Los casos de falsos positivos de Soacha serían llevados a la Corte Penal Internacional.POR CONSIDERAR que otorgar la libertad por vencimiento de términos en casos de investigaciones por delitos de lesa humanidad afecta la democracia, el Gobierno nacional expresó su preocupación y criticó a la justicia.
“Con el debido respeto por la independencia y autonomía de la justicia, el Presidente de la República expresa su preocupación por las decisiones judiciales, las cuales alegando vencimiento de términos han dejado en libertad a personas sindicadas”, señaló una nota oficial difundida por la Casa de Nariño.
De acuerdo con el comunicado, la recuperación de la seguridad, “que es fundamental para Colombia, requiere la superación total de la impunidad”.
Advirtió que antes de la Seguridad Democrática, la impunidad en alguna forma se explicaba porque en muchas regiones los jueces y fiscales habían sido desplazados por terroristas guerrilleros y paramilitares. “Hoy, gracias a la Seguridad Democrática, jueces y fiscales actúan en todo el país en un marco de mejores garantías para el ejercicio de sus competencias. Por eso, resulta difícil entender que cuando se ha superado la interferencia terrorista que intentó bloquear la justicia, la impunidad pueda surgir de decisiones amparadas en el vencimiento de términos”.
Reiteró que “dar libertad por vencimiento de términos en casos de crímenes graves afecta tanto a la democracia, como dar libertad en delitos de lesa humanidad con base en la figura de la prescripción. Hoy las democracias niegan la prescripción frente a delitos atroces. En la misma forma se debe negar el vencimiento de términos”.
Señaló que “el Gobierno respeta que la administración de justicia, al valorar el acervo probatorio de cada caso, tome la decisión de acusar, condenar, precluir o dictar un auto inhibitorio o, simplemente, pronunciarse de fondo. Pero alegar vencimiento de términos hace daño a la credibilidad pública y, en el caso de las Fuerzas Armadas, cuando el vencimiento de términos da libertad a terroristas, desestimula el sacrificio de militares y policías que los capturaron; y cuando ese vencimiento de términos concede libertad a integrantes de las Fuerzas Armadas, estas sienten afectado su honor, que solo se salva con decisiones justas y de fondo que absuelvan o condenen”.
La declaración del mandatario se conoció un día después de que el Ministerio de Defensa ordenó que los 17 militares acusados de matar a tres jóvenes, y excarcelados por decisión de un juez civil, sean recluidos en un batallón de Bogotá a la espera de que se reinicie la pesquisa.
El juez de la causa dispuso la excarcelación de los efectivos del Ejército alegando que se había cumplido el plazo para que la Fiscalía presentara una acusación formal, aunque familiares de las víctimas dijeron que la decisión "apunta a la impunidad".
Los 17 militares, que la semana pasada recuperaron la libertad tras permanecer detenidos durante 209 días en otra guarnición castrense, están acusados de la ejecución extrajudicial de tres jóvenes de la localidad de Soacha, próxima a Bogotá.
Esos jóvenes fueron secuestrados y llevados a una región del noreste del país donde fueron asesinados y presentados por los militares como guerrilleros izquierdistas abatidos en combate, en un caso conocido en Colombia como los 'falsos positivos' y que implicaría en realidad "decenas de muertes", según activistas humanitarios.
El candidato presidencial Gustavo Petro dijo que la Corte Penal Internacional, bajo cuya plena competencia Colombia quedó desde noviembre pasado, podría conocer los casos que la justicia colombiana “no quiera o no pueda investigar, como el de los falsos positivos”.
Aparte de los 17 militares, un mayor del Ejército investigados por los falsos positivos, fueron dejados en libertad un investigado por narcotráfico y siete presuntos guerrilleros capturados en el campamento de alias El Negro Antonio.
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