La reforma a la salud debe hacerse sin afán: Galán

“NO HAY que hacer o a las carreras ni improvisando. Eso fue lo que hizo el Gobierno con la emergencia social y el resultado fue catastrófico”.

Con estas palabras respondió el senador Juan Manuel Galán, del Partido Liberal, en los medios la alarma de algunos sectores porque, ante la inminente caída de la emergencia social en salud decretada en diciembre por el Gobierno, no haya una decisión del Congreso que la sustituya.

“A mi me parece que esa es una de las principales tareas que debe tener el próximo Congreso”, señaló.

“Eso no se puede hacer a las carreras ni se puede hacer de manera improvisada. Ya vimos los resultados de un proceso improvisado. El Congreso no puede repetir el mismo error”, explicó.

Galán consideró “que hay que hacer un gran debate, con una serie de audiencias públicas, en las que participen la academia, las asociaciones de pacientes, las asociaciones médicas, los gremios de la salud, el sector público, el sector privado, las fuerzas políticas y allí se recoja una reforma que surja por consenso”.

Proyecto

Galán, junto al representante Simón Gaviria, ya radicaron un proyecto para establecer un estatuto mínimo de los derechos que, en su concepto, deben tener los usuarios de la salud, que le cerrarían el paso a varias de las disposiciones fijadas por la emergencia social.

Gaviria señaló el “decreto que obliga a los pacientes a pagar los medicamentos con sus ahorros viola al menos diez artículos de la Constitución Nacional”.

El proyecto liberal prevé, entre otras, la elección libre de un médico, recibir un trato digno respetando sus creencias y costumbres, asistencia médica de calidad con profesionales debidamente capacitados.

Emergencia

El 21 de enero el Gobierno Nacional promulgó 16 decretos en el marco de la emergencia social decretada para “solucionar” los graves problemas financieros del sistema de salud. Entre las medidas se destacan el deterioro del Plan Obligatorio de Salud (POS), la eliminación de los servicios no-POS, que ahora se denominan Prestaciones Excepcionales de Salud (PES) y la reforma tributaria mediante la cual se aumentó el IVA a licores, cervezas, cigarrillos y juegos de azar.

Sin embargo, varias disposiciones han sido recibidas con escepticismo por algunos parlamentarios.

El senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático, calificó de regresivos los decretos del Gobierno porque agravan una situación que ya de por sí es desastrosa. El congresista explicó que ahora los colombianos tendrán derecho a menos servicios de salud porque el POS queda reducido simplemente a la atención de baja complejidad, la medicina y odontología general. “¿Por qué estabilidad jurídica para los monopolios y trasnacionales y decisiones regresivas para los ciudadanos?”, preguntó Robledo.

A esto se suma la decisión de obligar a los pacientes a pagar por los servicios excluidos del POS, negándoles el derecho a presentar tutelas para acceder a cirugías, medicamentos y demás tratamientos, manifestó Robledo. “Es inaudito que en medio de este desastre de desempleo y pobreza el Gobierno restrinja el derecho a la salud y obligue a los enfermos a pagar con sus cesantías y pensiones los servicios que por su naturaleza e importancia deben prestarse de manera gratuita”, afirmó.

El senador Luis Carlos Avellaneda, también del Polo, señaló que “al mantener como alternativa de financiación de enfermedades de alto costo, las cesantías y las pensiones, el Gobierno ratifica su intención de lesionar los intereses de la clase trabajadora y no de los ricos”.

Pero también desde las toldas uribistas se han escuchado críticas a las decisiones tomadas por el Gobierno dentro de la emergencia social, como lo han señalado los senadores Dilian Toro, Jorge Ballesteros, Luis Elmer Arenas y Armando Benedetti, así como el representante Roy Barreras, todos del Partido Social de Unidad Nacional (La U).

Benedetti, por ejemplo, dijo ayer que no apoya los decretos porque están hechos para favorecer sólo a las EPS y no se puede descuidar el servicio de salud que se les presta a los colombianos. “El derecho a la salud es una garantía tan importante como la vida misma. No he apoyado ni apoyaré ninguna iniciativa que menoscabe las posibilidades de los ciudadanos”, indicó.

Arenas criticó duramente la actitud del Gobierno por no haber adelantado un debate previo a los decretos: “El gobierno nacional abusó de sus atribuciones y ahora que está encontrando rechazo justificado entre muchos sectores como el de los médicos, chanceros, asociaciones de pacientes, fundaciones y empresas”.

Barreras precisó que aunque defiende al Gobierno “me seguiré oponiendo a esta medidas que resulten nocivas y van en detrimento del bienestar de todos los colombianos. Así es que no me queda otra opción que demandarlas ante la Corte Constitucional”.

Corte

Ayer, teniendo como base la ponencia presentada la semana anterior por el magistrado Jorge Iván Palacio, la Corte Constitucional inició el estudio del estado de emergencia social.

Además de esta ponencia, el estudio de la emergencia social tiene como antecedente el concepto del procurador Alejandro Ordóñez, presentado el 2 de marzo, en que solicita a la Corte declarar inexequible esta medida aduciendo que la crisis en la salud no es producto de hechos sobrevinientes, es decir, repentinos e imprevistos, como lo exige la Constitución al Gobierno para que pueda acudir a un estado de excepción de este tipo.

Palacio, en su proyecto de fallo, consideró inexequible la medida, según varias fuentes, argumentando problemas de carácter estructural insalvables para sustentar su rechazo a la emergencia social, decretada por el Gobierno Nacional a finales del año pasado.

De acuerdo con estas fuentes, las violaciones al artículo 215 constitucional motivaron al magistrado sustanciador a proponerles a sus ocho compañeros de la sala plena de la Corte que declaren la inconstitucionalidad del decreto 4975 de 2009, en que se sustenta la emergencia.

Las fuentes aclararon que, sin embargo, Palacio dejó en su ponencia caminos abiertos para buscar soluciones a los problemas del sistema de salud colombiano. Uno de ellos sería dejar en manos del Congreso la reforma que requiere hoy la seguridad social en salud.

Palacio coincidió con los observadores que consideraron que los hechos que motivaron la declaratoria de emergencia social no fueron sobrevivientes, por lo cual el Gobierno debería haber acudido al Congreso para tomar las decisiones que adoptó al amparo de la emergencia.

Adicionalmente, el jurista habría señalado en su ponencia que los recursos que se pretenden recaudar con esas medidas no solucionan el problema de fondo del sistema de salud en el país.

Como se recordará, la declaratoria de la emergencia y las medidas adoptadas al amparo de la misma generaron la reacción de médicos, usuarios y empresarios del sector por considerarlas inconvenientes y lesivas.

Aún el mismo Gobierno debió reconocer que se presentaron no pocas decisiones equivocadas, por lo que ya está preparando proyectos de ley parta presentarlos al Congreso que el martes reinició su periodo de sesiones ordinarias. Una de ellas, por ejemplo, busca derogar el decreto que implicaba el uso de las cesantías de los usuarios de las EPS para pagar parte de los servicios de salud.