Hay quienes proponen otro tipo de estímulos al ciudadano, como becas para el ingreso a la universidad.Con el argumento de que los incentivos económicos que generan se han vuelto un negocio por medio del cual unos pocos buscan enriquecerse, el Gobierno nacional se propone reformar la Ley 472 de 1998, la cual regula las acciones populares y de grupo.
Con ese objetivo el Ministerio del Interior y de Justicia radicó un proyecto de ley, fundamentado también en que “en los últimos años se han presentado casos en los cuales se demuestra que algunos alcaldes han visto entorpecidas las actividades propias de su administración gracias a un sinnúmero de acciones populares, cuyo fin no es el de mejorar el bienestar de la comunidad, el cual se supone sea el fin de las acciones populares”.
Esta Ley establece en su artículo 39 que un demandante en una acción popular tendrá derecho a recibir un incentivo que el juez fijará entre 10 y 150 salarios mínimos mensuales. Mientras que el artículo 40 hace referencia al incentivo económico en acciones populares sobre moral administrativa. En este caso, el demandante tendrá derecho a recibir el 15 por ciento del valor que recupere la entidad pública en razón a la acción popular.
Otra forma de incentivo
El ex procurador general de la Nación Jaime Bernal Cuéllar criticó la costumbre de pagar incentivos a los ciudadanos por colaborar con la justicia. “Existe en Colombia una política de entregar incentivos para todo. Están los incentivos de las acciones populares, los beneficios económicos o que se llaman recompensas para quienes colaboren con la justicia. Eso lo que está permitiendo es que se desnaturalice el principio de solidaridad como base constitucional que debemos tener todos los colombianos”, manifestó a EL NUEVO SIGLO.
En este aspecto, la Corporación Excelencia en la Justicia recuerda que para algunos es necesario el estímulo económico a quienes presenten la demanda, porque al no ser obligatorio acudir a esta figura para defender en algunos casos los dineros públicos, se incentiva de alguna manera esta práctica. Igualmente señala que los ciudadanos del común que presentan acciones populares en muchos casos deben usar sus recursos económicos en gestiones cuando se ven enfrentados, por ejemplo, a grupos económicos poderosos.
Al respecto, Bernal señala que si lo que se busca es promover la acción popular, el Estado puede incentivar al ciudadano de otras formas que no necesariamente sean por la vía económica. “Por ejemplo, si tiene hijos, que le den facilidad para la universidad o un colegio. Por ejemplo, que si el ciudadano tiene dificultades frente a la obtención de vivienda, que le den la prelación en un momento determinado para esa vivienda”.
Frente al proyecto del Gobierno para eliminar los incentivos económicos en las acciones populares, la Corporación Excelencia en la Justicia señala que es necesario revisar el artículo 40, porque “un número importante de acciones populares relacionadas con la moralidad pública hace referencia a la celebración o ejecución de contratos de los cuales es parte el Estado, que en muchos casos involucran enormes recursos”.
2 comentarios:
La iniciativa del Gobierno por eliminar el incentivo de las acciones populares, es una simple incongruencia en los argumentos politicos del gobierno, puesto que el mismo Uribe, premia a sus paras por "confersar", y a los guerrillos por la entrega de informaciones, con sumas escandalosas, SIN EMBARGO, los ciudadanos que nos dedicamos con esmero y dedicacion a llevar avante una accion popular en contra de sus amigos "GRUPO EXITO", "BAVARIA", y claro "BANCOLOMBIA", por la violacion constante y reiterativa de derechos e intereses colectivos, nos estan convirtiendo en "MAFIAS", "CARTELES", cuando las mafias y carteles estan representadas precisamente por muchos PARAPOLITICOS ACTIVOS, un ejemplo cercano a él, es su Ministro Interior.
Que absurdo resulta que los colombianos no seamos capaces de ver, que las esperanzas y las cosas buenas por las que elegimos a un presidente, es precisamente que este mantenga el estado social de derecho, el cual debe proteger nuestros derechos, y no solo los derechos economicos de los grupos que apoyan sus costosas campañas politicas.
estoy muy de acuerdo que se acabe con esta practica ya que se volvio negocio de unos pocos, en especial abogados que ya no litigan sino mantienen viajando haber donde encuentran una posible falla para cobrar sus 5 millones, esto debe terminar por que asi no se puede, por que en vez de estar desfalcando los pobres municipios donde van a pasear, se dedican a litigar, y no a esperar como el chulo, o sea lo muerto y en lo seco.
a hora buena alguien se preocupo por esta herida de plata y yo invito a los profesionales del derecho que paren esa practica y ayuden al pais en derecho y no a terminarlo llenando sus bolsillos con la plata de los pobres.
finalmente, le afradezco a DIOS, que una persona presento esta propuesta de terminar esas recompensas como en el lejano oeste.
en vez de estar acabando con los pobres municipios y la gente que por cualquier motivo o envidia les entablan acciones de grupo.
ojala siga adelante este proyecto y acaben con tanto vagabundo que dejo de trabajar.
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