El Tribunal de lo Contencioso Administrativo descartó la petición que le hizo la Procuraduría de no analizar la demanda.CON CELERIDAD estudiará la Sala Plena del Consejo de Estado la demanda contra el decreto que convocó a sesiones extras del Congreso en la madrugada del 17 de diciembre de 2008, para darle trámite al proyecto de ley que convoca el referendo reeleccionista, anunció ayer el nuevo presidente del Consejo de Estado, Luis Fernando Álvarez.
Según el consejero de Estado, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo debe fallar esta acción de nulidad antes que la Corte Constitucional tome una decisión definitiva sobre el referendo, citando, si es necesario, sesiones extras.
Sin embargo, el magistrado aseguró que primero, el alto Consejo deberá analizar si falla la demanda por fuera del control que está haciendo la Corte Constitucional sobre el referendo y cuya ponencia que fue presentada a la Sala Plena es negativa, o si por el contrario como una demanda normal contra un decreto.
“En realidad, el artículo 241 de la Constitución dice que la Corte debe conocer sobre la convocatoria del referendo. Entonces, la discusión es si el decreto que convocó a sesiones extraordinarias para discutir el referendo, como hace parte de la Ley que convoca al referendo, sí podía ser demandado como acto administrativo ante el Consejo de Estado o simplemente la Corte debe conocerlo como una pieza del procedimiento”, explicó Álvarez.
La demanda contra el decreto acusado había sido asumida por la Sección Primera del Consejo de Estado, pero dicha Sección le solicitó a la Sala Plena del alto Tribunal estudiarla, integrada por 23 magistrados, por ser un tema trascendental y de interés general.
De esta manera, la alta Corte descartó la petición que le había hecho la Procuraduría de no abordar el estudio de esta demanda.
El decreto 4742 fue demandado por el representante Guillermo Rivera, del Partido Liberal, porque sus efectos entraron a regir antes de que fuera publicado en el Diario Oficial. La noche de 16 de diciembre de 2008, la presidencia de la Cámara anunció que el Gobierno había convocado al Congreso a sesiones extras a partir de 17 de diciembre, lo que efectivamente se cumplió pasados los primeros minutos de ese día. Sin embargo, este decreto fue publicado, como lo denunció ante la Corte Constitucional el senador Rodrigo Lara, de Cambio Radical, en la Gaceta Oficial casi 15 horas después, cuando la plenaria de la Cámara había decidido aprobar la ley del Referendo.
Postura de la Procuraduría
El pasado 19 de enero, el procurador delegado ante el Consejo de Estado, Roberto Augusto Serrato, le pidió al máximo tribunal de la Justicia Administrativa no abordar el análisis de la demanda contra el decreto 4742 que citó las sesiones extras del Congreso, porque desde su punto de vista carece de jurisdicción.
Serrato argumentó que aunque a primera vista el decreto 4742 estaría sometido a control de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en realidad debe ser analizado por la Corte Constitucional, según competencia consagrada en el artículo 241, numeral 2 de la Constitución Política.
En concepto del Ministerio Público, la revisión de constitucionalidad que lleva a cabo la Corte respecto de este tipo de asuntos, además de estar centralizada o concentrada en dicha Corporación, se enmarca dentro del denominado “control integral”.
Finalmente, consideró que, sin necesidad de que se decrete la nulidad procesal de lo actuado, el proceso debe ser remitido a la Corte Constitucional, para que sea anexado al expediente, dentro del cual se viene efectuando el control automático de constitucionalidad de la ley del referendo.
Registrador insiste en tiempos del referendo
La realización del referendo reeleccionista se demoraría tres meses, si es avalado por la Corte Constitucional, y no un mes como han argumentado varios defensores de la iniciativa, anunció ayer el registrador nacional Carlos Ariel Sánchez.
El funcionario advirtió que si la Corte Constitucional se toma el tiempo de ley y declara la legalidad del referendo en la primera semana de marzo, la Registraduría también tendría que tomarse el tiempo que la ley señala para organizar un referendo, por lo que la realización de éste estaría listo a mediados de junio.
Sin embargo, el calendario electoral establece la primera vuelta presidencial para el 30 de mayo.
“Me gustaría que quienes piensan que un certamen democrático se puede hacer tan rápido verifiquen todos los escenarios electorales de referendos de lo que va en este milenio”, expresó Sánchez.
Para esto, el registrador puso como ejemplo un referendo convocado en el 2003 que tardó tres meses para llevarlo a cabo.
“Ya hay un escenario logístico en el año 2003, que fue un escenario de tres meses 15 días, entre julio ocho del 2003 y septiembre 25 del 2003. Ese es el antecedente de un referendo”, manifestó Sánchez.
“Uno no puede concluir”, añadió, “que un referendo es coger una papeleta y llevarla y meterla a una urna. El referendo es un certamen democrático, y en la democracia se deben respetar las reglas propias”.
Por último, dijo que nombrar a los jurados de votación es una tarea de dos meses y otros tantos para definir el censo electoral que definiría quienes pueden votar el referendo.
Piden más período para magistrados
CON NUEVAS propuestas para hacerle a la comisión de alto nivel para la reforma judicial, llegó el nuevo presidente del Consejo de Estado, Luis Fernando Álvarez.
Álvarez, quien hace parte de dicha comisión, propondrá una ampliación de por lo menos cuatro años más en el período constitucional de los magistrados, el cual actualmente es de ocho años.
Según el recién posesionado presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, un período de 12 años garantizaría una mayor seguridad jurídica a la hora de realizar un fallo y afianzaría una jurisprudencia.
Álvarez además señaló que las experiencias que, en ese sentido, han tenido otros países son bastante positivas.
El magistrado también es partidario de aumentar la edad para el retiro forzoso de los magistrados, quienes actualmente tienen que pensionarse a los 65 años, pues considera que el país está perdiendo una oportunidad valiosa para contar con el importante aporte de servidores altamente calificados, y de aumentar la edad para poder ser magistrado.
Por último, señaló que la alta Corporación apoya cualquier iniciativa que aborde el debate de una reforma judicial, pero sin un recorte de las competencias de las altas Cortes.
La comisión de alto nivel está integrada por los presidentes del Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y ex magistrados de los altos Tribunales. Dicha comisión, que está liderada por el jurista José Alejandro Bonivento, fue convocada por el Gobierno para que analice los principales temas de una reforma judicial y presente unas propuestas que sean tenidas en cuenta en un proyecto de ley.
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