skip to main |
skip to sidebar
829 empleados han ganado allí polémicas tutelas que pueden valer $ 1,3 billones a la petrolera.
Ex abogado de Ecopetrol y 2 juzgados, tras varios fallos.
Desde mediados del año pasado, Cúcuta se convirtió en el destino favorito para centenares de ex empleados y funcionarios de Ecopetrol que quieren reclamar algunos factores salariales para sus pensiones.
De manera sistemática, 829 de ellos han logrado ganar allí decenas de procesos laborales, a través de acciones de tutela individuales o de grupo, a pesar de que en criterio de la Corte Constitucional, esa vía no procede para este tipo de reclamaciones laborales.
El atractivo de Cúcuta consiste en que un puñado de abogados se ha dedicado a instaurar allí esas acciones y algunos jueces laborales y magistrados han acogido sus argumentos jurídicos, concediendo millonarias reclamaciones que no prosperan en otras plazas judiciales.
EL TIEMPO estableció que el 89 por ciento de los demandantes (709 personas) ha llegado de Bogotá, Bucaramanga, Cartagena y Barranca entre otros lugares. Esa trashumancia judicial es calificada de ilegal por Ecopetrol que alega que los jueces de Cúcuta no tienen competencia por ser procesos de empleados que ni trabajaron ni viven allí.
La seguidilla de fallos contra la petrolera -condenada por violar derechos a la igualdad, al debido proceso y a la irrenunciabilidad de la pensión- ascienden a 55 mil millones de pesos. Pero, por comprometer pensiones futuras, Ecopetrol cree que pueden terminar valiendo 1,3 billones.
"El impacto económico de las decisiones es preocupante para la compañía", dicen sus voceros.
Entre las tutelas falladas que la empresa ha objetado hay una que ordena indemnizar con 1.365 millones a una sola persona. Se trata de Víctor Manuel Pérez, el abogado que defendió a Ecopetrol en Cúcuta hasta marzo de 2010. Aunque su caso no prosperó inicialmente, la sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta ordenó reconocerle salarios y prestaciones desde su salida hasta que cumpla los requisitos para jubilarse, por despedirlo cuando tenía trastorno mixto de ansiedad.
El gestor de la demanda y de cerca de 40 (con unos 100 accionantes) es el abogado José Trinidad Minorta quien laboró en la Dirección Jurídica de Ecopetrol.
Incluso, sindicatos invitan a charlas con él: "Aprovechemos la oportunidad que Dios nos brinda a través de la gestión en Cúcuta", dicen.
¿Diferencia de criterios?
Otro de los abogados es Jorge Horta quien ya había obtenido varios fallos contra Ecopetrol en Bolívar.
Parte de lo éxitos judiciales de estos abogados se concentran en el juzgado cuarto Laboral del Circuito, que ha fallado 13 veces contra Ecopetrol y en el tercero, que ha favorecido a un centenar de trabajadores. La Sala Laboral del Tribunal de Cúcuta ha confirmado buena parte de esos fallos y tumbado otros que favorecían a Ecopetrol.
Para el abogado Minorta y para el magistrado de la Sala Laboral Fernando Castañeda, se trata de diferencia de criterios, con la Corte Constitucional, en la interpretación jurídica. Aunque Castañeda dijo que tras los pronunciamientos de ese tribunal empezarán a acoger su jurisprudencia.
Pero la juez cuarta Laboral, Amparo Vega, da otra explicación. Dice que sus fallos contra Ecopetrol siguen criterios de la Sala Laboral que ella obedece para evitar "acosos", como el que dice haber recibido en el 2010 cuando le negó una tutela al abogado Horta y el magistrado Castañeda le inició un incidente de desacato.
Para frenar las demandas, Ecopetrol y la Procuraduría han logrado que la Corte Constitucional revise y tumbe algunos fallos. De hecho, el alto tribunal envió copias a la Judicatura para que investigue a Minorta y a la juez cuarta Laboral, por algunas actuaciones. Y ahora revisa otro paquete de exitosas tutelas del abogado Horta en Cúcuta.
'Estamos dando la pelea'
Petrolera ya denunció a funcionarios y abogados
Voceros legales de Ecopetrol reconocieron que lo que sucede en Cúcuta es un tema de grave impacto económico y preocupante. Sin embargo, dijeron que están convencidos de la ilegalidad de algunas de las decisiones, tal como lo ratifica la Corte.
"Estamos dando la pelea hasta el final y somos optimistas. Además, ya hemos actuado penal y disciplinariamente respecto a algunos funcionarios de esa ciudad".
Defensa: Hablan abogados y jueces
Abogado José Trinidad Minorta: dijo que está actuando en derecho y haciendo respetar convenciones y acuerdos pactados por Ecopetrol como el 'Plan 70' y el Incentivo al Ahorro. Sobre la concentración de tutelas en Cúcuta, explicó que debe a que, a diferencia de otras ciudades, allí sí hay seguridad jurídica. "Además, el trabajador es libre de demandar donde quiera y Ecopetrol tiene sedes en todo el país". Atribuyó a "criterios subjetivos de magistra- dos" el hecho de que estén tumbando las tutelas y dijo que Ecopetrol pre- siona para que sean revisadas: "Además, la Judicatura ya me absolvió por una de las quejas de la petrolera".
Magistrado Fernando Castañeda: aclaró que la Sala Laboral también ha revocado fallos contra la petrolera y que la Corte ha confirmado decisiones en las que, por ejemplo, se ordenó el reintegro de 50 trabajadores: "Son criterios de interpretación jurídica, pero ahora estamos acogiendo la jurisprudencia de la Corte en temas como el 'Plan 70'. Sobre la trashumancia de demandantes dijo que la Sala parte de la buena fe cuando estos dicen que viven en Cúcuta. Finalmente, defendió el fallo a favor del ex abogado de Ecopetrol por ser una indemnización sustitutiva contemplada en la Ley.
Juez cuarta, Amparo Vega: " Yo fallo con el criterios de la Sala Laboral para evitar que me acosen. En el 2010, negué una tutela del doctor Horta por prescripción y el magistra- do Castañeda me inició un incidente de desacato y pidió vigilancia especial a mi despacho. Hay casos en los que sí procede la tutela. pero, en general, yo fallo con su criterio para evitar ese acoso". El juez tercero se abstuvo de hablar del tema.
Abogado Jorge Horta: dijo estar interesado en hablar pero se encontraba en vueltas bancarias. Al cierre de esta edición no había respondido los mensajes que se le dejaron con su secretaria y en su celular. Eltiempo.com
El Gobierno Nacional promulgará hoy la ley de reforma política tras la revisión obligatoria hecha por la Corte Constitucional por tratarse de una norma estatutaria.
La reforma incidirá notoriamente en el actual proceso electoral y de inmediato reduce el periodo de inscripción de candidatos para las elecciones de octubre próximo.
La legislación actual establece que los candidatos a las elecciones territoriales pueden inscribir su aspiración, para el presente caso, hasta el 10 de agosto. Pero la ley que hoy se promulga dice que dichas inscripciones solo se pueden adelantar hasta 4ª meses antes de las elecciones.
Como las elecciones están previstas para el 30 de octubre, esto quiere decir que solo podrán estar en la contienda quienes se inscriban hasta el próximo 30 de julio, es decir, se le reducen 11 días al actual calendario electoral.
La reforma política castiga severamente la doble militancia en partidos o movimientos políticos. Para el efecto, cada partido debe llevar ante el Consejo Nacional Electoral un registro de todos sus militantes, que tienen sus obligaciones frente a su colectividad.
Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control, dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados.
Los directivos de los partidos y movimientos políticos que aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular por otro partido o movimientos políticos o grupo significativo de ciudadanos, o formar parte de los órganos de dirección de estas, deben renunciar al cargo doce (12) meses antes de postularse o aceptar la nueva designación o ser inscritos como candidatos.
Ese aparte de la nueva ley no cobijaría casos como el de Antanas Mockus, en caso que resuelva lanzarse a una nueva aspiración, pues renunció a la dirección de su partido con anterioridad a la vigencia de la ley que apenas hoy será promulgada y por lo tanto no tiene efectos retroactivos.
Otro punto de la reforma es que quienes participen en consultas populares como candidatos están obligados a respetar su resultado y no podrán inscribirse como candidatos de otro partido o apoyar a aspirantes de otros sectores.
Sin duda uno de los efectos inmediatos de la reforma, y que ha preocupado a los partidos políticos, es el de las sanciones a las colectividades y sus dirigentes que inscriban candidatos inhabilitados o que estén incursos en problemas judiciales.
Al respecto se establece que los directivos de los partidos son responsables por inscribir candidatos que no reúnan los requisitos o calidades, se encuentren incursos en causales objetivas de inhabilidad o incompatibilidad, o hayan sido condenados o llegaren a serlo durante el periodo para el cual resultaren elegidos, por delitos cometidos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales, actividades del narcotráfico, contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad.
Ese es uno de los puntos que ha acentuado algunos reclamos de los partidos al gobierno y a entidades como el DAS, y que originó discusiones como las de la Casa de Nariño en el día de ayer.
Los directivos de los partidos también serán responsables por incurrir en actos tipificados como delitos contra mecanismos de participación democrática; contra la administración pública; contra la existencia y seguridad del Estado; contra el régimen constitucional y legal; de lesa humanidad; o relacionados con actividades de grupos armados ilegales o de narcotráfico.
Los responsables de tales hechos en los partidos serán acreedores a la amonestación escrita y pública, sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar; a la suspensión de cargo directivo hasta por tres meses; a la destitución del cargo, y a la expulsión del partido.
Pero además los partidos como tales también serán sancionados, por ejemplo, la suspensión de la financiación estatal y l uso de los medios de comunicación; a la suspensión temporal de la personería jurídica, o a la cancelación de la misma según la gravedad; a la prohibición de inscribir candidatos en la respectiva jurisdicción, y hasta a la disolución del partido.
Cuando se trate de condenas ejecutoriadas en Colombia o en el exterior por delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales y actividades del narcotráfico o de delitos contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad, el partido o movimiento que inscribió al condenado no podrá presentar candidato para la siguiente elección en la misma circunscripción.
Los partidos o movimientos políticos perderán el reconocimiento de su personería jurídica, cuando al restarle los votos obtenidos por los congresistas condenados por los delitos a que se refiere el numeral 5º del artículo 10, no se alcance el umbral. En estos casos se ordenará adicionalmente la devolución de la financiación estatal de la campaña en una cantidad equivalente al número de votos obtenido por el congresista o congresistas condenados.
Otro de los puntos de la reforma política que será sancionada hoy por el presidente Santos es el que permite por primera vez que se otorguen anticipos de financiación de las campañas a candidatos en elecciones territoriales.
Actualmente solo se permite la financiación mediante anticipos para los candidatos a Congreso y a la Presidencia de la República. Con la nueva ley se otorgará un anticipo hasta del 80 por ciento con cargo a la reposición de gastos que se obtengan por el número de votos alcanzado en las elecciones.
En todo caso serán los partidos quienes pueden pedir dichos anticipos. De la misma manera, serán los partidos los responsables de la publicidad política y solo ellos podrán contratarla.
Otra de las normas novedosas es que los promotores del voto en blanco podrán tener reconocimiento electoral y recolectar formas. Para el efecto, también tendrán derecho a divulgación y publicidad y quedan habilitados además para la financiación de sus campañas por la vía de anticipos.
Son muchas las disposiciones de esta reforma política y destacamos también que a partir de hoy los partidos quedan obligados a incluir dentro de las listas de candidatos a corporaciones públicas, por lo menos el 30 por ciento de aspirantes de género, es decir, si en la lista van 10 candidatos, por lo menos tres tienen que ser mujeres.
En la financiación de Estado al sostenimiento anual de los partidos se concederán mayores partidas a aquellos partidos que logren elegir el mayor número de mujeres y de jóvenes menores de 26 años.
En las elecciones de octubre también entra a regir una nueva norma; los escrutinios se harán el mismo día de las elecciones y en las mesas de votación. Actualmente el conteo de mesa no es vinculante y el escrutinio se adelanta el martes siguiente a la jornada electoral.
ENTRE LOS obstáculos que tienen las mujeres víctimas del conflicto armado y en condición de desplazamiento para lograr que les garanticen sus derechos “está el desconocimiento que tienen algunos funcionarios respecto de las órdenes de la Corte” Constitucional, le expresó a EL NUEVO SIGLO la abogada Clarena Cardona, de la Casa de la Mujer, una de las organizaciones que integran la Mesa Nacional de seguimiento al Auto 092 de 2008.
Y es que “el Auto 092 le ordena al sistema que capacite a su funcionarios”, agregó la jurista tras señalar que “hay un incumplimiento por parte del Sistema Nacional de Atención a Víctimas y de las órdenes del Auto 092 principalmente en que los trece programas que debió haber implementado están en su fase inicial, no hay un seguimiento a esa implementación, no hay participación de las mujeres víctimas en el conflicto en el desarrollo e implementación de estos programas”.
Sobre el particular, Carolina Tejada, subdirectora del Programa para la Paz del Cinep (Centro de Investigación y Educación Popular), indicó que “justamente las políticas públicas necesitan de estructuras para realizarse y no podemos pensar en que se generen políticas públicas y dejemos las mismas estructuras en donde los funcionarios no tengan la capacitación, pero además no cuenten con las herramientas necesarias y donde además las administraciones locales se ven permeadas por la corrupción”.
Estos conceptos hacen parte de dos informes entregados el jueves a la Corte por la Mesa: “Balance de la implementación del programa de Promoción de la Participación de la Mujer Desplazada y de Prevención de la Violencia Sociopolítica contra las Mujeres Líderes de Población Desplazada” e “Informe de seguimiento al Auto 092 de 2008—Oriente Antioqueño”.
Incumplimiento A continuación algunas de las conclusiones y recomendaciones del “Balance”.
“A lo largo del presente informe se ha comprobado la persistencia de los problemas en el diseño y el precario estado de implementación del Programa de Promoción de la Participación de la Mujer Desplazada y de Prevención de la Violencia Sociopolítica contra las Mujeres Líderes de Población Desplazada”, con base en lo cual la Mesa concluye que, entre otros puntos, “la falta de una formulación clara e independiente del Programa ha ocasionado que, transcurridos más de dos años del Auto 092 en pro de garantizar los derechos de las mujeres desplazadas, no se esté dando cumplimiento a cabalidad de los criterios de racionalidad.
Los avances dados hasta el momento son mínimos en relación con la urgencia de tomar medidas frente a la situación de las mujeres”.
Además, sostiene el informe, “uno de los elementos clave para el desarrollo de una política pública específica, es la participación que en todos los ciclos de ella tenga la población beneficiaria, que para este caso son las mujeres desplazadas y las mujeres lideresas de la población desplazada. No obstante, las mujeres consideran que no han sido consultadas para la formulación de este programa, que el proceso con Acción Social y las demás Entidades ha sido solamente informativo sobre las propuestas del gobierno para la participación y la prevención del riesgo.
Es claro para la Mesa de seguimiento la diferencia entre la participación consultiva y la participación simple”.
“La política pública de desplazamiento forzado (específicamente los programas de protección), y las medidas puestas a disposición para garantizar la participación de la población desplazada (protocolo y su aplicativo) no se articulan con las órdenes dadas por la Corte Constitucional en el Auto 092 y siguientes”, puntualiza el informe.
“Específicamente”, dice el documento, “las mujeres han señalado que Acción Social llega a las diferentes ciudades y reúne un grupo de mujeres a las cuales les presenta unos lineamientos del programa, les pide que hagan un análisis de una sola parte de lo que compone el programa, por ejemplo de los temas que se deben tratar en los talleres de prevención del riesgo, y cuando regresan después de varios meses, llegan con un documento elaborado que no fue construido colectivamente pero que aparece avalado solamente con la participación en los talleres previos”.
Ignorancia “Resulta intolerable que luego de dos años de la decisión de la Corte en el Auto 092, los funcionarios públicos de las entidades territoriales no conozcan con exactitud las órdenes del Auto, lo que se demuestra en la baja destreza para orientar a las mujeres desplazadas y líderes y en la falta de articulación de la política pública local con las órdenes de la Corte Constitucional en esta materia”, precisa el informe.
Así mismo, “la Mesa considera que no se identifica ningún avance significativo en el diseño y la implementación del programa y sus dos componentes, por el contrario las situaciones fácticas que dieron origen a la orden de creación de este programa por parte de la Corte Constitucional permanecen y se recrudecen. Esto en razón a tres puntos específicos:
1. El programa no cumple con los mínimos de racionalidad en su conjunto;
2. Los avances que se han dado son parciales pero no cumplen con los criterios señalados por la Corte Constitucional en el Auto;
3. Dado que el proceso ha sido lento no ha logrado impactar a las Entidades Territoriales lo que profundiza las dificultades de las mujeres para interlocutar en términos de garantía y respecto de sus derechos como víctimas del conflicto armado”.
“Finalmente”, concluye el informe, “es de anotar la preocupación profunda de las organizaciones que hacen parte de la Mesa, por el incremento del riesgo y los ataques que han recibido las mujeres y organizaciones de población desplazada, así como las organizaciones acompañantes, en razón a su participación activa en los procesos de exigibilidad de derechos.
La continuidad de estos hechos vulnera de manera irremediable a las mujeres y trunca los procesos sociales de empoderamiento, exigibilidad y representatividad que tienen con sus comunidades, además de afectar estructuralmente sus relaciones sociales y familiares”.
Entre las recomendaciones que la Mesa señala para avanzar en “la respuesta que el Estado, como garante de los derechos humanos, debe dar a las mujeres víctimas del delito de desplazamiento forzado” está que “la participación debe ser entendida como un recurso efectivo para que las propuestas recogidas por las mujeres víctimas del delito de desplazamiento forzado, sean tenidas en cuenta de manera efectiva en todo el ciclo de la política pública, con el fin de garantizar que las acciones sean cercanas a las necesidades y reclamos de las mujeres víctimas”.
La iniciativa sufrió modificaciones tanto en el Senado como en la Cámara, lo que obliga al ajuste del texto final antes de pasar a sanción presidencial.
BRINDARLE A los colombianos un sistema de salud con calidad, equitativo y sostenible financieramente es el principal objetivo el proyecto de ley ordinario de de reforma a la salud aprobado la víspera por el Congreso, sostuvo ayer el ministro de la Protección Social, Mauricio Santamaría.
La iniciativa sufrió modificaciones tanto en el Senado como en la Cámara, lo que obliga a la conciliación de textos la próxima semana.
El funcionario se declaró complacido con el apoyo y el compromiso que los congresistas tuvieron para sacar adelante esta importante iniciativa, que seguramente mejorará la calidad en la atención de servicios de salud para todos los colombianos.
Santa María explicó que “la reforma tiene muchos aciertos. Por ejemplo, propende por la calidad de los servicios, le asegura recursos al sistema de alrededor de 3 billones de pesos anuales, y fortalece la red hospitalaria pública, entre otras”.
En la Ley se incluyeron temas muy importantes como: recursos para atención primaria en salud y para hacer promoción de la salud y prevención de la enfermedad en todo el país, la creación del Fondo de garantía para Hospitales Públicos, nuevos recursos para aseguramiento y el perfeccionamiento de los giros directos, entre otros.
Sin embargo, algunos comentaristas consideraron que Santamaría sufrió dos derrotas en las sesiones plenarias de Senado y Cámara; en el primer caso, con el voto negativo al artículo 43, que pretendía asignar el 3 por ciento de los recursos del sistema general de participaciones para la financiación de la red hospitalaria pública; en el segundo, por el triunfo de una proposición del representante Simón Gaviria, del Partido Liberal, que buscaba eliminar la integración vertical de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), a lo que el ministro Santamaría se opuso.
Según Santamaría, el proyecto estableció una serie de obligaciones a la Nación, las cajas de compensación y las EPS que van a dejar desfinanciado el sistema, que tendrá problemas por 600 mil millones de pesos en 4 años.
Servicio
El proyecto tiene disposiciones como la llamada portabilidad, que permite al afiliado al sistema a recibir atención en cualquier parte del territorio nacional y que debe estar en funcionamiento al comenzar el año 2013.
Obliga al ministerio de la Protección Social a elaborar un Plan Decenal de Salud Pública a través de un proceso amplio de participación social y en el marco de la estrategia de atención primaria en salud, en el cual deben confluir las políticas sectoriales para mejorar el estado de salud de la población, incluyendo la salud mental.
Dicho plan definirá los objetivos, las metas, las acciones, los recursos, los responsables sectoriales, los indicadores de seguimiento, y los mecanismos de evaluación del Plan. El primero de ellos debe comenzar en el año 2012.
Establece acciones de salud pública, atención primaria en salud y promoción y prevención. En cuanto a la primaria, crea el Sistema Único de Atención Primaria de Salud Integral que estará constituido por tres componentes integrados e interdependientes: los servicios de salud, la acción intersectorial/transectorial por la salud, y la participación social, comunitaria y ciudadana.
Se define como la estrategia de coordinación intersectorial que permite la atención integral e integrada, desde la salud pública, la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación del paciente en todos los niveles de complejidad a fin de garantizar un mayor nivel de bienestar en los usuarios.
Crea un sistema de atención preferente y diferencial para la infancia y la adolescencia y además ordena la atención completa y gratuita para las mujeres víctimas de la violencia.
Una de las novedades del proyecto es el establecimiento de los planes voluntarios de salud, que pueden incluir coberturas asistenciales relacionadas con los servicios de salud.
Serán contratados voluntariamente y financiados en su totalidad por el afiliado o las empresas que lo establezcan con recursos distintos a las cotizaciones obligatorias o el subsidio a la cotización.
La adquisición y permanencia de un Plan implica la afiliación previa y la continuidad mediante el pago de la cotización al régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Tales planes pueden ser de atención complementaria al POS, de medicina prepagada, de atención prehospitalaria o servicios de ambulancia prepagada, emitidos por entidades de medicina prepagada.
La aprobación de tales planes voluntarios estará a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud.
Pasar de las actuales corporaciones a ser sociedades anónimas haría que los equipos y el balompié tengan un manejo empresarial, según los promotores de la iniciativa.
A LA espera de que se plasme en el proyecto del Gobierno, en su último debate, un consenso logrado hace dos semanas en la iniciativa por la cual se transforman los clubes deportivos en sociedades anónimas, orientado básicamente a los equipos de fútbol, está una propuesta en igual sentido de origen parlamentario. De lo contrario, la segunda de estas iniciativas reactivaría su trámite y podría darse el caso que se aprobaran dos leyes que persiguen el mismo objetivo.
Precisamente, algunas diferencias fundamentales no permitieron que fueran acumulados estos proyectos en un comienzo, como lo establece la Ley 5 en los casos en que dos o más iniciativas se ocupan del mismo tema. En consecuencia, cada uno siguió su camino por diferentes cámaras.
En términos futbolísticos se podría decir que en un lado del campo de juego está la propuesta presentada por el Gobierno (073/10 Cámara acumulado con el proyecto 077/10), mientras que en el otro se encuentra el de origen parlamentario (130/10 Senado), de autoría del representante Simón Gaviria.
En cuanto al trámite se podría decir, nuevamente acudiendo al argot futbolero, que el Gobierno va ganando este partido, 3 goles a 1, pues el proyecto 073 sólo le falta un debate en la plenaria del Senado para convertirse en ley, después de haber avanzado en las comisiones séptimas y plenaria de Cámara; mientras que la iniciativa parlamentaria apenas recibió el miércoles pasado su primer debate en la Comisión Tercera de Senado, a pesar de que la ponencia fue radicada desde el pasado 13 de octubre.
Sin embargo el hecho que el proyecto parlamentario haya arrancado en su trámite justo cuando el gubernamental está a punto de anotar gol (convertirse en ley) sería un claro mensaje al ministro del Interior Germán Vargas y a la plenaria del Senado, que si el proyecto del Ejecutivo no plasma el consenso logrado, la propuesta de Simón Gaviria no esperará en el banco de suplentes y seguirá su trámite, posiblemente en marzo venidero, cuando el Congreso regresa de su receso tras el primer período de la actual legislatura.
Favorecer el consenso
Además de las pocas diferencias, pero sustanciales, que presentan estos proyectos, desde un primer momento se pusieron camisetas de diferente color, a pesar de perseguir el mismo objetivo, tras ser radicados después del 20 de julio pasado.
El proyecto de Gaviria, que recoge el articulado de una propuesta en similar sentido que presentó Mauricio Parodi ante el anterior Parlamento, fue enviado a las Comisiones Terceras al ser considerado un tema societario; mientras que la iniciativa gubernamental fue asignada a las Comisiones Séptimas, visto como un tema deportivo.
Como igualmente de cada iniciativa se radicó ponencia ya no es posible acumularlas en un solo proyecto y además porque van por Comisiones distintas, por lo que el único camino posible es que sigan su trámite o que el autor de una de ellas desista y la retire.
Sin embargo el reciente consenso que lograron los impulsores de los dos proyectos se debe manifestar en que el gubernamental sea el que llegue a convertirse en ley, claro está si recoge las inquietudes de la iniciativa parlamentaria o, de lo contrario, esta última reiniciará su trámite.
Sobre el particular el representante liberal Simón Gaviria dijo que “tenemos que trabajar sobre la base del proyecto de la Comisión VII (Senado y Cámara, iniciativa del Gobierno), yo siento que el punto intermedio que se trabajó con la Federación (Colombiana de Fútbol) por parte del grupo de ponentes se tiene que respetar, y por consiguiente ese proyecto tiene una gran cantidad de virtudes y puede prosperar”.
Gaviria explicó en qué consiste el consenso que se logró en cuanto a tres temas principales, que acercan las dos iniciativas: “Uno es un fortalecimiento más riguroso en materia de control al lavado de activos, el proyecto del Gobierno tenía unos controles supremamente laxos sobre este tema. Dos, respecto a las donaciones, el 95% de los equipos de fútbol colombiano son entidades sin ánimo de lucro, por lo que las donaciones que se hagan a ellas no son una donación, son una inversión. Lo que la Federación pretendía era transformar las entidades sin ánimo de lucro a sociedades anónimas y que la misma gente que controla el fútbol lo siguiese haciendo sin aportar capital fresco. El punto intermedio que se logró es que se les reconozcan las donaciones que han hecho, pero en pie de igualdad que la hinchada y los inversionistas puedan entrar a los equipos”.
El otro punto logrado en este consenso es que se establecen unos requerimientos en materia de capitalización líquida de los equipos, pues hoy en muchos casos tienen más activos intangibles, como el nombre o la ficha que les permite participar en las categoría A y B profesional, que bienes tangibles, como son dinero e inmuebles.
Empero Gaviria advirtió que “si el otro (proyecto del Gobierno) se vuelve laxo en materia de lavado de activos, no se permite que capital fresco entre al fútbol y le nieguen la posibilidad a la hinchada de invertir en los equipos, y vamos a seguir con equipos mal capitalizados, si lo que se construye en Cámara se desbarata en Senado, tendremos que seguir trabajando sobre nuestro proyecto”.
Las donaciones
El Ministro del Interior ha señalado que “nadie podrá transformarse sin pasar por los controles previos al examen del origen de los recursos nuevos o que en su momento fueron aportes a dichas asociaciones. Las nuevas figuras societarias quedarán sometidas al control de la Superintendencia Financiera, porque cotizarán en Bolsa, de la Superintendencia de Sociedades y de Coldeportes”.
Por su parte el representante Simón Gaviria ha dicho que permitir que las donaciones que han hecho los actuales aportantes a los clubes sirvan para adquirir acciones de las futuras sociedades sería perpetuar su manejo de los equipos y que por esa vía se lavaran dineros ilícitos que durante años han entrado al fútbol.
Sin embargo en el marco del consenso alcanzado Gaviria explicó que “nos fuimos por el punto intermedio, es decir las donaciones se reconocen, por ejemplo pongámosle un valor de $100, y se hace una oferta pública obligatoria, donde los hinchas pueden comprar acciones de su equipo, los inversionistas también pueden hacerlo, en pie de igualdad a las donaciones del pasado. Entonces si las donaciones del pasado eran $100 y consiguen $100 más, los nuevos se quedan con la mitad. Si consiguen $400 más, los nuevos sumarían un total de $500 y se quedarían con el 80%”.
Sin embargo el Parlamentario aclaró que si el donante no es capaz de comprobar el origen lícito de esas donaciones, no serán reconocidas en la nueva sociedad.
La decisión no afectará procesos como el de Martha Leal en la investigación de las chuzadas. Cerca de 17 mil ex paramilitares no se podrán acoger al beneficio penal
CERCA DE 17 mil paramilitares desmovilizados que aspiraban a que el proceso penal en su contra por el delito de concierto para delinquir agravado y uso de prendas privativas de las Fuerzas Armadas cesara, a cambio de colaborar con la justicia para desarticular los grupos paramilitares que todavía persisten, ya no lo podrán hacer pues tiene que primar el derecho a la verdad, justicia y reparación de las víctimas.
Así lo decidió ayer la Corte Constitucional, al declarar inexequible el capítulo de la ley que establece el principio de oportunidad para los desmovilizados de grupos armados al margen de la ley, en una apretada votación de cinco magistrados a favor y cuatro en contra.
Según el alto Tribunal, el derecho de oportunidad resquebrajaría el derecho de las víctimas del conflicto armado a la reparación y justicia. Sin embargo, el principio de oportunidad seguirá vigente para los demás procesos como el de Martha Inés Leal en el caso de las chuzadas.
El artículo segundo de la Ley 1312, el cual la Corte declaró inconstitucional, decía que el principio de oportunidad aplicaría:
“Al desmovilizado de un grupo armado organizado al margen de la ley que en los términos de la normatividad vigente haya manifestado con actos inequívocos su propósito de reintegrarse a la sociedad, siempre que no haya sido postulado por el Gobierno Nacional al procedimiento y beneficios establecidos en la Ley 975 de 2005 y no cursen en su contra investigaciones por delitos cometidos antes o después de su desmovilización con excepción de la pertenencia a la organización criminal, que para efectos de esta ley incluye la utilización ilegal de uniformes e insignias y el porte ilegal de armas y municiones”.
La demanda de inexequibilidad manifestaba que se violaba el derecho de las víctimas, pues no se les garantizaba el acceso de éstas a los procesos donde se otorgara el principio de oportunidad.
“La causal tampoco exige la identificación del victimario ni supone la existencia de un proceso penal en el cual la víctima pueda hacer valer sus derechos y peor aún prevé audiencias colectivas para aplicar el principio de oportunidad sin garantizar la participación de las víctimas”, dice el demandante.
“El trato discriminatorio – añade la demanda - de los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos se presenta en relación con la norma demandada porque mientras las demás víctimas de otras categorías de violaciones de derechos humanos como los crímenes de lesa humanidad cuentan con mecanismos legales para evitar la impunidad de los hechos, las primeras enfrentan el riesgo cierto de que sus casos sean cerrados por aplicación del principio de oportunidad que favorece a los victimarios”.
Sin embargo, el procurador general Alejandro Ordóñez le había solicitado a la Corte Constitucional declarar exequible la norma demandada.
“En cuanto a los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas, para que pueda llegar a considerarse su vulneración, es menester establecer un supuesto lógico insoslayable: la existencia de víctimas. Las víctimas de un delito no se pueden suponer o presumir, deben existir. En delitos como los que se estudia, es muy difícil establecer la existencia de víctimas. En efecto, ¿quién sería o podría ser víctima del uso ilegal de uniformes o insignias o del porte ilegal de armas o municiones, o del mero concierto para delinquir que no se concreta en hechos tangibles?”, manifestó el jefe del Ministerio Público.
Se espera que hoy se debata y vote el resto del articulado para pasar su primer debate y así poder pasar a la plenaria de la Corporación.
CON TREINTA votos a favor y ninguno en contra fueron aprobados en comisión primera de Cámara, 121 artículos de los 177 que contempla el proyecto de ley de víctimas, que busca dictar medidas para la atención y reparación integral a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo, destacó el trabajo legislativo que permitió ayer aprobar buena parte del articulado.
“Estoy muy complacido con el trabajo, sin distingos, de la comisión primera de la Cámara. El Gobierno aspira que este proyecto haga tránsito y se abra paso el que la sociedad colombiana no le quede mal a las víctimas en general ni a los despojados en particular”, indicó.
También el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas, se mostró satisfecho por esta votación y recordó que el de víctimas, acumulado con el de restitución de tierras, son proyectos de suma importancia para el país.
“Esta es una Ley integral que involucra a desplazados y a toda la población que recibirá todos los beneficios que se están proponiendo en la iniciativa y cuyos costos están estimados en 40 billones de pesos”, manifestó.
La comisión logró aprobar ayer 122 artículos. Luego de la extensa sesión que terminó a las 3 de la tarde, se espera que hoy se debatan y voten los 55 artículos que le restan a la ley para pasar su primer debate y así poder pasar a la plenaria de la Cámara.
Según el representante Guillermo Rivera, del Partido Liberal, se aprobó 90 por ciento del articulado de lo que en cuanto al tema de tierras se refiere. Para él, lo aprobado ayer “no es insustancial. Hay temas gruesos. Se aprobaron los principios generales de la ley, lo cual es un tema que poco se ha recavado, y son orientadores y transversales a todo lo que la ley establece, por lo tanto lo que se aprobó es muy importante”.
Así mismo, Rivera dijo que con la aprobación de los 122 artículos “se dio un paso muy efectivo en procura de que las víctimas tengan derechos en Colombia”, en especial en el tea de tierras.
El representante Iván Cepeda, vocero del Polo Democrático en la Cámara, consideró que “se aprobó la parte menos problemática de la ley”, mientras que hoy “viene ya la discusión sobre varios de lo aspectos centrales. Nosotros hemos logrado que en 15 artículos haya un acuerdo entre la unidad nacional, el Gobierno y el Polo”.
En cambio, para Rivera “lo que queda pendiente es una observación que hizo el Defensor del Pueblo en el sentido de cómo va a ser el procedimiento para cuando la víctima quiera de manera directa acudid a la sala agraria, pero es un tema de organizar la redacción para ordenar procedimientos, no es un tema sustantivo”.
Cepeda agregó que su partido planea plantear nuevas modificaciones, “pero pensamos que esos 15 artículos son un gran avance porque fortalecen el concepto de reparación, el fondo de reparación y el acceso de las víctimas a sus derechos, así que esperamos que se aprueben tal cual”.
El ministro Vargas aclaró que el Ministerio de Hacienda ya estableció un cronograma que garantizará el financiamiento y el cumplimiento de la aplicación de la ley de víctimas y de tierras: “Esto no se logrará en un año ni en dos, lo cual implica que tenemos que darle prioridad a los sectores más vulnerables para resarcir los derechos de las personas más afectadas por la violencia”.
La reforma a la salud regula vicios del sistema pero no corrige su principal falla, concluyó un estudio del Grupo de Investigación de Economía Laboral de la Universidad de la Salle, conocido ayer por los medios.
El proyecto continuará hoy debatiéndose por parte de las comisiones séptimas de Senado y Cámara, que ayer votaron los primeros 67 artículos de Ley Estatutaria de Reforma a la Salud, que plantea alternativas para quitarle peso a la tutela y faculta a la Superintendencia Nacional de Salud para resolver las solicitudes médicas rechazadas. Una iniciativa que ha generado polémica porque algunos sectores argumentan que la tutela debe ser mantenida como recurso legal para resolver solicitudes de los usuarios. Mientras que otros consideran que ante la llamada “tutelitis” este recurso debe desaparecer del panorama médico.
La senadora Dilian Francisca Toro, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), presidenta de la comisión séptima del Senado, aseguró que “las tutelas van a seguir existiendo, porque así lo permite la Constitución cuando se es violado un derecho fundamental de los ciudadanos”.
La legisladora advirtió que la única pretensión del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y su bancada legislativa es que “las decisiones sean más de los médicos y especialistas y no de los jueces”.
“Si nosotros logramos que las solicitudes de tratamientos a los pacientes sean definidas por los propios médicos, pues es mucho mejor porque serán los especialistas los que van a decidir”, puntualizó la congresista vallecaucana.
Sin embargo, la crítica de los académicos está enfocada precisamente en que la iniciativa, en ligar de establecer un procedimiento administrativo para los denominados tratamientos no-POS, deja en manos del recurso de la tutela el acceso a la salud en esos casos.
“Lo que estamos proponiendo nosotros es que se establezca un mecanismo para que sea la misma EPS la que determine la necesidad del tratamiento”, le explicó a este Diario el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de La Salle, Luis Fernando Ramírez.
En compensación, anotó Ramírez, el sistema les incrementaría “la UPC, la unidad de pago por capitación, en un 5 por ciento. Creemos que ese es un fondo cercano a los 800 mil millones de pesos con los cuales las mismas EPS, con un sistema de autorregulación, deberían estar en capacidad de atender todos esos reclamos, dar un servicio más inmediato, evitar que se congestione la rama judicial y que los usuarios queden satisfechos en sus necesidades”.
Para el catedrático, “el principal problema que tienen los ciudadanos que acuden al servicio de salud tiene que ver con lo que llamamos los tratamientos no-POS, lo que no está reglamentado, lo que no está cubierto. Eso está derivando que las personas tienen que acudir a la vía judicial muy frecuentemente para poder lograr hacerse entender”, tanto en los sistemas contributivo como subsidiad.
“Eso se está volviendo un problema fiscal, porque ante una orden judicial las EPS hacen el tratamiento y después tienen que cobrarle eso al sistema de salud a los precios que ellos quieren, porque eso no está reglamentado”, precisó.
“Las pruebas que hicimos nos arrojaron que de cerca de 300 mil tutelas, casi la mitad tuvieron que ver con el tema de salud y le costaron al Fosyga más o menos 1,8 billones de pesos”, indicó Ramírez.
Para los académicos de la Universidad de la Salle, la iniciativa reconoce de plano que los colombianos tendrán que seguir acudiendo a la acción de tutela, para reclamar sus derechos fundamentales en materia de salud, como le ocurrió a las 141 mil personas que en 2009 acudieron a este instrumento para garantizar su derecho a la salud, representándoles un costo considerable en tiempo y dinero durante los procesos judiciales.
Ramírez consideró que “el actual Sistema General de Seguridad Social en Salud viola de manera sistemática los derechos fundamentales de los colombianos, pues la magnitud de recursos movilizados del sistema judicial para responder a los procesos por acción de tutela en salud, sumado a los recursos que los propios usuarios deben destinar para reclamar sus derechos fundamentales representa un costo muy elevado para la sociedad colombiana, costo que debería ser removido por esta reforma”.
UN ANÁLISIS constitucional al decreto que define la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que se realice con recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), cuyo destinatarios son los municipios y distritos del país, realizará la Corte Constitucional a partir del próximo martes.
Específicamente, la alta Corte estudiará una demanda contra la norma, que entre otros aspectos contempla la suspensión de los giros a los entes territoriales, por presunta violación de la autonomía de éstos últimos.
El decreto 28 de 2008 contempla en su capítulo de la suspensión de los giros a los municipios que “en este evento, la entidad territorial responsable aplazará las apropiaciones presupuestales que se adelanten con cargo a estos recursos, y no podrá comprometer los saldos por apropiar de los recursos sometidos a la medida de suspensión de giro. Una vez adoptada la medida, los actos o contratos que expida o celebre la entidad territorial con cargo a esos saldos de apropiación, serán nulos de pleno derecho y por lo tanto no producirán efectos legales”.
Frente a este aspecto, el demandante argumenta que afecta el principio de autonomía de los entes territoriales para administrar recursos, “porque la suspensión de giros a la entidad territorial, no le permite a ésta hacer efectivo el derecho de participar en las rentas nacionales, mientras que los recursos sin girar, de los cuales no se reconoce ninguna remuneración, financian al Gobierno Nacional”.
La demanda también acusa el decreto citado, por cuanto una de las medidas que contempla para hacer control de los recursos del SGP, es el giro directo, “sin intermediación de la entidad territorial respectiva, los recursos a los prestadores de servicios de que se trate, o a los destinatarios finales de los mismos (…) para tal efecto, se constituirá una fiducia encargada de administrar y girarlos”. Según el demandante, esta disposición suprime la competencia administrativa regional.
El actor también manifiesta que el derecho que se otorga a la Nación o al Departamento, de usar la infraestructura existente en la entidad territorial, para la eficiente ejecución de los recursos del SGP, desconoce el derecho de propiedad exclusiva del ente territorial involucrado.
La demanda también pide declarar inexequibles los capítulos que tienen que ver, primero con la medida correctiva que ordena suspensión de procesos contractuales “en los cuales no se prevea o aseguren el cumplimiento de las metas de continuidad, cobertura y calidad en los servicios o no se adecuen a los trámites contractuales o presupuestales dispuestos por la ley”, a través de la Procuraduría; y segundo con la facultad que tiene el Ministerio de Hacienda de declarar nulos los actos y contratos que celebren los municipios, luego de la suspensión de la competencias de éstos para ejecutar los recursos del SGP.
En este último tema, Andrés Castro, el demandante, argumenta que se viola el debido proceso, “porque esa declaratoria sólo corresponde a los jueces de la República y no a las autoridades administrativas”.
Por último, Forero expone que es inexequible el inciso que dice que “las decisiones de la autoridad judicial que contravengan lo dispuesto en el presente decreto, no producirán efecto alguno y darán lugar a causal de destitución del cargo conforme a las normas legales correspondientes”, porque no solamente se sanciona con ineficacia la decisión adoptada por un juez, sino que se crea una nueva causal de retiro de un servidor de la rama judicial, sin facultades para ello.
Desestiman argumentos
En un concepto rendido el pasado dos de agosto, el procurador general Alejandro Ordóñez desestimó los argumentos esgrimidos en la demanda y le pidió a la Corte Constitucional declarar exequible el decreto acusado.
Según el jefe del Ministerio Público, “las medidas correctivas para controlar riesgos en la ejecución de los recursos del SGP no vulneran la autonomía territorial para administrar recursos, por ser límites constitucionales y legales que se aplican para conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes mediante el acceso efectivo a los bienes y servicios básicos, cuando las autoridades territoriales son ineficientes en la administración de esos recursos”.
Ordóñez advirtió que la Procuraduría, en ejercicio de su función constitucional de vigilar el cumplimiento de la Carta, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos, puede ejercer su función preventiva de solicitar a cualquier autoridad pública la suspensión de los procesos contractuales, sin que para ello se requiera habilitación legal específica y sin que esto signifique violación del principio de separación funcional del poder público.
Por último, el jefe del órgano de control señaló que no se extralimitó el Gobierno Nacional al establecer el incumplimiento de la regulación sobre inembargabilidad de los recursos del SGP como causal de destitución de los jueces, “porque esa norma legal responde al fin constitucional de garantizar el uso de esos recursos para la prestación de servicios públicos”.
Por ahora, toca esperar si la alta Corte acoge los argumentos expuestos por el demandante o por el Ministerio Público.
Fue aprobado ayer en primer debate, por parte de la Comisión Primera de Senado, el proyecto de seguridad ciudadana, presentado por el Gobierno.
Esta era una de las iniciativas por la cual el Ejecutivo había mostrado su preocupación porque no arrancaba su trámite legislativo. Incluso la semana anterior esta célula legislativo lo tenía agendado para darle debate, sin embargo ante las diferentes inquietudes que se presentaban sobre su articulado se prefirió aplazarlo.
La Comisión aprobó el proyecto con pocas modificaciones respecto al articulado presentado por el Gobierno. En este sentido aprobó la tipificación como delito de la pertenencia a una banda criminal, las conductas en el porte de armas, el aumento en los términos para formular imputaciones y legalizar órdenes de captura de manera más expedita.
Igualmente aprobó que los allanamientos puedan ser adelantados por las autoridades durante las 24 horas del día, aunque deberá existir el acompañamiento de la Procuraduría cuando sean en horas de la noche.
También, la reforma al Código de la Infancia y la Adolescencia en lo que tiene que ver con que las sanciones a los menores se apliquen hasta que se cumplan y no sólo hasta que el joven tenga 21 años, como opera hoy.
Al respecto el senador liberal Juan Manuel Galán, integrante de la Comisión Primera, dijo que “se eliminó la inequidad que había entre los menores, entre los 16 y los de 21 años, por ejemplo, que cuando un menor cumple 21 queda libre así haya sido condenado o lo hayan judicializado por un delito, eso se eliminó y en consecuencia queda igual para todos”.
Añadió que también aprobaron el funcionamiento de una dirección que se encargará de la política penal para menores, la cual será parte del Ministerio de Justicia que sea creado en los próximos meses.
Ésta fortalecía el marco legal para que organismos como el DAS y la Uiaf puedan desarrollar sus funciones y reglamentaba el uso de información reservada
POR VICIOS de forma, al no haberse tramitado como una ley estatutaria, ayer la Sala Plena de la Corte Constitucional declaró inexequible la norma de Inteligencia y Contrainteligencia, la cual fortalecía el marco legal para que organismos como el DAS y la Uiaf puedan desarrollar sus funciones y además, reglamentaba el uso de información reservada.
Con ponencia del ex presidente del alto Tribunal, Nilson Pinilla Pinilla, la Sala acogió los argumentos de una demanda interpuesta contra la ley 1288 del 2009 por la Comisión Colombiana de Juristas, donde se exponían vicios de forma y de fondo.
La demanda argumentaba que la norma aprobada en el 2009 se debió haber tramitado como una ley estatutaria, porque regulaba las bases de datos que pertenecen a los organismos de Inteligencia y contrainteligencia y al establecer pautas y criterios sobre protección de la información que recaban y recolectan dichos organismos, así como porque reglaba la creación y funcionamiento de bases de datos personales administradas por ellos, y por controlar el ingreso y salida de información de las bases de datos.
Sin embargo, en un concepto rendido a mediados de año, el procurador Alejandro Ordóñez manifestó que según jurisprudencia de la alta Corte la regulación de derechos fundamentales no debe hacerse por medio de una ley estatutaria.
“Por regla general, según la jurisprudencia reiterada y pacífica de la Corte, la regulación de derechos fundamentales no debe hacerse por medio de una ley estatutaria, salvo que se trate de una regulación que afecte el núcleo esencial del derecho fundamental, valga decir, el conjunto de atribuciones y potestades sin las cuales el derecho no sería reconocido, o que se regule el derecho fundamental de manera íntegra, estructural o completa”, dijo el jefe del Ministerio Público.
Los demandantes también argumentaban vicios de fondo, como la de una presunta afectación de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación a las víctimas, por cuanto la norma establece que la información de Inteligencia y contrainteligencia estará amparada por la reserva legal por un plazo máximo de 40 años, y exonera a los servidores públicos del deber de denuncia y de declarar en eventuales procesos judiciales.
Por otro lado, los demandantes acusaban que la ley al no incluir dentro de las autoridades autorizadas para conocer los datos de Inteligencia a la Defensoría del Pueblo, “afecta el control independiente, adecuado y eficaz de dichas actividades, impide la defensa cabal de los derechos humanos y pone en riesgo los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación”.
Por último, los actores aducen una omisión legislativa relativa, al establecer la ley que las compañías de comunicaciones deben suministrar datos sobre la identidad y la localización de sus usuarios, sin que medie una orden judicial previa o un control posterior. Esta carencia de control vulnera, a juicio de los demandantes, el derecho a la honra, a la reputación, a la vida privada y al habeas data.
A pesar de que ayer el Gobierno celebró que inició el debate sobre la ley de víctimas, sería demasiado optimista pensar que alcance a recibir más de un debate en Cámara en este período inicial de la actual legislatura, el cual finaliza el 16 de diciembre venidero.
Hoy la Comisión Primera de la Cámara iniciará la discusión del proyecto con la explicación de la única ponencia que tiene este proyecto. Además hay convocada plenaria de Cámara para las 3 p.m., lo cual permite prever que apenas se alcanzaría a aprobar el informe de ponencia. “Es que hay más de 180 artículos y más de 100 proposiciones”, explicó el representante conservador y coordinador de ponentes, Óscar Fernando Bravo.
Añadió que esta única ponencia está firmada por diferentes colectividades, pero con salvedades, “esas salvedades se van a convertir en artículos nuevos”, previó. Aparte de esto hay una constancia presentada por el Polo con más de 100 asuntos a tratar.
Temas más polémicos
La ley de víctimas es uno de los proyectos más importantes para el Gobierno Nacional, tanto que el Presidente lo radicó personalmente en el Congreso.
La iniciativa tiene como objetivo implementar la reparación del Estado por la vía administrativa a cerca de cuatro millones de víctimas de la violencia.
A pesar de que el proyecto está impulsado por los partidos que se aglutinan en la coalición de Gobierno y cuenta con el apoyo, con algunas salvedades, de otras formaciones como el Partido Verde, presenta varios aspectos que prometen un candente debate desde ya en la Comisión Primera de Cámara, en el primero de sus cuatro debates.
Sobre el particular el ponente Óscar Bravo señaló que “primero el Polo se opone a toda la ley, entonces ahí va a haber una discusión nosotros defendiendo y ellos tratando de decir que no sirve para mayor cosa. También hay diferencias en cuanto a la calidad de víctima y en cuanto a la reserva de las víctimas dentro del proceso judicial, así como en cuanto a los límites presupuestales de las indemnizaciones”.
Sobre este último aspecto ayer el presidente Santos pidió que se estableciera un límite en la indemnización, sin embargo el representante Bravo explicó que ya está previsto en la ponencia para primer debate: “El tope de la indemnización administrativa es de 40 salario mínimos”
Diferencias irreconciliables no permitieron que se acumularan la iniciativa gubernamental y la parlamentaria en el mismo sentido
EN MEDIO de una fuerte polémica hoy la plenaria de la Cámara tiene en el orden del día darle segundo debate al proyecto gubernamental (073 de 2010 Cámara, acumulado con el proyecto de Ley No. 077 de 2010 Cámara) por medio del cual los clubes con deportistas profesionales se convierten en sociedades anónimas, orientado básicamente a los equipos de fútbol.
La discusión está en que esta iniciativa prevé que los actuales aportes que tienen los socios en los clubes se pueden convertir en acciones en las nuevas sociedades; sin embargo el representante Simón Gaviria señala que por esta vía algunos podrían aprovecharse para legalizar dineros del narcotráfico que desde 1985 han ingresado para apoyar los equipos.
El Representante liberal considera que de esta forma las personas que hoy controlan el fútbol mantendrían el poder de los mismos, convertidos en sociedades anónimas.
En canchas opuestas
La solución a la aguda crisis económica y a nivel de la estructura de los equipos que vive el fútbol colombiano desde hace varios años estaría en que los clubes, hoy organizados como asociaciones y corporaciones sin ánimo de lucro, se conviertan en sociedades anónimas, como opera en varios países del mundo. De esta forma se democratizaría la propiedad de los clubes, podrían ingresar dineros de inversionistas pero, a la vez, se promete que el Estado tendría más control sobre los manejos financieros de estas entidades deportivas.
Seis proyectos en este sentido hundidos registra la historia del Congreso; no obstante en esta legislatura hay una verdadera ofensiva pues además del proyecto del Gobierno cursa otro en Senado (Nº 130 de 2010) de autoría del representante Simón Gaviria.
Esta iniciativa ya cuenta pon ponencia positiva para primer debate en la Comisión Tercera de Senado, por parte de los senadores Camilo Sánchez y Manuel Mazenet Corrales.
Sin embargo desde un primer momento el proyecto parlamentario y el gubernamental han estado de un lado y otro de la cancha, a pesar de que el objetivo es el mismo: que los 36 equipos de fútbol profesional, contados en la categoría A y la B, se conviertan en sociedades anónimas.
Las diferencias no son tantas pero sí profundas, por lo que no fue posible que estos proyectos hayan sido acumulados.
En primer lugar el proyecto de Gaviria le entrega la competencia del control contable de los clubes a la Superintendencia Financiera, mientras que el proyecto gubernamental le da también cabida en este tema a Coldeportes.
En segundo lugar, el proyecto de Gaviria no establece un tope en el límite de acciones que puede poseer un socio, mientras que la iniciativa del Gobierno lo fija en un 20 por ciento.
En tanto que los proyectos sí coinciden en que las actuales asociaciones y corporaciones deportivas se conviertan en sociedades anónimas, más después que la ponencia para segundo debate del proyecto gubernamental hace obligatorio este paso, pues la iniciativa original del Ejecutivo la presentaba como opcional.
Sin embargo el reconocimiento que hace el proyecto gubernamental a los aportes que tienen los socios en los actuales clubes para que se conviertan en acciones en las nuevas sociedades parece ser una diferencia irreconciliable. Simplemente Gaviria quiere que estas sociedades arranquen cero kilómetros en materia de financiación, cerrando los resquicios para que no se cuele uno que otro dinero de dudosa procedencia.
Sobre este particular, la semana anterior el ministro Vargas Lleras señaló que “los ponentes acordaron que presentarán una ponencia donde los que quieran transformarse tendrá que ser hacia una sociedad anónima. Si el propósito del proyecto es que los clubes deportivos se democraticen, se capitalicen y sean mucho más transparentes por los controles a los que tienen que estar sometidos, sería inconveniente dejar el sistema mixto, es decir, unos en cooperativas y otros en asociaciones, ya que muy pocos se transformarían en sociedad anónima”.
Añadió que el proyecto del Gobierno prevé un examen muy riguroso a los recursos y dineros que hacen parte de los equipos, para controlar su procedencia.
“Nadie podrá transformarse sin pasar por los controles previos al examen del origen de los recursos nuevos o que en su momento fueron aportes a dichas asociaciones. Las nuevas figuras societarias quedarán sometidas al control de la Superintendencia Financiera, porque cotizarán en bolsa, de la Superintendencia de Sociedades y de Coldeportes”.
Ponencia plenaria Cámara
De la conversión de los clubes con deportistas profesionales organizados como corporaciones o asociaciones deportivas a sociedades anónimas, o a cooperativas u organismos cooperativos.
Artículo 4°. De la conversión de los clubes profesionales. En ningún caso, la conversión producirá la disolución ni la liquidación de los clubes con deportistas profesionales, por lo que la citada persona jurídica continuará siendo titular de todos sus derechos y a la vez responsable de las obligaciones que venían afectando su patrimonio.
Igualmente la conversión no afectará los contratos, los reconocimientos deportivos, ni los derechos deportivos.
Para realizar la conversión, cada organismo deportivo efectuará el intercambio de aportes en los clubes, por acciones sobre la base de un 75% en proporción al capital aportado inicialmente; entendiéndose esto como el capital inicial mínimo aportado por cada asociado.
Para el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas, la agenda del Gobierno no está trancada, a pesar de los reveses que ha tenido.
TODA LA agenda legislativa del Gobierno avanza a buen paso en el Congreso, a un mes de concluir la primera parte de la legislatura, manifestó el ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas.
La única preocupación del ministro es el trámite del estatuto anticorrupción con el que el Gobierno pretende incrementar las penas contra las personas y funcionarios públicos que cometan irregularidades en su gestión.
“Invocando a la comisión primera a que avance en el mismo, el tema de la corrupción preocupa mucho y queremos que esta iniciativa a lo menos se debata, se discuta y de ser posible se apruebe”, puntualizo.
“El resto de la agenda legislativa va muy bien. Regalías: le falta un debate. Comisión Nacional de Televisión: ya terminó”. Hoy “se inicia la discusión del proyecto de víctimas y tierras, al orden público le falta un debate. Son 30 proyectos caminando todos adecuadamente”, aseguró Vargas.
Avance
La agenda legislativa del Gobierno avanzó durante la semana pasada, aunque la ley de víctimas debió esperar la evacuación de la reforma al régimen de regalías, debido al carácter de prioridad que se le dio en vista de que es un acto legislativo.
Otro traspiés fue del proyecto de ley que busca que los equipos de fútbol se conviertan en sociedades anónimas, que no pudo ser aprobado hace ocho días en la plenaria de la Cámara, debido a que se presentaron diferentes posiciones frente al tema.
Con mensaje de urgencia está la iniciativa de primer empleo, que comenzará a debatirse mañana en reunión conjunta de las comisiones terceras.
A parte de esos contratiempos, el proyecto de regalías y la desconstitucionalización de la Comisión Nacional de Televisión pasaron sus siguientes debates; el primero tendrá cuatro debate, de ocho necesarios, en la plenaria de la Cámara, mientras que el otro pasó a quinto debate en la comisión primera del Senado, donde ya tuvo una exitosa primera vuelta.
La U
Parte del optimismo de Vargas radica en que el compromiso de la coalición se ha visto reflejado en las votaciones de los proyectos, particularmente del Partido Liberal, que junto a Cambio Radical son las bancadas más juiciosas.
La semana pasada, tras una reunión de casi tres horas entre el presidente Juan Manuel Santos y los congresistas del Partido Social de Unidad Nacional (La U), el mandatario logró que los miembros de su colectividad le reiteraran su compromiso para sacar adelante los proyectos de ley que ha presentado el Gobierno.
Desde el Club Guaymaral, en Bogotá, el presidente Santos afirmó que “el partido ha sido determinante para que esa agenda avance en el Congreso. Se comprometió a seguir avanzando para que la agenda en su totalidad pueda culminar con éxito”.
En particular, Santos celebró el compromiso de La U en temas trascendentales de la agenda legislativa como lo son los proyectos que reforman el sistema de salud y el régimen de regalías.
El ministro Germán Vargas dijo que la implementación de la iniciativa implicaría costos cercanos a los once billones de pesos
ABANDONADO A su suerte parece estar el proyecto de ley reglamentario del Acto Legislativo 02 de 2009, por medio del cual se prohibió la dosis mínima y se establecen tratamientos de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico para la rehabilitación de las personas adictas.
La iniciativa está a la espera de su tercer debate en la Comisión Primera de la Cámara, para el cual ya cuenta con una ponencia que pide su archivo, y el Ejecutivo, a pesar de ser de origen gubernamental, lo presentó la administración de Álvaro Uribe, no muestra interés en el mismo.
Esa falta de interés así la percibe el presidente de la Comisión, el representante nariñense Berner Zambrano, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), quien le dijo a los medios que “yo pienso que la verdad no hay interés por parte del Ministerio de la Protección Social porque no han movido nada. Es decir, cuando hay interés cada ministro o cada autor se mueve, busca a los ponentes, a los coordinadores, y en este caso con este proyecto la verdad que nada en absoluto”.
Por ahora esta iniciativa seguirá a la espera de saber cuál será su suerte pues el debate en el que se pondrá a consideración su archivo no se tiene agendado para la semana entrante, puesto que la Comisión tiene previsto dar el primer debate a la ley de víctimas.
Hace cerca de dos semanas el ponente de este proyecto, el representante Alfonso Prada, del Partido Verde, presentó una ponencia solicitando su archivo, rememorando que el ministros del Interior, Germán Vargas, ratificó el concepto negativo por parte del Ministerio de Hacienda a la iniciativa y por eso la ponencia señaló que “al no encontrar el soporte económico del proyecto, lo que al tenor de lo establecido en el artículo 7° de la Ley 819 de 2003, hace jurídica y financieramente inviable la iniciativa”.
Vargas expresó su preocupación por la inviabilidad presupuestal para garantizar los tratamientos de rehabilitación a las 320 mil personas adictas a estas sustancias: “Las cifras que nos ha enviado el Ministerio de Hacienda son desoladoras: más de once billones de pesos costaría la financiación de esta iniciativa y adicionalmente los tratamientos internos y externos”.
El Ministro explicó ante la Comisión que, según los argumentos del Ministerio de Hacienda, un tratamiento de rehabilitación cuesta por persona 6 millones de pesos y la población susceptible de ser beneficiaria es de 320 mil personas, sin incluir 24 mil internos en cárceles que ya reciben asistencia y rehabilitación por cuenta del Ministerio del Interior y de Justicia.
“Los tratamientos de institutos internacionales tienen un costo de 36.2 millones de pesos por persona con internación por tres meses, alimentación, exámenes, etc. Bajo el escenario más económico, dice el Ministerio de Hacienda que se necesitarían 1,9 billones de pesos. Y bajo otro escenario menos alentador una suma que supera los 11,4 billones de pesos”, ilustró Vargas Lleras.
Sin embargo, el alto funcionario fue enfático en admitir que el problema del consumo de estas sustancias es grave y el Gobierno debe darle solución con un proyecto que aplique medidas graduales que puedan ser viables desde el punto de vista económico.
En tres debates, de ocho, a la iniciativa de acto legislativo le han hecho modificaciones más de forma que de fondo. Próxima semana seguirán su análisis.
EN MES y medio el proyecto de acto legislativo que modifica el Sistema General de Regalías ha tenido tres debates, de ocho obligatorios, donde le han hecho modificaciones más de forma que de fondo. Para que pueda pasar a la siguiente legislatura sin problemas, deberá ser aprobado en al menos cuatro debates.
Presentamos un cuadro comparativo con las modificaciones que ha tenido en sus tres debates, iniciando con el proyecto de reforma constitucional original que radicó el Gobierno.
Proyecto original
El proyecto que el Gobierno radicó en el Congreso el dos de septiembre dice:Serán sujetos beneficiarios del Sistema General de Regalías, el Fondo de Ahorro y Estabilización y el Fondo de Competitividad Regional. Los departamentos, municipios y distritos en cuyo territorio se adelanten explotaciones de recursos naturales no renovables, así como los puertos marítimos y fluviales por donde se transporten dichos recursos o productos derivados de los mismos tendrán derecho de participación en las regalías y compensaciones.
Los recursos del Sistema General de Regalías se destinarán a financiar proyectos regionales de desarrollo económico, social y de infraestructura, inversiones en ciencia, tecnología e innovación, ahorro pensional territorial y para la generación de ahorro público.
El Fondo de Ahorro y Estabilización será administrado por el Banco de la República y estará constituido por una parte del valor total de los recursos provenientes de las regalías y compensaciones y tendrá como objetivo general absorber las fluctuaciones en el valor de las mismas, con el propósito de reducir la volatilidad en los ingresos de los beneficiarios.
El Fondo de Competitividad Regional, que será administrado por el Gobierno Nacional en los términos que defina la ley a que se refiere el artículo 360, estará conformado a su vez por el Fondo de Compensación Regional y el Fondo de Desarrollo Regional, los cuales se constituyen en un mecanismo de equidad entre las entidades territoriales del país y su finalidad es la financiación de proyectos regionales de desarrollo. La distribución de sus recursos se realizará con base en los criterios de pobreza, eficiencia, población y equidad regional.
El Fondo de Compensación Regional tendrá una duración de veinte años, a partir de la vigencia de la ley a que se refiere el artículo anterior. Se compone con un porcentaje del valor de los recursos del Fondo de Competitividad Regional y se destinará a las regiones más pobres del país, asignándole una alta prioridad a las zonas costaneras y fronterizas. A su vez, el Fondo de Desarrollo Regional, al cual tendrán acceso todas las regiones del país, tendrá duración indefinida y se financiará con el porcentaje restante de los recursos del Fondo de Competitividad Regional. La misma Ley definirá la gradualidad en la asignación de los porcentajes entre los dos Fondos, de tal manera que al final del vigésimo año la totalidad de los recursos se concentren en el Fondo de Desarrollo Regional.
El diez por ciento de los recursos del Sistema General de Regalías, descontados los valores destinados al Fondo de Ahorro y Estabilización y de ahorro pensional territorial, se destinará a proyectos de ciencia, tecnología e innovación y se ejecutará de conformidad con la ley a que se refiere el artículo anterior.
Primer debate
El 23 de septiembre pasado la Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate el proyecto de acto legislativo, el cual sólo obtuvo cuatro votos en contra. En esta célula legislativa incluyeron que un 10 por ciento de los recursos de las regalías fuera destinado al ahorro pensional territorial.
Además, que los municipios ribereños donde nace el Río Magdalena también tendrán derecho de participación en el Sistema General de Regalías e hicieron énfasis en el carácter regional que tienen los recursos de regalías y compensaciones.
En la discusión de la iniciativa, el senador Juan Carlos Vélez, de La U, expuso la necesidad de que la ley defina el término en el cual los recursos del Fondo de Competitividad Regional debían concentrarse únicamente en el Fondo de Desarrollo Regional.
Por otra parte, los senadores Juan Manuel Corzo, Eduardo Enríquez y Hernán Andrade, del Partido Conservador, destacaron la importancia de que se incluyan también como destinatarios de las regalías y compensaciones a los puertos terrestres, no sólo a los marítimos y fluviales.
Segundo debate
El 12 de octubre pasado la Plenaria del Senado aprobó en segundo debate el proyecto de acto legislativo, con 70 votos a favor y 13 en contra.
En esta oportunidad se creó un nuevo Fondo que se verá beneficiado de los recursos de las regalías, el Fondo de Participación de Entidades Productoras. Además se incluye un parágrafo transitorio que dice: El Gobierno Nacional contará con un término de tres meses contados a partir de la fecha de promulgación del presente acto legislativo, para radicar ante el Congreso de la República el proyecto de ley que ajuste el Régimen de Regalías al nuevo marco constitucional.
Una vez radicado el proyecto de ley a que se refiere el inciso anterior, el Congreso de la República contará con un término, que no podrá exceder de seis meses, para su aprobación. Si vencido este término no se ha expedido la ley, se faculta al Gobierno Nacional para expedir decretos extraordinarios que regulen la materia.
De otro lado, también se corrige el texto de la iniciativa para que sus alcances sean más extensivos.Por último, se incluye como beneficiarios de las regalías a los municipios costeros donde desemboca el Río Magdalena.
Tercer debate
Después de su discusión en la Comisión Primera de la Cámara, a la iniciativa le fue suprimido el Fondo de Participación de Entidades Productoras, por lo que quedó con los cuatro Fondos originales. Además, hace explícito que los municipios y distritos productores ejecutarán directamente los recursos provenientes de las regalías.
De otro lado, contempla que el Fondo de Desarrollo Regional “tendrá como finalidad la financiación de proyectos regionales acordados entre las entidades territoriales y el Gobierno Nacional”.De igual manera, amplía la duración del Fondo de Compensación Regional de 20 a 30 años. Por último, crea un órgano colegiado que definirá el futuro de los recursos de las regalías.
Sólo 7 de las 32 gobernaciones de igual número de departamentos cumplen con la Ley de Cuotas, la cual busca asegurar la participación de la mujer en todas las ramas del poder público. En el caso de las ciudades capitales el panorama es más desolador pues sólo 5 de las 32 existentes acatan esta normatividad.
Así lo reveló ayer el avance de un estudio en el que se hace un balance de los 10 años de la Ley de Cuotas, presentado por Diana Espinosa, coordinadora de la comisión para la inclusión y representación política de las mujeres de la Mesa de Género de la Cooperación Internacional.
Esta Ley establece que como mínimo un 30 por ciento de los cargos decisorios en el sector público debe ser ocupado por mujeres. Añade que “el incumplimiento de lo ordenado constituye causal de mala conducta, que será sancionada con suspensión hasta de treinta días en el ejercicio del cargo, y con la destitución del mismo en caso de persistir en la conducta”.
El estudio consiste en la revisión de los datos disponibles sobre el cumplimiento de la Ley 581 del 2000 para cargos de designación, con base en informes de los órganos del Estado que tienen mandato de realizar la vigilancia, así como hace un análisis de los perfiles de las mujeres que han ocupado cargos de poder a nivel nacional en este periodo, y de quienes ocupaban en el año 2009 cargos a nivel territorial con el propósito de identificar sus trayectorias profesionales.
En cuanto a cifras, Diana Espinosa explicó que no existen datos sobre el cumplimiento de la Ley en 2000, 2001 y 2002. Del 2003 al 2009 el estudio se evidencia que la mayoría de las regiones del país no cumplen con el 30 por ciento de participación política femenina designada en la ley de cuotas, a pesar de que según datos del Sistema Nacional del Información de Educación superior, desde el año 2002, son más las mujeres que los hombres que se gradúan de carreras universitarias.
Cumplen con la ley
Departamentos
Antioquia
Cundinamarca
Nariño
Putumayo
Risaralda
Tolima
Valle
Capitales
Bogotá
Neiva
Villavicencio
Armenia
Bucaramanga
La polémica se centró en los temas de allanamiento las 24 horas y la responsabilidad penal para menores de edad. La discusión se reanudará la próxima semana
EL PROYECTO de ley con el que el Gobierno quiere controlar los niveles de delincuencia que se han incrementado en el país no tuvo un fácil inicio en el Congreso.
Ayer, pese a que el ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas, pidió celeridad en el trámite del proyecto de ley, la comisión primera del Senado decidió crear una subcomisión para que analice los temas más polémicos de la iniciativa, después de horas de intenso debate, y entregue sus conclusiones el martes de la próxima semana. La polémica se centró en los temas de allanamiento las 24 horas y la responsabilidad penal para menores de edad.
El senador Roy Barreras, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), le explicó a los medios que “hay quienes defienden que los allanamientos sólo se pueden hacer en horas hábiles, como si el delito tuviera horas hábiles de atención al público y yo defiendo que el allanamiento pueda hacerse en cualquier momento de las 24 horas del día”.
Sobre “la responsabilidad penal de los sicarios jóvenes, de los que matan repetidamente, aprovechando las bandas criminales la protección que les da la inimputabilidad de los niños”, anotó que su “punto es que si hay un asesino reiterado que tiene 17 años, debe ir a la cárcel. Por supuesto, estamos discutiendo a qué tipo de centro de atención debe ir, pero yo me opongo a que vayan a un centro de rehabilitación de menores donde se fugan todos para seguir delinquiendo, y exijo que haya un centro carcelario donde paguen una pena real. Y que la pena mínima sea de 7 años y máximo de 15, como lo propuso la senadora Gilma Jiménez”, del Partido Verde, “pero que esa pena implique que no haya excarcelación ni rebajas”.
Este proyecto de origen gubernamental modifica algunos aspectos del Código Penal, del Código de Procedimiento Penal, del proceso de extinción de dominio y del Código de la Infancia y Adolescencia.
Debate
Uno de los ponentes de la iniciativa, el senador Juan Carlos Vélez, de La U, le explicó a este Diario que se llegó al consenso “en lo que tiene que ver con el porte ilegal de armas. Yo fui autor de un proyecto de ley que está incorporado ahí. Pero algunos aspectos no se habían incluido, como el de la detención domiciliaria, que pues prácticamente cuando no hay concurso con el concierto para delinquir, hoy día es beneficiaria la persona del subrogado penal, de la detención domiciliaria en el caso de ser condenada”.
Vélez advirtió que la comisión acogió la propuesta de eliminar beneficios penales para este mismo tipo de delito, como “el beneficio de excarcelación, porque el 90 por ciento de las personas capturadas por porte ilegal de armas quedan en libertad, según datos del director de la Policía, el general Oscar Naranjo”.
“En tercer lugar”, agregó, “también incluimos la sanción para los que tengan porte ilegal de explosivos, porque capturaban una persona con explosivos y no había sanción de algún tipo para ella”.
El senador Vélez manifestó que también se creó un tipo penal para el llamado fleteo, que “es una conducta que está haciendo carrera y amerita una sanción penal drástica, fuerte, asimilable al secuestro. Además, si la persona va al banco y más adelante lo abordan y lo atracan, entonces se vuelve en un hurto calificado, y yo creo que hay que darle una connotación más drástica”.
El ambicioso menú de reformas presentado por el Ejecutivo al Congreso ha contado con no pocos sobresaltos, aunque todavía su marcha se ajusta al cronograma.
CON UNOS proyectos más adelantados que otros en cuanto al número de debates que han podido surtir, avanza con buen ritmo la agenda que presentó el Gobierno en esta primera legislatura. La mayoría de las iniciativas por lo menos ya tienen un debate, lo que les asegura no hundirse por falta de trámite de aquí al 16 de junio de 2011.
Uno de los dolores de cabeza para el Ejecutivo, en cuanto a proyectos que se han quedado a la zaga, es el de Primer Empleo, que sigue también a la espera de ponencia para primer debate, aunque el mensaje de urgencia que dio el Gobierno la semana anterior imprimiría la celeridad que requiere en su trámite.
El gobierno Santos sorprendió al país al inaugurar al Congreso que se posesionó el pasado 20 de julio con una cascada de proyectos de todo tipo. Conocedores del tejemaneje parlamentario señalan que desde 1992 una Administración no mostraba la casi totalidad de sus cartas desde un primer momento, manifestada en una agenda legislativa tan voluminosa.
Analistas señalan que la administración Santos optó por este camino porque, en primer lugar, había iniciativas que no daban espera, pues su rápida aprobación era necesaria para el desarrollo de las políticas gubernamentales más gruesas, como empleo y la reforma a la ley de regalías. Sin embargo hay otros proyectos que bien habrían podido esperar en su presentación, como la eliminación de la Comisión Nacional de Televisión o el de reelección de alcaldes y gobernadores, pero el Gobierno decidió no aguantar hasta el otro año su radicación confiado en que el Acuerdo de Unidad Nacional le garantizaba en el papel un control del 80 por ciento del Parlamento para la aprobación de su paquete de iniciativas.
En la práctica esta apuesta gubernamental le ha funcionado y es factible que al finalizar el primer periodo de esta legislatura, el próximo 16 de diciembre varias iniciativas hayan cumplido su trámite legislativo, siendo aprobadas, como es el caso del proyecto para separar dos ministerios y eliminar el DAS.
Ruta de los proyectos
1. Separación de los Ministerios
Esta iniciativa busca separar los Ministerios de Interior y de Justicia; el de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y Protección Social de Salud. Además otorgar facultades extraordinarias al Presidente de la República para modificar la estructura de la administración central, que en este caso sería para eliminar el polémico DAS.
Este proyecto, que fue el primero que radicó el nuevo Gobierno el 17 de agosto pasado, pasó sin mayores problemas en la Comisión Primera de la Cámara y en la Plenaria de Cámara. Posteriormente fue aprobado por la Comisión Primera de Senado. Solamente la falta ser aprobada por la plenaria del Senado para finalizar su trámite legislativo y pasar a sanción presidencial.
Sin embargo, este proyecto tendrá que esperar hasta la otra semana pues en esta la plenaria del Senado sólo se reunió ayer para un debate de control político sobre los precios de los combustibles.
2. Primer Empleo
Esta iniciativa establece exenciones tributarias para la creación de empresas, así como a los empleadores de jóvenes menores de 25 años.
Supuestamente esta semana sería presentada por fin la ponencia para primer debate en la Comisión Tercera de Cámara, sin embargo paradójicamente el mensaje de urgencia que envió el Gobierno la semana pasada implicaría que el coordinador de ponentes de la Tercera de Cámara deba reunirse con uno designado por la Tercera de Senado, lo que demandaría por lo menos una semana más. Empero el acelerador a fondo aplicado por el Gobierno al proyecto por medio del mensaje de urgencia implicaría que sea aprobado antes de diciembre de este año.
3. Eliminación de Comisión de TV
Ya fue aprobado en Senado y por parte de la Comisión Primera de Cámara. Está a la espera de su debate en la plenaria de Cámara para terminar su primera vuelta, pues por tratarse de una reforma constitucional requiere de ocho debates.
4. Reforma a la salud
Proyecto de ley ordinario que cuenta con mensaje de urgencia del Gobierno. Las Comisiones Séptimas de Senado y Cámara trabajan en la ponencia para primer debate, la cual terminarían de elaborar esta semana. Igualmente el Gobierno radicó el viernes anterior el proyecto de Ley Estatutaria en Salud.
5. Reelección de alcaldes y gobernadores
El proyecto gubernamental está agendado para recibir su primer debate hoy en la Comisión Primera de Cámara. Sin embargo, la bancada de La U en esta célula legislativa ha anunciado que pedirá su retiro pues en Senado avanza una iniciativa en similar sentido, del parlamentario Juan Carlos Vélez.
Por ser una reforma constitucional, requiere de ocho debates para su aprobación.
6. Ley de Víctimas
Esta iniciativa busca reparar por parte del Estado a las víctimas de los grupos delincuenciales e incluso de agentes del Estado. Fue acumulado con el proyecto de Ley de Restitución de Tierras.
7. Estatuto Anticorrupción
La iniciativa busca enfrentar el fenómeno de la corrupción al interior del Estado, para lo cual establece medidas de orden penal y administrativo. Está pendiente para primer debate en la Comisión Primera de Senado.
8. Reforma política
Este proyecto reglamenta algunos aspectos de una reforma constitucional de 2009, en aspectos como el régimen sancionatorio de los partidos, siendo una de las iniciativas clave para el Gobierno pues pretende que sus efectos se sientan en las elecciones regionales de 2011.
Ya fue aprobado en primer debate en la Comisión Primera de Cámara y no pudo ser debatido la semana anterior por la plenaria de Cámara por falta de quórum.
9. Reforma a régimen de regalías
Proyecto orientado a redistribuir entre las diferentes entidades territoriales los recursos provenientes de las regalías, hoy en manos de las regiones productoras.
Ya fue aprobado en primer debaten en la Comisión Primera de Senado y posteriormente por la plenaria de Senado. Está pendiente de ponencia para tercer debate en la Comisión Primera de la Cámara.
10. Ordenamiento Territorial
Ya fue aprobado por la Comisión Primera de la Cámara en primer debate y está a la espera del segundo debate en la plenaria de esta Corporación.
11. Sociedades anónimas en el fútbol
Esta iniciativa pretende que los clubes que hoy funcionan como asociaciones y corporaciones sin ánimo de lucro, se conviertan en sociedades anónimas.
Ya fue aprobada en la Comisión Séptima de la Cámara y está pendiente para segundo debate en la plenaria de Cámara.
829 empleados han ganado allí polémicas tutelas que pueden valer $ 1,3 billones a la petrolera.
