Fedemunicipios convocó a alcaldes de todo el país a reunirse para pedirle al jefe de Estado frenar los decretos de la emergencia social.LOS CIUDADANOS de escasos recursos no gastarán cesantías en salud, advirtió ayer en un comunicado el presidente Álvaro Uribe, frente a la polémica que había suscitado la utilización de estas cesantías en el servicio.
“Solamente los sectores pudientes, estratos 5 y 6, podrán gastar cesantías en salud, nunca los ciudadanos pobres o de ingresos medios. Si esto no es así, es preferible que el Congreso derogue el Decreto”, dijo el jefe de Estado.
El jueves, el Ministerio de Protección Social emitió el decreto 358 con el cual aclaraba que los estándares estipulados en los artículos 5 y 23 del decreto 131 “sólo serán obligatorios cuando, en ejercicio de su autonomía, así lo definan la Academia Nacional de Medicina y la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, en el caso de los médicos, y la Federación Odontológica Colombiana, en el caso de los odontólogos”.
El Gobierno también aclaró ayer que por ley es imposible desmejorar el POS y que cualquier variación es para mejorarlo. “Todas las revisiones que se han dado han sido para aumentar el plan de beneficios; tenemos además un piso legal que dice que no se puede prestar un plan de beneficios menor al que tenía la gente al momento de entrar en vigencia esa ley”, explicó el viceministro técnico de Protección Social, Carlos Jorge Rodríguez.
Mientras tanto, la Federación Colombiana de Municipios, Fedemunicipios, lanzó una convocatoria para que en este mes de febrero se reúnan los alcaldes del país para pedirle al presidente Álvaro Uribe frene los decretos de emergencia social en el sistema de salud que expidió el Ministerio de Protección Social.
De esta manera, Fedemunicipios expresó su rechazo a las medidas expedidas “por medio de los cuales se le está dando un zarpazo a los recursos que para la salud reciben los municipios y distritos del país, del Sistema General de Participaciones”, según lo manifestaron a través de un comunicado.
“Es intolerable que para resolver un problema crónico que ha tenido el Sistema de Seguridad Social en salud, se recurran a medidas excepcionales que exceden el espíritu de lo establecido en el ordenamiento constitucional para estos efectos y se pretenda reformar la constitución por ésta vía”, expresó Fedemunicipios.
Según la federación que asocia a los municipios del país, los mandatarios locales han manifestado que esta decisión es la joya de la corona en el proceso “recentralista que viene padeciendo el país de manera paulatina por medidas que han venido tomando de forma aislada varios ministros del Gobierno”.
El presidente de Fedemunicipios y alcalde de Popayán, Ramiro Navia, manifestó que con estas disposiciones la descentralización sufrió una herida mortal y alertó al país sobre la inconveniencia de seguir manejando los recursos que garantizan el derecho a la vida de los ciudadanos, en negocios fiduciarios que demoran, dificultan y encarecen la gestión de los servicios de salud.
De igual manera, el director ejecutivo de la federación, Gilberto Toro, expresó su indignación por las disposiciones, según él “desproporcionadas que no tienen relación directa ni específica con los hechos que originaron la emergencia social” y “que no contribuyen a resolver la acumulación de cuentas en el Fosyga que tiene al borde del colapso a muchas EPS”.
“Lo paradójico es que con las medidas anunciadas se está produciendo una situación de grave calamidad pública y una profunda desesperanza en todos los colombianos”, afirmó.
Toro fundamentó su postura en una demanda de inconstitucionalidad que fue presentada en el espacio de participación ciudadana dentro del control que hace la Corte Constitucional de los Estados de Excepción que declara el Gobierno.
“La Federación Colombiana de Municipios se permite manifestar a la Corte Constitucional su profunda preocupación por el conjunto de medidas que se expidieron al amparo de la declaratoria de emergencia social, las cuales modifican de manera estructural el Sistema General de Seguridad Social en Salud; han perturbado el orden económico y social del país; y amenazan con convertirse en una verdadera calamidad pública”, dice el escrito.
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