí se está planteando es la posibilidad de abrir alternativas de tratamiento que permitan mantener o recuperar o mitigar el impacto del problema; y hay que buscar qué alternativas y qué protocolos se pueden utilizar”.
Según Palacio Betancourt es un tema muy costoso con muy poca efectividad.
“La alternativa es el control social, y lo que hoy (ayer) se ha hecho de lograr incorporar dentro de la Constitución es el tema de la prohibición al porte”, dijo el jefe de la cartera de Salud.
Por su parte, el coordinador de ponentes, el senador Juan Carlos Vélez, aseguró que si hay prohibición para que las personas consuman licor en la vía pública o en los espacios públicos, como ocurre en Bogotá, “por qué no podemos prohibir que lo mismo se haga con los que consumen estupefacientes”.
“Esto debe acarrear sanciones, como por ejemplo pedagógicas, de trabajo social comunitario en ciertos casos. Si una persona está en un parque consumiendo estupefacientes pues lo lleven a un sitio donde conozca o le enseñen cuáles son las consecuencias y daños que puede ocasionar el consumo de estupefacientes”, explicó el senador Vélez. “Al Gobierno ya se le impuso obligaciones en materia de rehabilitación”, agregó.
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