Emergencia social en salud es inexequible: Corte

POR DECISIÓN unánime, la Corte Constitucional consideró inexequible el decreto 4975 de 2009 por medio del cual el Gobierno Nacional declaró la emergencia social en salud, anunció anoche el presidente del tribunal Mauricio González.

Los magistrados determinaron que los presupuestos para declarar la emergencia no se basaban en hechos sobrevivientes, sino estructurales, los cuales pueden ser conjurados por medios ordinarios según lo explicó González.

El presidente de la Corte aclaró, que aunque los juristas no apreciaron esos hechos como sobrevinientes, aceptaron que eran muy graves, razón por la cual establecieron que los efectos de la inexequibilidad de la declaratoria de emergencia sobre las fuentes tributarias de financiación para la salud, establecidos en el decreto 127 de 2010, quedaban aplazados hasta el 16 de diciembre de 2010, pero precisando que los recursos recaudados deberán ir exclusivamente para financiar la red pública hospitalaria, pidiéndole a los órganos de control que hagan cumplir esta decisión.

La Corte permitió, de esta manera, que hasta diciembre se cobre el impuesto a la cerveza, vinos, licores, aperitivos, cigarrillos y tabaco elaborado, los cuales serán dirigidos al sector de la salud.

El tribunal invitó al Congreso para que en corto tiempo promulgue leyes que solucionen la difícil situación del sistema de la salud y se sostenga financieramente en los próximos años.

Emergencia

El Gobierno declaró la emergencia el 23 de diciembre y el 21 de enero el Gobierno Nacional promulgó otros 16 decretos, todo con el objetivo de “solucionar” los graves problemas financieros del sistema de salud. Entre las medidas se destacan el deterioro del Plan Obligatorio de Salud (POS), la eliminación de los servicios no-POS, que ahora se denominan Prestaciones Excepcionales de Salud (PES) y la reforma tributaria mediante la cual se aumentó el IVA a licores, cervezas, cigarrillos y juegos de azar.

Congreso

“No hay que hacerlo a las carreras ni improvisando. Eso fue lo que hizo el Gobierno con la emergencia social y el resultado fue catastrófico”.

Con estas palabras respondió el senador Juan Manuel Galán, del Partido Liberal, la alarma de algunos sectores porque, ante la caída de la emergencia, no haya una decisión del Congreso que la sustituya.

“A mí me parece que esa es una de las principales tareas que debe tener el próximo Congreso”, señaló.

“Eso no se puede hacer a las carreras ni se puede hacer de manera improvisada. Ya vimos los resultados de un proceso improvisado. El Congreso no puede repetir el mismo error”, explicó.

Galán consideró “que hay que hacer un gran debate, con una serie de audiencias públicas, en las que participen la academia, las asociaciones de pacientes, las asociaciones médicas, los gremios de la salud, el sector público, el sector privado, las fuerzas políticas y allí se recoja una reforma que surja por consenso”.

Galán, junto al representante Simón Gaviria, ya radicaron un proyecto para establecer un estatuto mínimo de los derechos que, en su concepto, deben tener los usuarios de la salud, que le cerrarían el paso a varias de las disposiciones fijadas por la emergencia social.

Gaviria señaló el “decreto que obliga a los pacientes a pagar los medicamentos con sus ahorros viola al menos diez artículos de la Constitución Nacional”.

El proyecto liberal prevé, entre otras, la elección libre de un médico, recibir un trato digno respetando sus creencias y costumbres, asistencia médica de calidad con profesionales debidamente capacitados.

El senador Luís Carlos Avellaneda, del Polo Democrático, consideró ayer que “es indispensable que la sociedad civil tome las medidas necesarias para desarrollar un modelo que garantice el derecho fundamental a la salud, el cual debe entenderse bajo los principios de universalidad, equidad, accesibilidad y calidad, de esta manera construiremos un país con justicia social como el que merecen las futuras generaciones”.