En las manos del Congreso quedará la reforma en salud

Los problemas del sistema de protección social urgen medidas estructurales, reto que deberá plantearse el nuevo Congreso.

Los problemas estructurales que enfrenta el sistema de protección a la salud deberán ser planteados por el nuevo Congreso a partir del próximo 20 de julio. Así lo advirtió el investigador del Centro de Investigaciones para el Desarrollo, CID, de la Universidad Nacional, Óscar Rodríguez.

De acuerdo con el investigador, es muy probable que la Corte Constitucional declare inexequible la Emergencia Social y sus decretos reglamentarios, pues la crisis de la salud no es un hecho sobreviniente sino que, por el contrario, es un problema estructural del sistema.

“Al caerse la Emergencia, por un lado, el Gobierno tiene que entrar a solucionar la crisis coyuntural del sistema y, por otra parte, el Congreso debe plantearse una solución estructural del sistema”, dijo.

Según el CID, una vez declarada inexequible la Emergencia Social, lo primero que se presentará es una situación de insolvencia de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, IPS, principal de la red pública, y de liquidez del sistema, porque el Gobierno no tomó las precauciones presupuestales del caso frente al mandato de la Corte de nivelar los dos Planes Obligatorios de Salud, POS, el contributivo y subsidiado.

Según Rodríguez, eso lo habría podido hacer perfectamente en la Ley 1122 de 2007, donde el Gobierno planteó que la universalidad del sistema implicaba que todo el mundo quedaba asegurado pero con POS diferenciales.

“Es decir, que cuando la Corte Constitucional pide nivelar los dos POS, implica mayores gastos del sistema y por lo tanto se presentan dos escenarios que tiene que solucionar el Gobierno: cómo lograr solventar la crisis hospitalaria y cómo cumplir el mandato de la Corte.

Según el CID, para enfrentar los problemas de liquidez de los hospitales es necesario darles nuevos recursos, lo cual implica que el Gobierno haga un esfuerzo presupuestal para nivelar los dos POS, es decir, aumentar el gasto público.

“Si eso no ocurre, el efecto inmediato de una liquidez de la red pública hospitalaria es la disminución en la calidad y oportunidad de la atención. Eso agravaría la situación de los colombianos afiliados al régimen subsidiado -los más pobres- y de quienes están afiliados al régimen contributivo, pero cuyas EPS han creado barreras de acceso (por ejemplo, una cita con especialista que ya no se demora uno sino tres meses o ciertos procedimientos diagnósticos).

A su vez, el profesor Darío Restrepo señaló que hay dos factores que han ayudado a que la situación se agudice en los últimos años. El primero, los recortes a las transferencias para la salud, con los que se han dejado de percibir unos cinco billones de pesos. Segundo, la flexibilidad laboral ha producido que un mayor porcentaje de la población deje de contribuir a la seguridad social.

“El Gobierno ya no les gira la plata a los gobiernos locales, sino que la asigna directamente a las EPS, a los ‘intermediarios financieros’, es decir, que garantiza el lucro de las entidades y recentraliza los recursos. Una reforma con la que busca garantizar las rentas de estas empresas, profundizando la inequidad”, aseguró el profesor Restrepo.

Para el Centro de Investigaciones de la UN, si un usuario está por fuera de la red de un asegurador, tiene muchos obstáculos para conseguir una adecuada atención. Los ciudadanos, a pesar de estar afiliados a una EPS, tienen que financiar con sus propios recursos en casos en los que no pueden ser atendidos por la red de atención a la cual están afiliados.