miércoles, 24 de noviembre de 2010

Reforma a salud regula vicios, no corrige fallas: académicos


La reforma a la salud regula vicios del sistema pero no corrige su principal falla, concluyó un estudio del Grupo de Investigación de Economía Laboral de la Universidad de la Salle, conocido ayer por los medios.

El proyecto continuará hoy debatiéndose por parte de las comisiones séptimas de Senado y Cámara, que ayer votaron los primeros 67 artículos de Ley Estatutaria de Reforma a la Salud, que plantea alternativas para quitarle peso a la tutela y faculta a la Superintendencia Nacional de Salud para resolver las solicitudes médicas rechazadas. Una iniciativa que ha generado polémica porque algunos sectores argumentan que la tutela debe ser mantenida como recurso legal para resolver solicitudes de los usuarios. Mientras que otros consideran que ante la llamada “tutelitis” este recurso debe desaparecer del panorama médico.

La senadora Dilian Francisca Toro, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), presidenta de la comisión séptima del Senado, aseguró que “las tutelas van a seguir existiendo, porque así lo permite la Constitución cuando se es violado un derecho fundamental de los ciudadanos”.

La legisladora advirtió que la única pretensión del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y su bancada legislativa es que “las decisiones sean más de los médicos y especialistas y no de los jueces”.

“Si nosotros logramos que las solicitudes de tratamientos a los pacientes sean definidas por los propios médicos, pues es mucho mejor porque serán los especialistas los que van a decidir”, puntualizó la congresista vallecaucana.

Sin embargo, la crítica de los académicos está enfocada precisamente en que la iniciativa, en ligar de establecer un procedimiento administrativo para los denominados tratamientos no-POS, deja en manos del recurso de la tutela el acceso a la salud en esos casos.

“Lo que estamos proponiendo nosotros es que se establezca un mecanismo para que sea la misma EPS la que determine la necesidad del tratamiento”, le explicó a este Diario el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de La Salle, Luis Fernando Ramírez.

En compensación, anotó Ramírez, el sistema les incrementaría “la UPC, la unidad de pago por capitación, en un 5 por ciento. Creemos que ese es un fondo cercano a los 800 mil millones de pesos con los cuales las mismas EPS, con un sistema de autorregulación, deberían estar en capacidad de atender todos esos reclamos, dar un servicio más inmediato, evitar que se congestione la rama judicial y que los usuarios queden satisfechos en sus necesidades”.

Para el catedrático, “el principal problema que tienen los ciudadanos que acuden al servicio de salud tiene que ver con lo que llamamos los tratamientos no-POS, lo que no está reglamentado, lo que no está cubierto. Eso está derivando que las personas tienen que acudir a la vía judicial muy frecuentemente para poder lograr hacerse entender”, tanto en los sistemas contributivo como subsidiad.

“Eso se está volviendo un problema fiscal, porque ante una orden judicial las EPS hacen el tratamiento y después tienen que cobrarle eso al sistema de salud a los precios que ellos quieren, porque eso no está reglamentado”, precisó.

“Las pruebas que hicimos nos arrojaron que de cerca de 300 mil tutelas, casi la mitad tuvieron que ver con el tema de salud y le costaron al Fosyga más o menos 1,8 billones de pesos”, indicó Ramírez.

Para los académicos de la Universidad de la Salle, la iniciativa reconoce de plano que los colombianos tendrán que seguir acudiendo a la acción de tutela, para reclamar sus derechos fundamentales en materia de salud, como le ocurrió a las 141 mil personas que en 2009 acudieron a este instrumento para garantizar su derecho a la salud, representándoles un costo considerable en tiempo y dinero durante los procesos judiciales.

Ramírez consideró que “el actual Sistema General de Seguridad Social en Salud viola de manera sistemática los derechos fundamentales de los colombianos, pues la magnitud de recursos movilizados del sistema judicial para responder a los procesos por acción de tutela en salud, sumado a los recursos que los propios usuarios deben destinar para reclamar sus derechos fundamentales representa un costo muy elevado para la sociedad colombiana, costo que debería ser removido por esta reforma”.